¿Y si el Congreso rechaza el suplicatorio para Santos Cerdán?

El informe de la UCO que ha dado pie al registro del domicilio de José Luis Ábalos y de seis empresas constructoras por el posible pago de comisiones, y que también ha llevado al juez del Tribunal Supremo que instruye el sumario a emitir un auto en el que ofrece declarar voluntariamente a Santos Cerdán, ha puesto al secretario de Organización del PSOE en el centro de la trama de corrupción que investiga Leopoldo Puente.

Recordemos que Santos Cerdán es diputado y, por tanto, aforado. Es decir, que el juez no le puede investigar (no puede escudriñar sus móviles, ni sus dispositivos electrónicos, ni indagar en sus cuentas bancarias) si antes el Congreso de los Diputados no le ha retirado ese blindaje tras la petición del suplicatorio. Según establece el artículo 571.2 de la ley Orgánica del Poder Judicial, la competencia para investigar y enjuiciar posibles delitos cometidos por miembros de la Cámara le corresponde a la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Hasta ahora, el Congreso ha accedido siempre a la petición del juez. La última vez, el 25 de enero de este año, cuando 345 diputados votaron a favor de levantar la inmunidad parlamentaria al ex ministro y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. Ha sido precisamente la investigación sobre Ábalos y su asistente Koldo García la que ha llevado hasta Santos Cerdán.

Sánchez y sus socios tiene mayoría para rechazar el suplicatorio, lo que supondría un enfrentamiento institucional sin precedentes entre dos poderes del Estado

Los investigadores de la UCO, en base a conversaciones grabadas por Koldo a Ábalos y a Santos Cerdán, creen que los tres se repartían comisiones provenientes de empresas de construcción a las que se les adjudicaban obras desde el Ministerio de Fomento. Las comisiones podrían ascender a 450.000 euros y fueron pagadas por seis empresas por obras en cinco comunidades autónomas (Madrid, Valencia, Navarra, País Vasco y Andalucía). Se sospecha que una parte de esas comisiones podría haber ido a la financiación del PSOE.

El comisionista Víctor de Aldama, imputado en la causa de hidrocarburos por la Audiencia Nacional, fue el primero que declaró ante el juez haberle pagado una comisión en metálico a Santos Cerdán. También declaró que se habían producido pagos por parte de distintas empresas constructoras y que el secretario de Organización del PSOE se encargaba del llamado "cupo vasco".

Pero ahora, ya no es la declaración de un imputado, sino la propia UCO la que apunta a Santos Cerdán como partícipe en esa red de cobro de comisiones.

¿Puede el presidente del Gobierno resistir la imputación de su número tres en el partido tras haber sido imputado su anterior responsable de Organización también por corrupción? ¿Aguantará Pedro Sánchez una investigación que no sólo puede poner en cuestión la honorabilidad de un hombre clave en la organización, reforzado tras el último Congreso, sino destapar la posible financiación irregular de su partido? ¿No fue la corrupción la causa de la moción de censura que le llevó al poder en 2018?

La única forma que tiene el presidente de evitar ese escenario es negarse a la concesión del suplicatorio. Tiene que negociarlo con sus socios, pero si éstos aceptan, tiene mayoría en el Congreso como para rechazar el levantamiento de la inmunidad para su diputado.

La excusa perfecta para argumentar esta decisión histórica sería la existencia de una supuesta "guerra" de los jueces contra el Gobierno. Ese término lo utilizó el pasado miércoles el diputado de ERC Gabriel Rufián. Es, en definitiva, el famoso lawfare al que tanto gustan referirse la extrema izquierda y los independentistas. Argumento que también ahora asumen algunos ministros socialistas.

De forma casi premonitoria, el juez del Supremo Manuel Marchena apuntaba en su libro La justicia amenazada: "Es de esperar que la deslegitimación con la que políticamente se ha criticado al Tribunal Supremo, hasta el punto de pretender explicar sus resoluciones como expresión de lawfare, no sirva para justificar la próxima o futura denegación de suplicatorios que conviertan al diputado o senador investigado en un sospechoso blindado en su impunidad por sus correligionarios".

La legislatura está ahora en un momento crítico. Sánchez puede optar por dar luz verde al suplicatorio, con lo que abre la puerta a una catástrofe para su partido; puede adelantar elecciones, con lo que se juega su futuro político; o bien, puede optar por cerrar la vía a la investigación y aguantar en el cargo contra viento y marea.

Dice Marchena en su libro: "Estremece pensar qué sucedería si el entendimiento de esta prerrogativa llevara a una práctica conforme a la cual, en función de las mayorías y los acuerdos estratégicos, unos diputados vieran concedido el suplicatorio y otros resultaran acorazados frente al deseo de la justicia de abrir las puertas del juicio oral".

Sería, en definitiva, el fin de la igualdad ante la ley y la puntilla al Estado de Derecho. Esa es la disyuntiva ante la que estamos ahora.