Duelo de poderes en el Tribunal Supremo

La presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ (Consejo General del Poder Judicial), Isabel Perelló, le leyó el viernes la cartilla al presidente del Gobierno y a los ministros que, a rebufo del jefe, han descalificado a algunos jueces, justamente aquellos que instruyen causas que afectan a familiares de Pedro Sánchez o al Fiscal General del Estado. Lo ha hecho en el acto solmene de apertura del año judicial, presidido por el Rey de España.

"Resultan totalmente inoportunas y rechazables las insistentes descalificaciones a la justicia provenientes de los poderes públicos", dijo Perelló, en medio de un silencio expectante y con el ministro de Justicia y de la Presidencia, Félix Bolaños, mirando hacia el techo del Salón de Plenos del Supremo con cara de circunstancias.

Todos los presentes, jueces, fiscales, abogados del Estado e invitados tenían en mente las palabras de Pedro Sánchez en su entrevista del pasado lunes en Televisión Española, en la que afirmó que "algunos jueces no cumplen con su función", cuando Pepa Bueno le preguntó explícitamente sobre los procesos que afectan a su esposa, a su hermano y a Álvaro García Ortiz. Sánchez se reafirmó en esa tesis en una entrevista concedida al británico The Guardian publicada el pasado jueves.

Perelló, con la timidez que la caracteriza, pero también con la firmeza y la convicción de las que ha hecho gala durante el año de su mandato, dijo que la "deslegitimación del poder judicial socava la Justicia y la separación de poderes". En definitiva, que va contra uno de los principios básicos de la democracia. Son los tribunales los que deben determinar si un juez prevarica, porque la ley y el ordenamiento jurídico funcionan igual para todos los ciudadanos. El propio CGPJ tiene autoridad para sancionar disciplinariamente a aquellos jueces que no cumplan rigurosamente con su función.

Que un presidente del Gobierno cuestione a jueces que instruyen causas contra sus familiares no es propio de una democracia, sino de un régimen autoritario. Esa es la concepción que tiene Sánchez sobre la Justicia, y que quedó revelada en un desliz premonitorio cuando, en entrevista en Radio Nacional, el 6 de noviembre de 2019, preguntó al entrevistador, Iñigo Alfonso: "La Fiscalía, ¿de quién depende la Fiscalía?". Esa chulería era para dejar sentado que él se iba a encargar de traer a España a Carles Puigdemont. ¡Qué tiempos!

Sánchez sabe que al poner bajo la lupa a jueces como Juan Carlos Peinado (caso Begoña Gómez), Beatriz Biedma (caso David Sánchez) o Ángel Hurtado (caso García Ortiz), no sólo está cuestionando su profesionalidad, sino que les está poniendo en la diana de los esbirros -especialmente en los medios de comunicación- que no dudarán en machacarles civilmente. Es un sistema perverso, propio de dictaduras.

La Sala de Plenos del Supremo vivió un duelo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, con el Rey como testigo de cargo

Es esa concepción la que llevó a Ferraz a poner en marcha la trama capitaneada por Leire Díez (la Fontanera) con el fin de buscar trapos sucios -reales o inventados- de todos aquellos que investigan casos de corrupción que afecten al PSOE o a su máximo responsable, sean mandos de la UCO o el Fiscal Jefe Anticorrupción.

El fin justifica los medios. Sánchez cree que su hermano y su esposa son inocentes, "porque los conozco", le dijo a Pepa Bueno, y por eso, en su opinión, los jueces que les van a sentar en el banquillo no sólo son injustos, sino que están jugando un "papel político". Esa es su visión de la justicia.

Cuando Pepa Bueno le preguntó por qué mantenía en el cargo a García Ortiz, dijo sin inmutarse: "Porque es inocente". Ya está. Si lo dice el presidente, a qué viene que un juez del Supremo se empeñe en indagar si el Fiscal General del Estado reveló secretos de una causa o destruyó pruebas. Hurtado también debe formar parte de ese grupo de jueces que están en la confabulación contra su legítimo mandato. ¡Qué alegría les dio Sánchez a los líderes independentistas cuando confirmó que, en efecto, en España existe el lawfare!

Antes del discurso de la presidenta del Supremo había hablado el Fiscal General, cuya presencia en el acto ha provocado un amplio rechazo en la mayoría de los miembros de la carrera judicial, dado que está a punto de sentarse en el banquillo. García Ortiz no eludió el conflicto que flotaba en el ambiente: "Si estoy aquí como Fiscal General es porque creo en la Justicia, en el Estado de Derecho, en la imparcialidad y en la verdad". Es una declaración de principios que no tiene nada que ver con las objeciones que se han hecho desde diversos sectores a su continuidad en el cargo. La primera de ellas, la más elemental, es que él va ser el jefe del fiscal que actuará como representante del ministerio público en el juicio en el que tendrá que responder por graves delitos. Su lógica es coherente con la del presidente: pienso que soy inocente, luego soy inocente. ¿Conocen ustedes a muchos imputados que no crean en su inocencia?

García Ortiz sigue en su puesto porque el presidente le ha pedido que siga. Sánchez se ha tomado este caso como un pulso con el Tribunal Supremo, que representa, hoy por hoy, el baluarte de la Justicia que todavía no se ha rendido a sus deseos y a sus presiones.

La inauguración del año judicial tuvo por todo ello un carácter especial. A la suntuosa escenografía se le sumó el dramatismo. Fue un duelo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial en el que Felipe VI participó como testigo de cargo. El Rey vive con desasosiego la tensión entre dos de los poderes que conforman el Estado de Derecho. En su obsesión por convertir en enemigos a los que se limitan a cumplir con su función, a Sánchez no le ha importado poner en duda la equidad de la Justicia. Por suerte, Perelló (procedente del llamado sector progresista) cree en los principios de imparcialidad y neutralidad que hacen de ella la mejor garantía para la defensa de los derechos de los ciudadanos.