Una de cada tres mujeres ha sido víctima de violencia de género en la Unión Europea; una de cada diez, de violencia sexual; una de cada veinte ha sido violada. 

Esto quiere decir que, en cada una de nuestras actividades -desde pasear por el centro de una ciudad hasta comprar en un supermercado o tomar un café- tenemos siempre cerca a víctimas o a potenciales víctimas de violencia de género. Y aunque los datos de la UE muestran esta horrible realidad, el negacionismo no hace más que aumentar en toda Europa. Así que no es sorprendente que estar cerca de una víctima suponga también estar cerca de alguien que niega esa realidad. 

Hay una corriente contra los derechos de las mujeres que avanza a la vez que avanzan los populismos y las ideologías totalitarias y antiliberales en la UE y en todo el mundo. Hemos repetido muchas veces -sobre todo en los últimos meses, con la perversa guerra en Ucrania– que el cuerpo de las mujeres se convierte en un campo de batalla en todas las guerras. Y Ucrania no es una excepción. El pasado mes de junio, el Equipo de Vigilancia de los Derechos Humanos del Alto Comisionado de Naciones Unidas ya denunciaba al menos 124 casos de agresiones sexuales a mujeres y niñas en este contexto. Y esto no sucede solo en las guerras: en la propia UE hay gobiernos que están utilizando el cuerpo de las mujeres como un territorio de combate para avanzar con su ideología totalitaria. 

Una muestra clara es la criminal legislación de Polonia que prohíbe de facto el aborto. Criminal, sí, porque esta legislación está poniendo en peligro miles de vidas y llevando a la muerte a muchas polacas. Izabela Sjabor, de 30 años, murió de un shock séptico al ser obligada a llevar su embarazo a término incluso una vez certificada la muerte del feto. La vida del feto y la situación legal de los médicos primaron sobre su propia vida, como si Izabela fuese un objeto, una mera incubadora. Y no hay castigo para los gobiernos europeos que vulneran los derechos de la mitad de la población. Aunque en un primer momento la Comisión Europea inmovilizó los fondos de recuperación de Polonia, finalmente en junio se desbloquearon 35.400 millones de euros.

Mientras la extrema derecha cabalga a través del movimiento antigénero en Europa, la UE no consigue estar a la altura en la defensa de los derechos y libertades fundamentales de las mujeres. La ratificación por parte de la UE del Convenio de Estambul continúa bloqueada en el Consejo y sigue habiendo seis Estados miembros – Bulgaria, República Checa, Hungría, Letonia, Lituania y Eslovaquia – que aún no lo han ratificado. La Comisión no ha cumplido tampoco el compromiso de la presidenta Von der Leyen de presentar una propuesta para que la violencia de género sea considerada un eurocrimen en el artículo 83 de los Tratados. ¿Queda todavía alguna duda de su dimensión transfronteriza, condición fundamental para que un crimen se considere a nivel europeo? No debería. Para el asesino de Teresa Rodríguez, vallisoletana de 23 años, no las hubo. Éste viajó hasta Bruselas, donde ella trabajaba, solo para asesinarla. Queda claro que la violencia de género no conoce fronteras.

La propuesta de la primera directiva europea de lucha contra la violencia sobre las mujeres es un gran paso adelante: puede proporcionarnos criterios mínimos de protección para las víctimas y un marco común contra la impunidad ante los asesinatos. Pero, al mismo tiempo, es también muestra de nuestro gran estancamiento en esta materia. La falta de consideración de la violencia de género como eurocrimen ha provocado que la base legal de la directiva sea muy débil, permitiendo cubrir únicamente seis delitos. Entre ellos, las agresiones sexuales, en particular la violación, en el que introducen el factor fundamental del consentimiento, como en la ley española del «sí es sí» . Actualmente hay 18 Estados miembros que exigen el uso de la fuerza o las amenazas para que una violación sea penalizada. 

El sectarismo con el que actúa el Ministerio de Igualdad, buscando la exclusión y el enfrentamiento, ha dejado una peligrosísima brecha en la aplicación transitoria de la reforma

Por eso es tan triste lo que sucede en España. El sectarismo con el que actúa el Ministerio de Igualdad, buscando la exclusión y el enfrentamiento, ha dejado una peligrosísima brecha en la aplicación transitoria de la reforma, que se habría evitado atendiendo simplemente a los informes del Consejo General del Poder Judicial, a las asociaciones de mujeres juristas como THEMIS y a las enmiendas que presentaron distintos grupos parlamentarios. Este grave error de la ley está siendo utilizado ferozmente por aquellos que nunca quisieron la reforma. Es vomitivo escuchar tanto los argumentos de la ultraderecha para obtener réditos políticos como los de la ministra de Igualdad llamando machistas a todos los jueces sin reconocer el grave error del Gobierno. Ninguna reforma puede tener efectos perjudiciales para las víctimas; si los tiene, primero hay que pedir disculpas y después encontrar inmediatamente la mejor solución legal para su remedio. Es despreciable buscar provecho político en el drama de la violencia de género que sufren las mujeres y niñas. 

No nos merecemos esto. No se lo merecen las víctimas ni las mujeres que durante años han trabajado unidas, superando sus diferencias, conscientes de que para avanzar en la igualdad debíamos ser más y estar unidas. La lucha por la igualdad no empezó con este Ministerio, como Irene Montero quiere hacernos creer. Empezó mucho antes, con el esfuerzo de numerosas y diferentes mujeres capaces de permanecer unidas y conseguir pactos a nivel de Estado para que nuestros cuerpos jamás sean un campo de batalla para la política. 

Nos estamos jugando mucho. No es posible que la frivolidad y los populismos se carguen esa lucha. Hay que recuperar la cordura para colocar a las víctimas en el centro de las políticas de igualdad. Para que, en su nombre, rescatemos la unidad y la complicidad en la batalla contra esta lacra terrible de nuestras democracias.   


Soraya Rodríguez es eurodiputada del Parlamento Europeo en la delegación de Ciudadanos