Sáhara Occidental 1975: el colonialismo franquista y la desmemoria democrática

En España se arrastra una negación de la historia colonial y en particular de la memoria colonial del franquismo. No hay un reconocimiento de la violencia colonial y más bien hay una legitimación de la violencia colonial. Ha persistido una historia colonial que sirvió al poder colonial y que sigue sirviendo a políticas imbuidas de colonialismo en la actualidad. La memoria y el relato de la conquista de la democracia, incluso por parte de sectores demócratas y progresistas, se olvidó del colonialismo.

El final de la dictadura coincidió con el abandono de los saharauis, pero mucho tuvo que ver la transición que, con el pretexto de la reconciliación y el consenso y la impunidad del franquismo, marginó lo colonial

El final de la dictadura coincidió con el abandono de los saharauis, pero mucho tuvo que ver la transición que, con el pretexto de la reconciliación y el consenso y la impunidad del franquismo, marginó lo colonial. Los gobiernos de la transición y del periodo constitucional consideraron que el abandono y la traición fue cosa del franquismo y se desentendieron. Portugal, en cambio, asumió un deber constitucional de contribuir a completar la descolonización de Timor; hasta la independencia de ese territorio, la constitución portuguesa de 1976 incluyó un artículo específico (261). La Constitución española de 1978 no hace ninguna mención; en el artículo 56 se hace referencia a que el rey “asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica”, refiriéndose a América Latina. Dudamos mucho que los constituyentes incluyeran a los saharauis en tal “comunidad histórica”. Pero los parlamentos democráticos podrían haber adoptado un acuerdo declarando nulos los Acuerdos de Madrid.

Los propios saharauis participan en cierta medida de ello. La memoria saharaui del colonialismo franquista y de sus desmanes está hoy contenida, se cultiva en el ámbito interno y en la memoria familiar, pero no forma parte de lo público. Las críticas y las denuncias se focalizan en el ocupante marroquí y en los estados cómplices que han mantenido irresuelta la cuestión del Sahara.

En 2012, el Grupo Parlamentario Mixto presentó ante la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley (PNL) sobre la recuperación de la memoria del activista saharaui Basiri. La propuesta, impulsada por el diputado de Esquerra Republicana de Catalunya Joan Tardà, invocó la Ley de Memoria Histórica aprobada en 2007. La PNL exigía la elaboración de un informe oficial sobre lo ocurrido tras la detención del dirigente saharaui, “aportando información sobre su suerte y paradero”. Solo en el caso de que los datos obtenidos demostrasen que el Gobierno español había tenido alguna responsabilidad en su desaparición, se pedía “establecer las medidas necesarias para la reparación de su memoria, así como de su familia”. Un tercer punto pedía que, de confirmarse que Basiri había fallecido estando en poder de las autoridades coloniales, el Gobierno realizase “las gestiones oportunas para su localización y su repatriación a territorio saharaui”.

La propuesta parlamentaria no prosperó por los votos de rechazo del Partido Popular (PP) entonces en el Gobierno, los del Partido Socialista (PSOE) y los de Convergència i Unió (CiU). Los representantes de estas tres fuerzas políticas justificaron en el debate su voto negativo alegando la falta de información y de datos sobre la vida de Basiri y los acontecimientos que desembocaron en su desaparición para cuestionar que el caso encaje en la Ley de Memoria Histórica, además de invocar razones de oportunidad política: la posición del Gobierno ante la cuestión del Sahara Occidental (Camacho, 2016).

Los saharauis no han sido integrados en la “construcción de la memoria común”, tal como reza la ley

Cincuenta años después del final del colonialismo español en el Sahara, resulta desconcertante que la Ley de Memoria Democrática (Ley 20/2022, de 19 de octubre de 2022), que afirma que la sociedad española tiene un deber de memoria con las víctimas de la represión, no haga ninguna mención al franquismo en los territorios coloniales. No menciona el colonialismo como crimen ni las desapariciones y víctimas de la represión durante ese periodo y en esos territorios. Como indica el fiscal Oscar Presa (2025), la ley ha dado pie a una Fiscalía Especial de Derechos Humanos y Memoria Democrática, cuya principal función es la persecución penal de los crímenes de derechos humanos ocurridos por la represión franquista. La ley considera víctima a toda persona, con independencia de su nacionalidad, que haya sufrido daño físico, moral o psicológico, o daños patrimoniales, como consecuencia de acciones que constituyan violaciones de las normas internacionales de derechos humanos durante el periodo que abarca el golpe de Estado de 18 de julio de 1936, la posterior guerra y la dictadura, hasta la entrada en vigor de la Constitución española de 1978 […]. Siendo el Sahara Occidental una provincia española, y de conformidad con la Ley de Memoria Democrática, los crímenes perpetrados por la represión franquista sobre el pueblo saharaui se considerarían crímenes de lesa humanidad susceptibles de ser investigados por las autoridades españolas […]. El pueblo saharaui, víctima de la represión ejercida por las instituciones políticas franquistas, ostenta la condición de víctima y le corresponden los derechos que le atribuye la ley: el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición (262).

