La Corte Internacional de Justicia (CIJ) reconoce su jurisdicción sobre la demanda de Sudáfrica contra Israel y afirma que los palestinos son un grupo protegido según la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. La Corte considera que se cumplen las condiciones jurídicas necesarias para imponer medidas cautelares, y que, por tanto, se estima plausible que Israel pudiera estar cometiendo actos de genocidio en Gaza.

Por orden judicial, Israel deberá implementar todos los recursos a su alcance para evitar el asesinato de palestinos en Gaza, prevenir y castigar la incitación directa y pública a la comisión de genocidio, garantizar la prestación de servicios básicos y asistencia humanitaria y asegurar que no se infligen condiciones perjudiciales para los medios de vida de los palestinos que puedan llevarlos a su destrucción total o parcial, incluyendo el impedimento de nacimientos en la población gazatí. Todo ello hasta que emita el veredicto definitivo. Israel tiene un mes para presentar un informe en el que constate su cumplimiento de las medidas ordenadas.

Lamentablemente, y como era de esperar, la primera respuesta del gobierno de Israel frente a esta decisión ha consistido en tildar a la Corte de ‘antisemita’, como han hecho el ministro de Defensa, Yoav Gallant y el de Seguridad, Ben-Gvir. Netanyahu celebró que la Corte no haya decretado el alto el fuego. “Continuaremos la guerra”, afirmó. La ministra de Relaciones Internacionales de Sudáfrica dijo que hubiera querido una referencia clara al alto el fuego, pero que entiende que para que Israel cumpla todas las medidas cautelares tendrá que haberlo. 

Y esa es la cuestión, porque el estricto cumplimiento de las seis medidas ordenadas por la CIJ obliga en el fondo a parar esta guerra en la que, más de tres meses después del ataque terrorista de Hamás y con 26.000 palestinos muertos bajo fuego israelí, 64.110 heridos, y 8.000 desaparecidos entre los escombros,  y 1,7 millones de desplazados forzosos, continúa el bombardeo masivo de hospitales y escuelas y el asedio a una población civil que sobrevive sin agua, electricidad, medicinas y alimentos.

El Tribunal considera que la catastrófica situación humanitaria en Gaza corre un grave riesgo de deteriorarse aún más antes de que dicte su sentencia final, que puede tardar años. Por ello, ordena a Israel que impida un mayor derramamiento de sangre. En situaciones similares, la UE y EE UU manifestaron su total apoyo a la CIJ. El caso más reciente, las medidas provisionales impuestas por la Corte a Birmania por la acusación de violación de la Convención sobre el Genocidio presentada por Gambia en 2019. La UE recordó a Birmania su obligación, sobre la base del derecho internacional, de aplicar las medidas ordenadas. La CIJ también ha dictado medidas provisionales en casos como los de Rusia y Siria que han recibido el firme y claro respaldo de los países occidentales. En esta línea, en una declaración conjunta del Alto Representante, Josep Borrell, y de la Comisión Europea, la UE ha manifestado que las ordenes son vinculantes para las partes y deben ser cumplidas, y que espera su aplicación inmediata, plena y efectiva. 

¿Qué va a hacer la comunidad internacional si Israel decide continuar actuando al margen del derecho? ¿Cómo eludir nuestro compromiso de respeto a la Corte si Israel desconoce las obligaciones que esta le impone? ¿Seremos capaces de utilizar todas las herramientas de que disponemos para hacer cumplir a Israel las medidas impuestas, exigiendo un alto el fuego, suspendiendo la venta de armas e incluso con la suspensión de nuestro acuerdo de asociación activando el articulo 2 del mismo por vulneración de los DD HH?

La decisión de la CIJ compromete a Israel como nunca; desde ese punto de vista, es histórica. Por primera vez se enfrenta a una orden internacional que tiene consecuencias de enorme calado. Pero, a su vez, también nos compromete como nunca nosotros mismos en el cumplimiento efectivo del Derecho Internacional. La decisión podría abrir una oportunidad para la paz, y es un soporte legal y moral para que la UE imponga y exija un alto el fuego que frene la escalada de violencia, permita la liberación inmediata de todos los rehenes israelíes y pueda sentar a las partes en una mesa de negociación para alcanzar un acuerdo de paz dentro del respeto al derecho internacional.

La decisión de la CIJ compromete a Israel como nunca; desde ese punto de vista, es histórica. Por primera vez se enfrenta a una orden internacional que tiene consecuencias de enorme calado

No será fácil. La cruel realidad que vivimos nos recuerda que no es posible hablar de paz y eludir la creación y el reconocimiento del Estado palestino. Netanyahu ha verbalizado algo que conocemos desde hace años: "No voy a comprometer el control total de la seguridad israelí sobre todo el territorio al oeste de Jordania, y esto es contrario a un Estado Palestino”. El gobierno de Israel no quiere que exista un Estado Palestino, y lleva años utilizando la ocupación para que este no pueda ser viable. Y durante este tiempo, mientras repetíamos que apostábamos por la solución de dos Estados - Israel y Palestina - hemos permitido que Israel utilizara la ocupación para la expansión de los asentamientos ilegales que hacen inviable un Estado palestino.

Borrell presentó a los ministros de Exteriores de la UE y de Israel y Palestina un plan de 12 puntos para poner fin a la guerra en Gaza que pasa por crear un Estado palestino. Es la iniciativa más importante desde el fracaso de los acuerdos de Oslo y de Camp David. Y no porque plantee una solución nueva: la solución de dos Estados fue, en 1947, la propuesta de la comunidad internacional para que existiese un Estado de Israel. La resolución 181 de la Asamblea General de la ONU, contra la que votaron los países árabes, planteaba la partición en el antiguo Mandato británico de Palestina. La misma legalidad internacional que ampara la creación del Estado de Israel es la que ampara también la existencia de un Estado Palestino. 

Ahora, por primera vez la creación del Estado palestino es la premisa para la paz, y no su consecuencia. Es vital aprovechar la oportunidad. Y discutir con Israel, como dice Borrell, “qué soluciones tienen en mente. ¿Cuáles son? ¿Qué todos los palestinos se vayan? ¿Matarlos? ¿Cuándo serán demasiadas tantas muertes en Gaza?” Son preguntas para los que hacen la guerra. También para todos nosotros. 

Soraya Rodríguez es eurodiputada del Parlamento Europeo en la delegación de Ciudadanos