El Parlamento Europeo se enfrenta desde hace una semana al mayor escándalo de corrupción conocido. La implicación de varios actuales y antiguos eurodiputados en una supuesta trama criminal ya conocida como el Qatargate ha suscitado la sospecha sobre la credibilidad de toda una institución. Por el momento, Eva Kaili, una de las 14 vicepresidentas del Parlamento Europeo, permanece a la espera de juicio. Se sabe que Qatar podría haber sobornado a distintas figuras relacionadas con la Eurocámara para mejorar su imagen y lograr ventajas políticas y económicas. Se estudia ahora la implicación de otras figuras y otros países, entre ellos, Marruecos, en posibles sobornos adicionales.

Frente a este panorama, la respuesta del Parlamento y de los grupos políticos ha sido clara y contundente: la Eurocámara aprobó en el último pleno por abrumadora mayoría la destitución de la socialista griega Eva Kaili de la vicepresidencia tras haberla suspendido de sus funciones en el momento en el que se conoció la detención. Ahora la Cámara tramitará el posible levantamiento de la inmunidad de varios diputados.

El escándalo que destapa esta situación, así como la implicación particular del régimen qatarí, pone de manifiesto dos elementos fundamentales. 

Es evidente que Qatar, por muchas reformas que intente vender a la comunidad internacional, es una autocracia construida sobre el trabajo forzoso de trabajadores migrantes»

En primer lugar, el empeño de las autoridades en acallar las críticas por violaciones de los derechos humanos en el país indica que lo que decían los principales organismos internacionales es cierto. No hay diplomacia deportiva ni soborno que pueda silenciar las voces que, pese a la criminalización, siguen luchando por los derechos de las mujeres y las personas LGTBIQ en Qatar. No hay manera de acallar a las familias de los más de 6.500 trabajadores que, según investigaciones independientes, habrían muerto durante la construcción de las infraestructuras relacionadas con el Mundial. Es evidente que Qatar, por muchas reformas que intente vender a la comunidad internacional, es una autocracia construida sobre el trabajo forzoso de trabajadores migrantes en la que el sistema kafala sigue sometiéndoles a una dependencia excesiva de sus empleadores, dejando la puerta abierta a la explotación, tal y como señalaba la resolución aprobada en el pasado pleno del Parlamento Europeo. 

En segundo lugar, el escándalo pone de relieve la necesidad de reforzar los mecanismos de transparencia de la UE, y en concreto del Parlamento. Desde el nacimiento de la institución se han ido mejorando progresivamente ciertos elementos de transparencia. Pero lo ocurrido ahora demuestra que no han sido suficientes. Cuando hablábamos de los lobbies -grupos de presión o intereses-, de su influencia en las decisiones y de la necesidad de regular su actividad siempre pensábamos en empresas, sociedades o fundaciones de distinto tipo. El Qatargate nos ha abierto otra dimensión. 

En estos días, se discute sobre las fronteras de la corrupción. Ejercer influencia en los procesos de decisión es una actividad legítima per se, pero cuando se ofrecen ventajas concretas a cambio de decisiones favorables, cuando hay una relación directa entre el favor que se pide y el beneficio que se ofrece, entonces se pasa la frontera de la corrupción. 

Es urgente, por tanto, tomar medidas: contra los corruptos, las estructuras que posibilitan su corrupción y también contra los corruptores. 

El Parlamento ha acordado esta semana la puesta en marcha de una serie de acciones dirigidas a este fin. Hemos insistido en la creación de un órgano encargado de las cuestiones de ética, ya solicitado por la institución hace más de un año. Exigimos la obligatoriedad de los Registros de Transparencia, incluyendo también a antiguos eurodiputados, y hemos reclamado una comisión especial encargada de detectar posibles fallos en el marco de las normas sobre transparencia, integridad y corrupción, recomendando asimismo la declaración de patrimonio por parte de los diputados al principio y al final de cada mandato como forma de ofrecer garantías adicionales. Adicionalmente, hemos propuesto también introducir un período de incompatibilidad para los antiguos diputados a fin de evitar las llamadas puertas giratorias

Todas estas reformas son hoy más urgentes que nunca y en ellas nos jugamos nuestra credibilidad como institución. 

También necesitamos actuar contra los corruptores. Como medida principal, hemos suspendido todos los trabajos en los expedientes legislativos relativos a Qatar, en particular en lo que se refiere a la liberalización de visados y al acuerdo de aviación, así como las visitas previstas hasta que las acusaciones hayan sido confirmadas o desestimadas.

Si algo muestra el Qatargate es que nuestras posiciones son relevantes, que importan y que tienen impacto en la comunidad internacional»

Pero es necesaria una reflexión más profunda. El Qatargate es injerencia extranjera. Regímenes autoritarios corrompen a parlamentarios y ayudan a la configuración de posibles redes criminales para que defiendan que lo que es, en realidad no es lo que parece.  Una vez más, ponemos en entredicho el lenguaje de los derechos humanos. Se propone un nuevo relato edulcorado a cambio de bolsas de plástico llenas de dinero. Esto nos exige una doble responsabilidad con el trabajo que la gran mayoría de diputados hacemos de forma honesta, también en el subcomité de Derechos Humanos de este Parlamento. Si algo muestra el Qatargate es que nuestras posiciones son relevantes, que importan y que tienen un impacto en la comunidad internacional. Este escándalo debe servir también para reforzar nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos. 

Mientras tanto, a la ultraderecha no le ha faltado tiempo para arremeter contra la UE en estos momentos convulsos. Viktor Orban, primer ministro de Hungría, trataba de vender el pasado lunes una imagen corrupta de las instituciones europeas en sus redes sociales, mientras diversos eurodiputados de la extrema derecha hacían lo propio durante el debate acontecido en Estrasburgo, entre ellos representantes del partido gobernante en Polonia.

No es de extrañar que esta narrativa la hayan adoptado los gobiernos que reniegan de las políticas europeas que protegen a las minorías y a los colectivos vulnerables, y que apuestan por sociedades democráticas y justas. 

Los sobornos han sido la constatación de lo que ocurre cuando cedemos espacio a dictaduras y autocracias y dejamos que blanqueen sus violaciones de derechos humanos. Acaban metiendo el hocico en nuestras instituciones para debilitarlas y ganar influencia. La UE tiene dos deudas que saldar con los valores de justicia y democracia que sostienen sus cimientos: asegurar que ninguno de los corruptos queda impune, lo cual va por buen camino, y no dejar que los sobornos se conviertan en una cortina de humo que nos haga olvidarnos de las atrocidades que se cometen en Qatar y en otros regímenes autoritarios. 

Sabemos que esto solo acaba de empezar. Nos queda un largo camino de investigaciones y, auguro, también de grandes decepciones. Sin embargo, los que creemos en el proyecto europeo seguiremos haciendo frente a aquellos que únicamente buscan debilitar nuestras instituciones, que nutren sus puestos de poder a base de oprimir a sus ciudadanos, y que contravienen sistemáticamente el derecho internacional y humanitario. La Unión Europea jamás usará los derechos humanos como moneda de cambio. 


Soraya Rodríguez es eurodiputada del Parlamento Europeo en la delegación de Ciudadanos