El Gobierno ha digerido mal la derrota en Andalucía. Pedro Sánchez cree que sus votantes le están abandonando porque sus políticas no son suficientemente progresistas; o al menos, no lo perciben así. Su conclusión es que el Gobierno necesita dar un giro a la izquierda.

No hay una reflexión que lo justifique. Pero eso es lo que le piden sus socios para seguir apoyándole. Unidas Podemos, ERC e incluso Bildu creen tenerlo claro.

Pero, vayamos a los hechos. El pasado miércoles Félix Bolaños se trasladó a Barcelona para entrevistarse con la consellera de Presidencia de la Generalitat, Laura Villagrà, para intentar recuperar la mesa de diálogo. El viernes, el PSOE presentó en el Congreso una proposición de ley para la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que permitiría al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) nombrar a dos magistrados del Tribunal Constitucional y así revertir la mayoría a favor de los progresistas. Y el sábado, en Consejo de Ministros extraordinario, el Gobierno aprobó un nuevo paquete anti crisis que supone el empleo de 9.100 millones en medidas como un cheque de 200 euros para personas con escasos ingresos, la rebaja del abono transporte o la subida de las pensiones no contributivas en un 15%.

A la ofensiva. Las caras de funeral de la Ejecutiva Federal del PSOE del pasado lunes no eran sino el preámbulo de la recuperación de la iniciativa. Ya llegará el momento de cortas cabezas.

Esta semana tendrá lugar la cumbre de la OTAN en Madrid y Sánchez piensa rentabilizar el evento para recomponer su dañada imagen. Habrá reunión con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y encuentros y fotos con Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, y con los líderes de los países más poderosos del mundo occidental. Incluso puede que se produzca un reconocimiento público de los aliados atlánticos al cambio de política sobre el Sahara, que ha permitido el restablecimiento de las relaciones con Marruecos.

Sí, todos estos esfuerzos tal vez hagan que Sánchez consiga recomponer las relaciones con los grupos que le dan la mayoría parlamentaria que le ha sostenido hasta ahora. Pero a un coste muy alto.

En Génova nadie esperaba la “puñalada por la espalda” de la propuesta para reformar la reforma (recurrida ante el Constitucional) de la LOPJ. Félix Bolaños y Esteban González Pons habían quedado en reanudar esta misma semana las negociaciones para la renovación del CGPJ y así poder llevar a cabo la sustitución de un tercio de los magistrados del Tribunal Constitucional en tiempo y forma. Pero, ni Bolaños ni nadie del Gobierno o del PSOE informó al PP del lanzamiento de ese misil que parece haber hecho saltar por los aires la negociación.

El cambio legal para forzar una mayoría progresista en el Tribunal Constitucional tiene poco recorrido. Ni el CGPJ aceptará nombrar a dos magistrados del TC por la fuerza, ni el TC dará el plácet a dos miembros propuestos por el Gobierno si la renovación no se hace conforme a lo que establece la Constitución

Las posiciones, en realidad, no están tan alejadas. Pero a Sánchez en estos momentos lo único que le interesa es revertir la mayoría del Tribunal Constitucional a su favor. El Alto Tribunal tiene sobre la mesa asuntos pendientes de gran relevancia, como el recurso de inconstitucionalidad a la ley del aborto o el recurso de Vox a la reforma de la LOPJ, que impedía precisamente al CGPJ el nombramiento de jueces durante el tiempo en que el órgano de gobierno de los jueces esté en funciones. Por sólo mencionar dos de los temas más polémicos.

A las ganas del presidente por controlar la mayoría en el Constitucional se suman las prisas de Cándido Conde Pumpido por alcanzar la presidencia, su sueño dorado.

Pero el daño no se circunscribe sólo a la ruptura de puentes con el principal partido de la oposición, sino que afecta al prestigio de las instituciones. Lo que pretende el Gobierno es, en resumen, hacerse un traje a medida con el Constitucional. El mundo de la Justicia, excepción hecha de un grupo de sectarios, ve con espanto el deterioro de los más altos tribunales, como el Constitucional o el Supremo, que han sido en ocasiones dramáticas, como el intento de proclamar una república independiente en Cataluña, el baluarte del Estado de Derecho en España.

El puñetazo en la mesa que ha dado el Gobierno tiene, por otra parte, poco recorrido. Por mucho que se permita al CGPJ nombrar a dos magistrados del Constitucional, nada ni nadie puede obligar a ese órgano a hacerlo. La mayoría de sus miembros, y no sólo los conservadores, está en contra de hacer una renovación por la fuerza. Si, a pesar de ello, el Gobierno se empeña en nombrar a los dos magistrados que le corresponden en el TC, tampoco serviría de nada. Puede nombrarlos, pero sus candidatos no podrán tomar posesión de sus cargos porque la mayoría del TC se opone al asalto y no les dará el plácet.

Sánchez quiere dar una imagen de fortaleza, cuando, en realidad, lo que está demostrando es nerviosismo y debilidad.

El presidente, en efecto, podría recomponer su mayoría en el Congreso, agradando a UP, ERC y Bildu, y así lograr un respiro momentáneo tras el varapalo de Andalucía. Pero los ciudadanos sensatos que han comenzado a abandonar al PSOE, esos ya no volverán.