Han pasado cinco décadas desde la firma de los Acuerdos Tripartitos de Madrid, aquel 14 de noviembre de 1975, cuando España decidió abandonar el Sáhara Occidental, su entonces provincia número 53, entregándola de facto a Marruecos y Mauritania. Fue un acto ilegal, condenado por el derecho internacional, que dejó a todo un pueblo, el saharaui, en un limbo jurídico y humano del que aún no ha salido.

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El Sáhara Occidental sigue siendo, de iure, un territorio no autónomo pendiente de descolonización. Así lo establecen las resoluciones de la ONU y la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de 1975, que reconoció el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. Pese a ello, España incumplió su responsabilidad como potencia administradora y permitió una ocupación militar extranjera que derivó en guerra, exilio y represión.

España incumplió su responsabilidad como potencia administradora y permitió una ocupación militar extranjera que derivó en guerra, exilio y represión

Durante años, los gobiernos españoles alegaron neutralidad. Sin embargo, esa postura ha cambiado de forma abierta y escandalosa. Hoy, España respalda la propuesta marroquí de autonomía como “la base más seria, creíble y realista” para resolver el conflicto. Una posición que no solo traiciona la legalidad internacional, sino que constituye un acto de hostilidad hacia el pueblo saharaui. El giro del presidente Pedro Sánchez, sin debate parlamentario ni consulta al Congreso, consagró ese cambio histórico. Desde entonces, figuras como José Luis Rodríguez Zapatero y otros dirigentes del PSOE se han convertido en auténticos embajadores de la tesis marroquí, participando en foros internacionales donde repiten el argumentario de Rabat.

Conviene recordar que Marruecos no es parte legítima del proceso de descolonización. La cuestión del Sáhara Occidental es, ante todo, un caso pendiente de descolonización bajo supervisión de Naciones Unidas, no una disputa territorial entre dos Estados. Por tanto, la negociación que la comunidad internacional promueve entre el Frente Polisario y Marruecos tiene un carácter político, pero no jurídico: el único sujeto de soberanía reconocido por la ONU es el pueblo saharaui, representado por el Frente Polisario.

La responsabilidad de España, en consecuencia, sigue vigente. Entregar un territorio colonizado a un Estado vecino fue una violación del derecho internacional y de la propia Carta de Naciones Unidas. La obligación de concluir el proceso de descolonización no desaparece con el paso del tiempo, ni puede delegarse en terceros. España, que se apresuró a firmar su retirada en 1975 mientras agonizaba el franquismo, dejó tras de sí una guerra que costó miles de vidas y un muro de arena de más de 2.700 kilómetros que aún divide a las familias saharauis.

El apoyo de España a la autonomía marroquí es un intento de borrar su responsabilidad histórica

Cincuenta años después, los protagonistas han cambiado. Ya no están ni Franco, ni el rey Hasán II, ni Henry Kissinger, ni los viejos generales de los setenta. Pero el drama saharaui continúa. Marruecos mantiene su ocupación gracias al silencio de Europa, la complicidad de potencias como Francia y el interés geopolítico que se impone sobre la justicia. España, mientras tanto, ha pasado de la indiferencia a la complicidad activa. Su apoyo a la autonomía marroquí es un intento de borrar su responsabilidad histórica y congraciarse con un régimen que utiliza la migración y la cooperación antiterrorista como moneda de cambio.

La pregunta es inevitable: ¿por qué los saharauis tendrían que negociar con Marruecos la solución de un conflicto que no fue creado por ellos, sino por una descolonización inconclusa y una cesión ilegal? La respuesta es política: porque las grandes potencias prefieren una estabilidad aparente antes que un ejercicio auténtico de justicia.

Sin embargo, el derecho internacional sigue siendo claro. Solo un referéndum de autodeterminación, libre y supervisado por la Comunidad Internacional, puede cerrar este capítulo. Mientras eso no ocurra, España seguirá siendo, ante el nundo, el pueblo saharaui y la historia, responsable de haber abandonado a su última colonia.

Cincuenta años después de los Acuerdos Tripartitos de Madrid, el Sáhara Occidental sigue siendo un espejo incómodo que refleja la cobardía política de un Estado que, en lugar de reparar su error histórico, ha optado por aliarse con el ocupante. Pero la verdad tiene memoria larga, y los pueblos, por más que se les condene al olvido, no renuncian a su derecho a existir. Y toda deuda, tarde o temprano, exige ser saldada.


Lehdad Bachir es poeta, escritor y activista por los derechos del pueblo saharaui. Ha dedicado la mayoría de su trayectoria profesional a la educación de la República Árabe Saharaui Democrática.

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