Durante 50 años, el pueblo saharaui del Sáhara Occidental ha vivido bajo una de las ocupaciones más largas y olvidadas del mundo. Sin embargo, recientes filtraciones diplomáticas revelan que Estados Unidos y Francia ha estado trabajando discretamente en el Consejo de Seguridad de la ONU para diluir las referencias a la autodeterminación —un objetivo largamente perseguido por el pueblo del territorio ocupado— y buscar apoyo para el plan de autonomía de Marruecos de 2007.

Esta medida refleja una tendencia internacional cada vez mayor a anteponer la conveniencia política al derecho internacional, lo que deja al pueblo saharaui atrapado en la misma injusticia que comenzó en 1975. No se trata de una disputa regional, ni de una cuestión de antiguas lealtades. Es un caso claro de descolonización inconclusa, un proceso reconocido por el derecho internacional, bloqueado por intereses políticos y sostenido por el silencio.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) resolvió la cuestión de la soberanía del Sáhara Occidental hace medio siglo. En su dictamen consultivo de 1975, la corte declaró de manera inequívoca que no existen vínculos territoriales o soberanos entre Marruecos y el Sáhara Occidental que puedan justificar la reivindicación de anexión de Marruecos. El fallo de la corte reafirmó el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación mediante la libre y genuina expresión de su voluntad.

En respuesta, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 1514 (XV) sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, en la que se define la autodeterminación como un derecho universal e innegociable. Desde entonces, el Sáhara Occidental ha permanecido en la lista oficial de la ONU de territorios no autónomos, junto con otras regiones que esperan la descolonización.

Según el derecho internacional humanitario, el control de Marruecos sobre el Sáhara Occidental constituye una ocupación beligerante, no una soberanía

Por lo tanto, las Naciones Unidas reconocen desde hace tiempo a un órgano representativo encargado de expresar la voluntad del pueblo saharaui en los foros internacionales y los procesos de paz. Aunque hoy en día no es un Estado en sí mismo, tal y como se entiende según las normas de la ONU, el Sáhara Occidental ha colaborado con organismos regionales y de la ONU como interlocutor legítimo de un pueblo que sigue privado de su derecho a votar sobre su futuro.

Según el derecho internacional humanitario, el control de Marruecos sobre el Sáhara Occidental constituye una ocupación beligerante, no una soberanía. El Cuarto Convenio de Ginebra (1949) prohíbe explícitamente a una potencia ocupante explotar los recursos naturales del territorio ocupado. También prohíbe el traslado de población desde ese territorio ocupado. A pesar de estos claros principios jurídicos, Marruecos invadió y ocupó la mayor parte del Sáhara Occidental a finales de 1975, después de que España pusiera fin a su dominio colonial y abandonara el territorio, lo que obligó a decenas de miles de saharauis a exiliarse y estableció una ocupación militar que continúa hasta hoy.

Además, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado sistemáticamente —en 2016, 2018, 2021 y 2024— que el Sáhara Occidental y Marruecos son «territorios separados y distintos» según el derecho internacional. Estas sentencias invalidan cualquier acuerdo comercial y pesquero entre la UE y Marruecos aplicado al Sáhara Occidental sin el consentimiento libre, previo e informado del pueblo saharaui. Al seguir incluyendo al Sáhara Occidental en dichos acuerdos, las instituciones europeas no solo violan el derecho de la UE, sino que socavan su credibilidad como defensoras de los derechos humanos y el Estado de derecho.

En medio de esta represión, los saharauis se han aferrado a la dignidad, la educación y la paz como actos de resistencia a lo largo de décadas

Sin embargo, lo más importante en el debate sobre el estatuto definitivo del Sáhara Occidental son las historias humanas que se esconden tras esta larga historia de ocupación y persecución. Generaciones de saharauis han crecido en campos de refugiados en el extranjero o bajo la ocupación. Son un pueblo dividido por muros y fronteras, pero unido por una identidad y una memoria comunes.

Los saharauis viven hoy no solo en los campos de refugiados de la provincia de Tinduf, en el suroeste de Argelia, sino también en las zonas ocupadas del Sáhara Occidental y en países vecinos como Mauritania y Malí. Comparten profundas raíces sociales y culturales que se extienden por todo el Sahel occidental —desde Mauritania, Argelia y Níger hasta la costa atlántica—, donde los lazos familiares y el patrimonio compartido siguen trascendiendo las fronteras coloniales que una vez los dividieron.

Dentro de los territorios ocupados del Sáhara Occidental, Marruecos ha desarrollado sofisticadas estrategias de control que restringen todos los aspectos de la vida saharaui. La seguridad y el dominio militar, la dependencia económica y la ingeniería demográfica constituyen los pilares de su ocupación. Los proyectos de infraestructura y los denominados «planes de desarrollo» están diseñados principalmente para explotar los recursos naturales y silenciar las voces saharauis, en lugar de servir a la población local.

El control económico también se utiliza como herramienta de represión. Marruecos entiende que si los saharauis logran la independencia económica, también reclamarán su libertad política. Por ello, decenas de activistas saharauis que se han pronunciado contra la ocupación y sus políticas siguen encarcelados bajo cargos falsos y juicios injustos, enfrentándose a torturas, intimidaciones y vigilancia sistemática.

En medio de esta represión, los saharauis se han aferrado a la dignidad, la educación y la paz como actos de resistencia a lo largo de décadas. Han construido escuelas en el exilio, han recurrido a los tribunales internacionales y han apelado a la conciencia del mundo.

Aunque el Frente Polisario se dedicó inicialmente a la resistencia armada durante los primeros años de la invasión marroquí, una respuesta común entre los pueblos colonizados, desde entonces ha dado prioridad a la diplomacia, el derecho internacional y la defensa humanitaria como principales medios de lucha. Incluso con los recientes recrudecimientos de los combates, es esencial reconocer esta evolución para comprender la causa saharaui no como un ciclo de violencia, sino como un largo camino hacia la autodeterminación legítima. El pueblo saharaui se niega a destruir su futuro por la ira del presente, consciente de que la verdadera victoria no se gana por la fuerza, sino preservando los fundamentos morales de su causa.

En última instancia, la lucha saharaui no es meramente política. Es una obligación moral y legal de la comunidad internacional. Esa obligación exige a los Estados, las instituciones y los individuos que respeten los principios que consagraron en la Carta de las Naciones Unidas: la igualdad de todas las personas y el derecho a determinar su destino.

En este sentido, apoyar la descolonización del Sáhara Occidental no significa tomar partido en una disputa regional. Se trata de defender la integridad del derecho internacional y de defender la dignidad de todos los pueblos y comunidades. Durante más de cincuenta años, los saharauis han esperado, con paciencia y honor, a que la comunidad internacional cumpla sus promesas. No han pedido nada más que un solo día de democracia: el día en que puedan votar libremente en un referéndum supervisado por la ONU para decidir su propio futuro.

La UE y los Estados Unidos, que proclaman su compromiso con el derecho internacional y los derechos humanos, tienen la responsabilidad histórica y moral de poner fin a esta injusticia. La ley es clara y el derecho es innegable. La voz del Sáhara seguirá recordando al mundo que la libertad no es un privilegio, sino un derecho largamente postergado, a la espera de ser reconocido.

Mohamed Elbaikam es defensor saharaui independiente de los derechos humanos y los recursos naturales en Europa.