Si los saharauis fueron ciudadanos españoles hasta febrero 1976 y sufrieron crímenes imprescriptibles, como las desapariciones, deberían aplicarse también a ellos las medidas de memoria democrática. Pero no parece que vaya a ser así; los saharauis no han sido integrados en la “construcción de la memoria común”, tal como reza la ley.

Queda pendiente articular una comisión sobre la verdad en el Sahara Occidental que esclarezca lo ocurrido

La colonización tuvo un repertorio de violencias que no estuvo al margen de la violencia de la dictadura en España. El compendio de la violencia colonial en el Sahara es largo desde las primeras décadas de la colonia, pero se acentuó con el franquismo, recordemos los bombardeos contra los nómadas en 1957-1958, la política carcelaria en Canarias y en los puestos del interior, la represión del Movimiento de Liberación y de los manifestantes de Zemla en 1970, las desapariciones de dirigentes y activistas, los detenidos del Polisario encarcelados o expulsados del territorio, las ejecuciones extrajudiciales, las torturas, los prisioneros de guerra nunca reconocidos como tales, el toque de queda en los barrios saharauis en 1975, la censura y las restricciones a la solidaridad…

Y, finalmente, antes de abandonar el territorio, no se actuó frente a la represión y los bombardeos de Marruecos, que causaron decenas de muertos y desaparecidos. Sin embargo, no se dispone de datos sistematizados sobre la represión en el Sahara, además de que acceder a los documentos oficiales concernientes al Sahara español han desaparecido, han sido falsificados intencionadamente (como algunos referentes a la desaparición de Basiri) o siguen sujetos a la Ley de Secretos Oficiales (Ley 9/1968). Esto ha permitido mantener un relato edulcorado sobre la colonia y dificulta la exigencia de responsabilidades. Más aún, queda pendiente articular una comisión sobre la verdad en el Sahara Occidental que esclarezca lo ocurrido. Tampoco hay ningún tipo de referencia memorial en centros de reclusión en Canarias, por ejemplo.

La transición abordó de manera muy limitada el reconocimiento y las medidas reparativas respecto a las víctimas del franquismo, permitiendo en la práctica una situación de impunidad. Esto mismo ocurre respecto al Sahara. La impunidad del franquismo ha conllevado también a la impunidad del colonialismo franquista. Todavía hoy el ejército español mantiene unidades, como la Legión, que se crearon como fuerzas de choque coloniales y que desfilan, sin ningún rubor, con uniformes coloniales. La inclusión de lo colonial en la memoria democrática es una contribución necesaria para la lucha nacional saharaui. El memoricidio y silenciamiento de lo colonial afectan a la posición actual de España respecto al Sahara. La desresponsabilización de 1975 y el abandono se prolongan en la actualidad con la primacía de la realpolitik, con el incumplimiento de las obligaciones, con el escaso respeto al derecho internacional o con la tentación de tutela paternalista colonial, decidiendo qué es lo mejor para los saharauis.

Notas

261. En la Constitución de Portugal de 1976 se incluyó un artículo específico sobre la Independencia de Timor que no solo expresaba solidaridad, sino que obligaba a las más altas instancias políticas a actuar en los siguientes términos (art. 307) “1. Portugal continuará vinculado a las responsabilidades que le correspondan, de acuerdo con el Derecho internacional, en orden a promover y garantizar el derecho a la independencia de Timor oriental. 2. Compete al presidente de la República, asistido por el Consejo de la Revolución, y al Gobierno realizar todos los actos necesarios para la consecución de los objetivos expresados en el número anterior”.
262. Oscar Presa, “La represión franquista en el Sáhara Occidental y la ley de memoria democrática”, El Independiente, 16/02/2025.

Extracto de Sahara Occidental 1975: el final del colonialismo franquista, de Isaías Barreñada, publicado por Los Libros de la Catarata.

Isaías Barreñada es doctor en Ciencias Políticas (Estudios Internacionales), profesor de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid e investigador asociado del Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI). Sus áreas de investigación son las relaciones internacionales en el norte de África y Oriente Medio, la política exterior española y europea, Palestina-Israel y el Sahara Occidental. Es autor de Breve historia del Sahara Occidental. Resistencia frente a realpolitik (2022) y coautor de varios libros como La cuestión palestina. Colonialismo, Nakba, ocupación y genocidio (2024), Palestina. De los Acuerdos de Oslo al apartheid (2023), Geopolítica de las primaveras árabes. Dimensión internacional y dinámicas locales (2022), entre otros.