Venezuela pide justicia: es urgente volver a mirar a las víctimas

Ya han pasado más de diecisiete meses desde que la sociedad venezolana expresó contundentemente su deseo de cambio. Sin embargo, lejos de traer alivio, el tiempo ha intensificado la confusión, el ruido y la manipulación del relato. Muchas personas se preguntan qué está ocurriendo realmente y en quién se puede confiar. Pero antes de responder a eso, hay una responsabilidad ética que no puede eludirse: nombrar a las víctimas y reconocer su sufrimiento.

Las víctimas son el pueblo venezolano. Son los presos políticos y sus familias, sometidos a años de encierro, tortura psicológica, humillación y chantaje. Son quienes mueren por falta de medicinas, por desnutrición o por enfermedades que en cualquier país democrático serían tratables. Son quienes viven bajo acoso permanente, amenazas, coacciones, persecución laboral y social. Son millones de personas cuya dignidad ha sido vulnerada de manera sistemática. Hablar de Venezuela sin ponerlos en el centro es vaciar el debate de humanidad.

Políticos de extrema izquierda y de extrema derecha, en España, utilizan el sufrimiento venezolano para reafirmar sus crecencias

Uno de los mayores daños al entendimiento de esta tragedia proviene de la instrumentalización ideológica. Venezuela se ha convertido en un símbolo conveniente para sectores políticos extremos. Políticos de extrema izquierda y de extrema derecha, en España y en el resto del mundo, utilizan el sufrimiento venezolano para reafirmar sus propias creencias. Les importa más demostrar que su ideología es la correcta que pensar en las consecuencias reales sobre las personas que viven bajo represión. En ese juego, las víctimas vuelven a ser invisibles.

Esto nos lleva a un punto que no admite ambigüedades: no se deben blanquear dictaduras bajo ningún pretexto ideológico. No importa cómo se autodenominen, qué discurso utilicen o a qué tradición política digan pertenecer. Las dictaduras, rotas como forma de organización social y política, son siempre condenables. Todas. Sin excepciones. El autoritarismo no se vuelve aceptable por declararse “revolucionario”, “popular”, “anticapitalista” o “patriótico”. Cuando un Estado gobierna mediante el miedo, la censura, la persecución y la violencia, debe ser rechazado sin matices.

Y ese rechazo no puede quedarse en la condena retórica. Las naciones sometidas a dictaduras deben ser acompañadas y ayudadas a recuperar la democracia y la libertad, no utilizadas como fichas en disputas ideológicas globales. Defender los derechos humanos no puede depender del color político del opresor. Hacerlo así no es coherencia ideológica; es cinismo.

Defender los derechos humanos no puede depender del color político del opresor

El deseo de cambio en Venezuela no es una imposición externa. Es la expresión reiterada de un pueblo que ha hablado incluso cuando hacerlo implicaba riesgos enormes. Las primarias de 2023 fueron una muestra clara de esa voluntad, pese a la desigualdad y la represión. Negar esa voz es negar la humanidad de quienes resisten.

Hoy Venezuela enfrenta una estructura de poder que opera mediante la coerción y la impunidad. Desmontarla es complejo y peligroso. Desde una mirada humanista, el objetivo central debe ser evitar más víctimas, más muertos, más presos, más familias destruidas. Eso obliga a transitar caminos incómodos, decisiones difíciles y procesos largos.

En este contexto, resulta imprescindible nombrar una dimensión específica de la violencia ejercida por el régimen: los crímenes de odio. La represión no es solo política; es también una persecución basada en la estigmatización del disidente, del que protesta, del que piensa distinto. Amenazar, torturar, encarcelar, perseguir o asesinar por razones políticas o sociales constituye una forma agravada de violencia, cuyo objetivo es sembrar terror colectivo y disciplinar a la sociedad. Por ello, es fundamental mantener y fortalecer marcos legales que tipifiquen y sancionen los delitos de odio, con agravantes claros para quienes cometan actos de violencia, tortura o persecución motivados por odio político o social. No se trata de censura ni de venganza, sino de protección de las víctimas y de garantías reales de no repetición.

En esta línea, la Alianza Ciudadana por la Libertad de Venezuela en España ha denunciado al régimen venezolano por la muerte de más de 30 personas durante 2024, asesinadas a manos de grupos armados violentos que actúan con tolerancia, complicidad o impunidad estatal. Estos hechos no son excesos aislados ni daños colaterales: constituyen crímenes de odio y graves violaciones de derechos humanos que deben ser investigadas, juzgadas y sancionadas conforme al derecho internacional. Ignorarlos o relativizarlos equivale a legitimar la violencia como método de control político.

Aquí aparece una verdad que incomoda pero es indispensable: tiene que haber justicia. No puede haber reconciliación sin verdad, sin reconocimiento del daño ni sin reparación a las víctimas. El perdón no puede imponerse como amnesia colectiva ni como pacto de silencio. Pero la justicia tampoco puede convertirse en venganza ni en un nuevo ciclo de violencia. El desafío es construir una salida que sane sin repetir el horror.

En medio de este escenario, el liderazgo responsable no se mide por la estridencia ni por la popularidad inmediata, sino por la capacidad de sostener una visión de largo plazo. Proteger vidas, evitar el colapso social y abrir una ruta real hacia la libertad exige paciencia, firmeza y una ética que no se doble ante la presión del ruido.

La reconstrucción de Venezuela será, ante todo, humana. Implicará justicia para los presos políticos, reparación para las víctimas, acompañamiento para una sociedad profundamente herida y garantías reales de que el miedo no volverá a ser un instrumento de poder.

Por eso, hoy más que nunca, es necesario exigir coherencia moral: rechazar todas las dictaduras, sin apellidos ni excusas; poner a las víctimas en el centro; y recordar que la democracia y la libertad no son banderas ideológicas, sino derechos humanos universales. El pueblo venezolano ya habló. La comunidad internacional tiene la obligación de escucharlo sin cinismo, sin fanatismo y sin dobles estándares.

Manuel Rodríguez es presidente de la Plataforma Ayuda Venezuela