Lo que está en juego en el Supremo

La Sala Segunda del Tribunal Supremo se ha convertido en escenario de una cruenta batalla política. El gobierno en pleno defiende al Fiscal General del Estado. La oposición, así como buena parte de la carrera fiscal, cuestiona que Álvaro García Ortiz no haya dimitido de su cargo tras abrírsele juicio oral, lo que ha llevado a la insólita situación de que el acusado no se siente en el banquillo, sino al lado del fiscal, su subordinado, y la abogada del Estado, su defensora.

Como telón de fondo, Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso. Todos, desde el presidente de la Sala, Martínez Arrieta, hasta el último conserje del Palacio de las Salesas, son conscientes de que lo que allí se dirime es un duelo de poder.

A estar alturas no hay nadie en España que ponga en duda que si Alberto González Amador hubiese sido el novio de una estanquera de Vallecas, su caso no hubiera salido a la luz. Es más, lo más probable es que el presunto infractor y la Fiscalía hubiesen llegado a un acuerdo de conformidad, como sucede todos los días sin que nadie se entere.

Si admitimos esta premisa como cierta, tenemos que aceptar que al Gobierno le venía de perlas hacer público que el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid era un "defraudador confeso". El mismo día (12 de marzo de 2024) que elDiario.es publicó la exclusiva de que la Fiscalía investigaba por fraude fiscal al novio de Ayuso (de esa filtración no se habla), la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, desatada en los pasillos del Congreso, acusó a la presidenta de la Comunidad de Madrid de vivir en un piso pagado gracias a un fraude fiscal.

Es decir, que el Gobierno se lanzó en tromba contra Ayuso nada más producirse la primera filtración, que sólo pudo proceder de la Fiscalía o de Hacienda.

Me imagino la cara de satisfacción de García Ortiz ese día. Es una pena que borrase su móvil, porque allí podríamos encontrar verdaderas joyas en modo de felicitaciones. ¿O es que acaso sería extraño que Félix Bolaños -ministro de Justicia- llamase al Fiscal General para conocer más detalles sobre una investigación que podía llevarse por delante a la enemiga número uno del presidente del Gobierno?

El día 13 de marzo, sobre las 21,30, El Mundo publicó que la Fiscalía ofrecía al abogado del novio de Ayuso, Carlos Neira, un pacto de conformidad sobre el presunto fraude fiscal, que implicaba el reconocimiento del delito. Esa información fue la que desató el nerviosismo en la Fiscalía General y me temo que en Moncloa, ya que desinflaba la información del día anterior, en el sentido de que el caso contra González Amador iba a quedar cerrado nada menos que a instancias de Julián Salto, el fiscal de delitos monetarios que llevaba el asunto.

Me imagino también la frustración en los despachos del presidente y de su ministro de Justicia al ver cómo esa expectativa de infligir un daño irreparable a Díaz Ayuso se venía abajo en apenas unas horas.

Y ahí es donde comienza la "batalla del relato", que diría el Fiscal General del Estado. Batalla que se centra en si el acuerdo de conformidad lo propuso la Fiscalía o el abogado del novio de Ayuso. No entiendo por qué García Ortiz dio tanta importancia a ese matiz. Porque, como bien declaró ante el Supremo Esteban Urreiztieta -el subdirector de El Mundo que firmó la noticia antes citada- lo sustancial es que el fiscal Salto animaba a que se produjera ese acuerdo. De hecho, como declaró la fiscal jefe de Madrid, Almudena Lastra, la opinión de Salto el día 12 de marzo era que se iba a llegar a un pacto de conformidad. El fiscal ratificó ante el Supremo este extremo.

Lo que sucede en la noche del 13 de marzo en el seno de la Fiscalía es propio de un thriller chapucero. El Fiscal General solicitando de forma urgente los correos entre el fiscal Salto y el abogado Neira; el fiscal Salto, que tiene que dejar el estadio donde juega su querido Atleti; la fiscal superior de Madrid, que le recomienda calma, y la fiscal provincial de Madrid, Isabel Rodríguez, urgiéndole a Salto remitirle los correos porque "el fiscal general no puede esperar".

