El Gobierno aborda la fase de aprobación de los Presupuestos de 2023 en una posición muy confortable. Sus socios de legislatura no han presentado enmiendas a la totalidad y, aunque eso no garantiza al cien por cien que los apoyarán, eso le proporciona a Pedro Sánchez una inesperada tranquilidad. Aunque parezca un contrasentido, las cuentas que se barruntaban más espinosas, hasta el punto de que en un momento se barajó la prórroga de los presupuestos actuales, éstos, justo los últimos antes de las próximas elecciones generales, van a ser aprobados, si no hay sorpresas de última hora, casi como si el Gobierno tuviera la mayoría absoluta.

Hay una primera explicación para este escenario: estamos ante unos presupuestos muy expansivos en puertas de un frenazo al crecimiento económico. Ayer, en la primera sesión del debate presupuestario, la ministra de Hacienda y número dos del PSOE, María Jesús Montero, hizo hincapié en ese aspecto para apuntalar que estas cuentas tienen un marcado tinte ideológico, de izquierdas: «Estos presupuestos son un antídoto contra la desigualdad».

Sin embargo, la expansión del gasto no explica por sí sola el respetuoso silencio de ERC ante la posibilidad de cobrarse un alto precio por su apoyo. No se entiende que un partido que logró hace tan sólo unos meses la destitución de la directora del CNI, Paz Esteban, a cuenta del espionaje -legal- a líderes independentistas, permanezca ahora tan manso ante la aprobación de los presupuestos. ¿Dónde ha quedado la demanda de «desjudialización» que el president Aragonés ha esgrimido como bandera irrenunciable ante Madrid hasta ahora? Aquí hay algo raro.

Todo hace pensar que ERC ya ha logrado que el Gobierno acepte rebajar las penas por el delito de sedición, que permitiría la vuelta de los huidos y reduciría el plazo de la inhabilitación, algo que desea Junqueras

La semana pasada alguien del Gobierno echó a rodar la bola de la modificación del Código Penal para rebajar las penas del delito de sedición, por el que fueron condenados (junto con el de malversación) los líderes del procés. Más que un globo sonda se trata de una operación de asimilación para que la opinión pública vaya haciéndose a la idea, que no le pille de sorpresa.

Cuando a los líderes de ERC se les pregunta por ello es como si oyeran llover. Hasta el combativo Gabriel Rufián ha dicho en una entrevista que lo que le preocupa a la gente es cómo llegar a final de mes, en lo que, por otra parte, tiene razón. Por su parte, Moncloa insiste en la idea de que ambas cosas (presupuestos y sedición) van por caminos diferentes, no tiene nada que ver una cosa con otra. El hombre para todo de Sánchez, el ministro de Presidencia Félix Bolaños, insiste a los periodistas que no paran de preguntarle por la cuestión: «Ahora no está sobre la mesa».

Sin embargo, todo hace pensar que ERC tiene ya el peix al cove. Por eso sus líderes están tan tranquilos.

La cuestión ahora es cuando se va a anunciar un acuerdo que no sólo rebajará las penas de los condenados y permitirá la vuelta de exiliados como Marta Rovira (ex secretaria general de ERC), sino que, como consecuencia, reducirá las condenas de inhabilitación y permitirá que, por ejemplo, Oriol Junqueras pueda concurrir en unas próximas elecciones. Esto es quizá lo más importante de todo.

La cesión por parte del Gobierno tiene además una dimensión política a medio plazo: abriría nuevas posibilidades para dar estabilidad al gobierno de ERC, ahora en solitario, en Cataluña. A partir de la modificación del Código Penal (punto clave, aunque no único, de la llamada «desjudicalización»), Aragonés estaría en disposición de buscar el apoyo del PSC, que, con los comunes, darían una estabilidad que no ha existido mientras que la Generalitat ha estado gobernada sólo por independentistas. Cuando se produjo la ruptura y la salida de Junts del Govern, Aragonés ya tenía ese plan en la cabeza, pero, para poder vender el giro hacia el PSC ante sus huestes necesitaba ese triunfo que, en la práctica, supone una victoria de los condenados.

El Gobierno, por su parte, no puede retrasar mucho la noticia, porque cuanto más cerca de las elecciones municipales y autonómicas, peor. Sánchez sabe que este asunto hace daño al PSOE fuera de Cataluña. Así que se trataría de buscar una fecha entre la aprobación de los presupuestos y el final de año para llevar al Congreso una aprobación de la reforma del Código Penal por el trámite de urgencia.

Navidades por medio, el ruido se irá amainando a medida que pasen las semanas. En el PSOE dicen que eso ya pasó con los indultos, de los que ahora no se acuerda casi nadie. Pero hay cosas que dejan huella. Por muy bien diseñada que esté la operación, en la memoria de muchos ciudadanos quedará que el levantamiento contra legalidad que se produjo en 2017 en Cataluña les va a salir prácticamente gratis a sus protagonistas.