La izquierda, por un lado, y Vox, por otro, han visto en el aborto un flanco débil por el que atacar a Núñez Feijóo y debilitar su liderazgo.

Sectores de la Iglesia y organizaciones como el Opus Dei han intentado desde hace décadas -y a veces logrado- convertir al PP en un partido confesional. De hecho, el recurso a la ley del aborto de 2010, tumbado por el Tribunal Constitucional recientemente, fue promovido por esos sectores y fue firmado por los diputados más conservadores del PP.

A poco más de tres meses de las elecciones municipales y autonómicas, tanto Vox como el PSOE azuzan el debate sobre el aborto para quitarle al PP apoyo entre el electorado católico militante y también por el lado de los votantes más liberales y centristas. Entres esas dos fuerzas, Feijóo tiene que definir una postura que nunca ha sido fácil.

El partido de Santiago Abascal presentó el martes en el Congreso una proposición no de ley para derogar la ley del aborto de 2010, algo que no tiene ni futuro, por falta de apoyos; ni sentido, ya que el jueves se aprueba definitivamente en la Cámara la nueva ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, que sustituye a la ley aprobada en 2010. Por ello, se trata de una propuesta propagandística, destinada a dividir al Grupo Popular y, sobre todo, a generar dudas en su electorado.

A ello, hay que sumarle la posición de algunos ex líderes populares, como Jaime Mayor Oreja, que siempre estuvo en contra del aborto, o la de los sectores más recalcitrantes de la Iglesia, como la que defiende el obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, que ha criticado la aceptación de Feijóo de la ley de plazos, esencia tanto de la norma aprobada bajo el mandato de Rodríguez Zapatero, como de la que se aprueba este jueves.

El PSOE por su parte quiere arrinconar a Feijóo con una pregunta que definiría, según su respuesta, la posición del PP respecto a los derechos de la mujer. La pregunta es muy sencilla, pero la contestación no puede serlo, porque encierra un debate más profundo y más complejo.

Vox y el PSOE quieren poner en apuros a Feijóo con la ley del aborto. El líder popular debe seguir defendiendo la ley de plazos y rechazar las presiones de los que quieren convertir al PP en partido confesional

Pongamos un ejemplo. Cuando se debatió la ponencia de Enrique Arnaldo sobre el recurso del PP a la ley del aborto de 2010, en el seno de Tribunal Constitucional se dibujaron diversas posturas. Desde la oposición clara y rotunda de Concepción Espejel a dicha ley, porque la magistrada rechaza la esencia de dicha norma. Hasta la que defendió el ponente, que defendía la ley de plazos -el nasciturus no es persona y, por tanto, no ha adquirido aún los derechos que se le reconocen a todo ser humano-, pasando por los magistrados que sostienen el llamado "derecho de autodeterminación" de la mujer, que primarían sobre cualquier otro y que, en la práctica, supone poner en cuestión la propia ley de plazos. Esa es la tesis que defienden María Luisa Balaguer, Ramón Sáez e Inmaculada Montalbán, que ha sido designada como ponente ante el recurso del PP a la ley de 2010, una vez que el texto de Arnaldo fue rechazado por la mayoría llamada progresista. Es dudoso que el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, comparta al cien por cien las tesis de la "autodeterminación", y tendrá que hacer un esfuerzo para que la resolución que apruebe el TC no cuestione la esencia de la ley de plazos.

Si el derecho al aborto fuera un derecho absoluto, sin limitaciones, no tendría sentido imponer un plazo a su ejecución. Pero se entiende que hay un momento -la ley determina 14 semanas, aunque se puede abortar hasta las 22 semanas de gestación cuando exista riesgo para la madre o de graves anomalías en el feto- en el que ese derecho deja de operar. ¿Por qué esa barrera de 22 semanas? Según expresa la misma ley, porque "el umbral de la viabilidad fetal se sitúa, en consenso general avalado por la comunidad científica y basado en estudios de las unidades de neonatología, en torno a la vigésimo segunda semana de gestación". Es decir, según establece la STC 53/85, porque es a partir de ese momento cuando "el nasciturus es ya susceptible de vida independiente de la madre".

Por tanto, el aborto es legal en todos esos supuestos y se corresponde con un derecho, pero ese derecho tiene un límite muy claro: cuando entra en conflicto con la vida de la persona antes de nacer.

Por todas esas razones, la respuesta a la pregunta '¿es el aborto un derecho?' no puede ser tan sencilla como un 'sí' o un 'no'. Feijóo ha hecho bien esta vez en recurrir al galleguismo para dar su respuesta: "No es un derecho fundamental".

No es cuestión de escurrir el bulto, sino de no caer en la trampa. El aborto es un tema en el que entran todo tipo de consideraciones, incluidas religiosas, éticas y morales, y la simplificación siempre es susceptible de manipulación.

Si Feijóo quiere seguir ensanchando el electorado del PP debe insistir en su perfil laico. Sostener la validez de la ley de plazos es lo correcto.

Otra cuestión es que se esté o no de acuerdo con que la nueva ley permita abortar a la jóvenes de entre 16 y 17 años sin permiso de padres o tutores. Pero ese aspecto de la ley se puede modificar, como ya hizo Rajoy, sin cambiar la esencia de la norma.

Ahora, lo importante es no cometer errores.