Es en esa noche de histeria -la noche en la que el Fiscal General moviliza a todo el mundo para "ganar la batalla del relato"- se comete el presunto delito de revelación de secreto; es decir, cuando se da a conocer al público una información que, por su carácter, es secreta y le corresponde a la Fiscalía preservar la confidencialidad.

En el juicio al Fiscal General no sólo está en juego el futuro de García Ortiz, sino la credibilidad del Supremo

Pasadas las 11 de la noche, la Cadena Ser hizo referencia a la textualidad de un correo en el que abogado Neira asumía los delitos que le son atribuidos a su cliente y en el que se demuestra que es él quien ofreció llegar a un acuerdo de conformidad. La clave está en que se citan párrafos textuales del correo de Neira al fiscal Salto. Los párrafos textuales que convirtieron al novio de Ayuso en "defraudador confeso".

La batalla no sólo involucra a acusaciones y defensa, a García Ortiz y a González Amador -que le acusó en el curso de su declaración, mirándole a la cara, de haberle destruido personalmente-. Implica también a la propia Fiscalía.

La versión de Almudena Lastra es la que convierte a García Ortiz en presunto culpable. Ella barruntaba que la intención del Fiscal General era filtrar ese correo maldito. Se lo dijo a Pilar Rodríguez, fiscal jefe provincial, la noche de autos, ese ya fatídico 13 de marzo: "Pilar, lo van a filtrar, por favor no hagas nada". Pero Pilar siguió las instrucciones de su jefe e incluso, en la nota de prensa que se dio a los medios el día 14, echó de menos "un poquito de cianuro".

Esa misma mañana, sobre la 9 horas, García Ortiz llamó por teléfono a Lastra. Ella, sin darle los buenos días, le espetó: "Has filtrado los correos". A lo que el Fiscal General contestó: "Eso ahora no importa". "Pero a mí sí que me importaba", declaró Lastra ante una atónica Sala Segunda, "se me quedó grabado en el alma".

La cuestión no era que la fiscal superior de Madrid se negara a desmentir en una nota de prensa una información, si es que esta fuera falsa. No. La cuestión es cómo se hizo. Lastra dio un argumento inapelable sobre su oposición a filtrar los correos que deberían ser confidenciales y secretos: "Nuestro papel no es desvelar la estrategia de defensa del investigado".

Pero fue el jefe de la secretaría técnica de la Fiscalía, Diego Villafañe, el que terminó echando aún más leña al fuego. Porque atribuyó a la "animadversión" la declaración de Almudena Lastra. "Animadversión hacia la cúpula fiscal, hacia el Fiscal General del Estado, hacia la anterior Fiscal General (Dolores Delgado) y hacia mí es evidente".

Vaya con el señor Villafañe. Con tal de defender a su jefe, es capaz de atribuir el testimonio de la máxima responsable de la Fiscalía de Madrid a un corrosivo ánimo de venganza. Con ese argumento, Villafañe destruye la credibilidad de la institución. ¿Por qué entonces no va a ser creíble que García Ortiz actuase con "animadversión" hacia el novio de Ayuso?

¡Qué papel para la Sala Segunda! Haga lo que haga, su sentencia será cuestionada por unos o por otros.

No es la primera vez que el Supremo se ve ante una tesitura como esta. Recordemos lo que ocurrió con la sentencia del procés. Pero en este caso es peor aún.

Ha sido el propio Gobierno el que se ha dejado contagiar por la tesis del lawfare de Podemos ("los jueces del Supremo son fachas con toga"). El mismísimo Pedro Sánchez ha cuestionado a los jueces que instruyen procesos que le afectan directamente. Patxi López, el locuaz portavoz socialista en el Congreso, ha calificado de "estrambote" este juicio. Por eso, el veredicto final no sólo va a condenar o absolver al Fiscal General, sino que va a provocar una nueva y violenta tormenta sobre el Tribunal Supremo.

Es la capacidad de resistencia del Estado de Derecho lo que está en juego. Los siete magistrados que conforman el tribunal son conscientes de la trascendencia de su veredicto. Y no lo tiene fácil. Porque en este caso no existe la pistola humeante, la prueba definitiva que demuestre que, efectivamente, fue García Ortiz quien infringió la ley al dar publicidad a unos correos que deberían haber sido secretos. Además de finezza jurídica, hará falta valentía.