Ayer, 1 de julio, Pedro Sánchez viajó a Kiev. Inauguró así el semestre en el que España asume la presidencia del Consejo de la Unión Europea, y lo hizo con un mensaje de unidad de los 27 sobre esta guerra salvaje de Putin contra Ucrania que está a punto de cumplir 500 días. 

Las presidencias de turno de la UE son una oportunidad para coordinar la agenda comunitaria, establecer las prioridades e influir en los ejecutivos de los países europeos para que haya avances en la resolución de los problemas más importantes. 

Un hipotético cambio de gobierno no debería alterar las prioridades del semestre, trabajadas con rigor por los funcionarios del servicio exterior español

El turno español llega en plena competición electoral. Aparte del tiempo perdido –no hay discurso del presidente del Gobierno español en Bruselas y el trabajo real no va a empezar hasta mediados de septiembre–, no es la primera vez ni será la última entre los 27 que la presidencia semestral coincide con elecciones nacionales.

Un hipotético cambio de gobierno en septiembre en España como resultado de las elecciones del 23 de julio haría que esta presidencia fuera compartida por Sánchez y Feijóo. Eso no debería alterar las prioridades del semestre, trabajadas con rigor por un excelente equipo de funcionarios del servicio exterior español. El consenso general sobre Europa entre PSOE y PP se ha mantenido en lo fundamental desde la entrada en la UE.

La normal alternancia entre dos partidos de gobierno europeístas no tiene por qué implicar cambios de calado en la política ni en el papel de España en las instituciones europeas. Lo normal en este contexto hubiera sido ver a ambos líderes declarando una tregua en la contienda electoral y compartiendo agenda de presidencia, sobre todo en aquellas prioridades europeas en las que el papel de España es esencial, como el establecimiento de lazos más sólidos con America Latina, que la UE necesita con urgencia. Y con el compromiso de ambos partidos de no utilizar la presidencia como plataforma electoral, algo que no da ningún rédito electoral y sólo perjudica la reputación del país. 

¿España en el bloque antieuropeísta?

Sin embargo, después de ver como se han desarrollado los pactos del PP con Vox para constituir gobiernos locales y autonómicos en España, en los que la derecha democrática española ha abierto con rapidez y total normalidad las instituciones y los gobiernos al partido de Abascal, la incertidumbre sobre el resultado del 23-J en Europa tiene una dimensión diferente: de una alternancia normal entre dos partidos democráticos y europeístas a si España puede ser el próximo país de la UE que dé entrada en su gobierno a la extrema derecha.

Si esto fuera así, pasaría a sumarse al grupo de países que, como Suecia y Finlandia, tienen gobiernos con partidos ultras como socios minoritarios y que pueden conformar –con aquellos gobiernos en los que los ultras son el partido mayoritario, como Italia, Hungría y Polonia– un bloque antieuropeísta,  negacionista climático y de género y anti inmigración. 

Estamos ante un nuevo factor que no implica solo un cambio de prioridades en una agenda semestral. La extensión regional de pactos PP-Vox, que hace creíble la entrada de la extrema derecha en el Gobierno de un país del peso político que tiene España en la UE, alteraría de forma sustancial el equilibrio de fuerzas en Europa, con la expectativa de su posible efecto en las elecciones europeas de junio de 2024. 

Lo ocurrido en los países mencionados indica que no podemos minimizar ni considerar anecdótico lo que esta haciendo Vox allí donde ya gobierna: retirar una bandera LGTBI, anunciar la modificación de la enseñanza sobre derechos y libertades, prohibir una obra de teatro de Virginia Woof, negar la violencia de genero o llamar ideología criminal a la lucha contra el cambio climático. Este es el mismo discurso que da paso a leyes concretas que atentan contra derechos de los ciudadanos y achican el espacio de libertades. Esto no va de símbolos. Esto va en serio. La ultraderecha en Europa va en serio. 

En Polonia, donde las mujeres son condenadas a abortos inseguros y clandestinos poniendo en peligro su vida, la UE tiene que recurrir al Tribunal Europeo de Justicia porque se prohíbe hablar de género en las escuelas. Hungria ha establecido “zonas libres de ideologia LGTBI”, incrementándose la violencia en las calles contra este colectivo. En Italia, la  agenda reaccionaria de Meloni ha comenzado con la ley que retira los apellidos a los hijos que tengan dos madres. Todas estas normas reaccionarias comenzaron con los mismos discursos que hoy escuchamos a Vox en España.

El negacionismo climático de estos gobiernos es uno de los principales obstáculos en el Consejo Europeo para avanzar en la leyes de protección ambiental, como la primera Ley de Restauración de la Naturaleza, y en todas aquellas que en virtud del Pacto Verde Europeo hemos aprobado en la Eurocámara para convertir a Europa en el primer continente en emisiones neutras de CO2 del mundo en 2050. Este negacionismo –obstaculizando desde la estrategia del coche eléctrico a la del hidrógeno verde y la de reducción de la contaminación del aire en las ciudades– articula una coalición contra la sostenibilidad ambiental que atenta contra el desarrollo sostenible y la competitividad económica, además de contra nuestra salud. Una verdadera "coalición del hollín”, como la denominó con acierto Paco Igea en Castilla y Leon.

Conscientes del riesgo, responsables de evitarlo

Sánchez y Feijóo son conscientes de estos riesgos. La derecha democrática europea los conoce. El PP no es Vox, como reitera Feijóo, pero el riesgo de contagio de acercarse a los extremos es real. Bien lo sabe Sánchez –que ya ha experimentado de qué va y hasta dónde puede llegar la contaminación política por albergar en el seno del gobierno a la extrema izquierda– y bien lo sabe Núñez Feijóo, que tiene ya suficientes ejemplos de hasta qué punto puede desnaturalizar su proyecto y su partido el contagio de la extrema derecha.

Ha llegado el momento de volver a la cordura del consenso europeo y nacional sin ceder a los excesos

Todos somos conscientes, y todos somos responsables para evitarlo. Creo que ha llegado el momento de volver a la cordura del consenso europeo y nacional sin ceder a los excesos; de respaldar políticas transversales que la sociedad española en su conjunto ha asumido desde hace tiempo; el momento de no desalojar de manera suicida –ahora que está ausente de esta cita electoral el partido que lo representaba– el centro político en beneficio de las iniciativas que abanderan los extremos. 

Y la única forma de hacerlo es con un compromiso serio y responsable del PSOE y del PP de dejar gobernar a las listas más votadas, de abstenerse en una investidura presidencial en favor del candidato con más votos cuando la alternativa, si eso no se hace, sea ir de la mano de las fuerzas de la polarización, la división y el odio. La única forma es ejercer una oposición compatible con grandes acuerdos de estado como las políticas europeas, y en reformas sustanciales que por su transcendencia necesitan ser pactadas para garantizar la permanencia en el tiempo. 

Algunos pensarán que esto es imposible en España y que estamos abocados a la polarización y a la política de bloques. Sin embargo, creo que aún hay tiempo de volver a la cordura y adoptar decisiones valientes y responsables, aquellas que sólo los auténticos líderes son capaces de practicar y explicar cuando el momento histórico y político lo exige. Y los grandes riesgos que supone el avance de la ultraderecha y el populismo en Europa deberían ser suficiente razón para sacar adelante los grandes consensos de los demócratas europeos. Si ellos, la ultraderecha y el populismo, van en serio, también tenemos que ir en serio nosotros, los demócratas.

Soraya Rodríguez es eurodiputada del Parlamento Europeo en la delegación de Ciudadanos