El viernes de madrugada Pedro Sánchez se sentía eufórico. En una jornada maratoniana había sacado adelante los presupuestos para 2023, el impuesto a los ricos, a las eléctricas y a los bancos, y la abolición de la sedición. El resultado de las votaciones registró la misma mayoría para el Gobierno: 187 votos a favor, 156 en contra. El presidente exclamó: «Han apoyado las cuentas 10 partidos que representan a 12 millones de españoles».

Objetivo cumplido. La semana horribilis en la que estallaron a la vez los escándalos de la sedición y las excarcelaciones por la aplicación de la «ley del sí es sí», y afloró con toda su crudeza la guerra entre Pablo Iglesias y Yolanda Díaz, daba paso a la semana fantástica en la que Sánchez lograba, una vez más, aglutinar a casi todos los partidos excepto PP, Vox y Ciudadanos. Y, como guinda, el exabrupto de la diputada Toscano, que no por ser una más en la lista de los que sitúan el valor de la mujer en función de la posición de su pareja (Iglesias y otros también hicieron lo mismo) resulta menos machista, que convirtió de repente a Irene Montero en víctima. ¿Se puede pedir más?

El contrapunto amargo a esta semana en la que Sánchez ha recompuesto su figura y, además, ha sido nombrado líder de la Internacional Socialista, las palabras del líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi: «Se da la paradoja de que no hay Gobierno de progreso en el Estado español si los que nos queremos marchar, y además somos de izquierdas, no lo sostenemos».

Sería un error considerar que este no es más que otro episodio de la política española en la que un partido tiene que taparse la nariz y los ojos para no ver lo que hay detrás de esos «diez partidos y doce millones de votos» de los que presumía el presidente del Gobierno.

La denominación «gobierno Frankenstein» inventada por Alfredo Pérez Rubalcaba para definir a la amalgama de siglas que daban su apoyo a Sánchez, tenía un componente coyuntural. El líder del PSOE que forzó una repetición electoral en 2019 porque creía que podía lograr una mayoría suficiente para gobernar en solitario -aconsejado por Iván Redondo– se vio forzado a meterse en la cama con el líder de Podemos, con quien había dicho que no podría conciliar el sueño si tuviera que meterlo en el Gobierno.

La situación ya no es la misma. Sánchez se ha dado cuenta de que el PSOE, el PSOE que él ha contribuido a moldear, no tiene opciones para lograr esa mayoría que le permitiría prescindir de izquierdistas e independentistas. Así que, con el pragmatismo que le caracteriza, ha decidido ejercer no ya como líder del Partido Socialista, sino como jefe del frente popular que él se ha encargado de cohesionar desde hace casi tres años. En definitiva, los votos de ERC, EH Bildu, PNV, etc. son mucho más sólidos que los del propio PSOE, cuyas siglas están sometidas a la volubilidad del votante socialdemócrata. Sumar 187 escaños o 12 millones de votos, eso es lo que realmente importa.

Por eso no tiene inconveniente en ceder a la supresión del delito de sedición ante ERC; o retirar a la Guardia Civil de Tráfico de Navarra para contentar a EH Bildu; o la gestión de Prisiones al Gobierno vasco, como hizo ya en 2021 para solazar al PNV. Así consolida lo que el llama «bloque progresista» e Iglesias, más realista, califica como «bloque de poder».

El presidente del Gobierno ya no aspira a que el PSOE pueda gobernar en solitario, para aplicar su agenda socialdemócrata, sino a liderar un «bloque progresista» compuesto por izquierdistas e independentistas

La envoltura teórica de estos pactos contra natura consiste en sostener la tesis de que vivimos una segunda transición. Mientras que la primera estuvo condicionada por el franquismo, esta se produce en un contexto completamente distinto en el que el «bloque progresista» da un nuevo salto en la mejora de la calidad democrática, operación que consiste básicamente en aislar a la derecha. El PP queda fuera por imposición de los socios de Sánchez, que, por cierto, todos coinciden en querer dinamitar la Constitución del 78. El PP es un partido apestado, no sólo porque cuestiona esa nueva transición, sino porque es un partido condenado a arrimarse a Vox, al que Podemos, ERC o EH Bildu ilegalizarían si pudieran.

En eso consiste el cambio de fondo que se ha producido en la política española durante los gobiernos Pedro Sánchez y, especialmente, tras el acuerdo de coalición con UP.

Pero el aparentemente sólido «bloque progresista» tiene también su falla estructural: la inestabilidad de Unidas Podemos. Recordemos que la coalición liderada por Iglesias logró el 10-N de 2019 nada menos que 35 escaños. Un batacazo electoral como el sufrido en Andalucía por la extrema izquierda pondría en peligro esa mayoría a la que aspira Sánchez. Por eso, desde hace unas semanas, su afán, su verdadera preocupación, es que Yolanda y Pablo firmen la paz y acuerden una candidatura conjunta para las elecciones generales de 2023. Por el momento, ha logrado que baje la tensión, que se amortigüe el ruido, pero la guerra de egos sigue abierta y amenaza con hacer saltar por los aires el ecosistema que podría volverle a dar el Gobierno a Sánchez.

El PSOE, y de eso deberían ser conscientes sus dirigentes, ya no aspira a gobernar España con su genuina agenda socialdemócrata, sino a liderar una gran coalición de izquierdas e independentistas capaz de sumar más que la derecha. Sería, en la concepción peliculera de Iglesias, la «nave nodriza» de un frente amplio formado por diversos y dispares partidos que sólo tienen en común dos cosas: su rechazo al pacto constitucional del 78 y su odio visceral al PP.

¿Alguien cree que ese proyecto político puede ser bueno para la convivencia, o para mejorar este país como lo hizo la conciliación tras la muerte de Franco?