Como jurista que reside en España, comprendo que el enfoque de la política exterior del Gobierno de España, incluidas las posiciones del señor Pedro Sánchez, está influido por un marco conceptual y, en cierta medida, ideológico en favor de la paz, el equilibrio de poder y la oposición a la guerra. Subrayo que el asunto planteado en esta carta no se opone a estos principios; más bien, se refiere a la manera en que estos mismos valores se aplican y se materializan en relación con la situación específica de Irán.
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La cuestión fundamental es que el análisis de la situación en Irán únicamente desde la perspectiva de los grandes enfrentamientos geopolíticos o la oposición al imperialismo ha dado lugar a un tipo de error cognitivo en la evaluación de la verdadera naturaleza del sistema gobernante en Irán. El sistema en el poder en Irán no solo no se adhiere a los principios fundamentales de los derechos humanos, sino que en la práctica es considerado un factor decisivo en la expansión de la inestabilidad regional, el apoyo a grupos armados no estatales y la generación de inseguridad en la región. Además, existen múltiples evidencias de comportamientos basados en la «toma de rehenes de Estado» a nivel internacional, que incluso en los últimos años han estado directa o indirectamente relacionados con ciudadanos europeos, incluso españoles.

En el ámbito interno, el uso instrumental de los ciudadanos como escudos humanos, la represión sistemática y la violación continua de los derechos fundamentales confirman que valores como la paz, la dignidad humana y la justicia, que constituyen la base de las políticas declaradas del Gobierno de España, no tienen cabida en el marco conceptual y práctico de este sistema. Por lo tanto, cualquier coincidencia o cercanía analítica basada en aparentes similitudes ideológicas carece de fundamento real y jurídico.

En este contexto, la cuestión de la reapertura de la embajada o el avance hacia la normalización de las relaciones diplomáticas con Irán es motivo de seria preocupación. Tal medida, en condiciones en las que las violaciones generalizadas y continuadas de los derechos humanos han quedado impunes, puede interpretarse como la concesión de una especie de legitimidad implícita a un sistema vulnerador de los derechos humanos. Desde la perspectiva del derecho internacional y de los principios de la responsabilidad de los Estados, se espera que las interacciones diplomáticas con tales sistemas estén condicionadas a una mejora tangible de la situación de los derechos humanos y a la rendición de cuentas por las múltiples violaciones cometidas, y no que avancen hacia la normalización sin condiciones previas.

El silencio ante violaciones graves de los derechos humanos, en la práctica conduce al debilitamiento del principio de rendición de cuentas y a la perpetuación de la injusticia

Asimismo, el énfasis exclusivo en el lema 'no a la guerra', aunque en sí mismo es defendible, en ausencia de medidas prácticas y equilibradas puede interpretarse como una forma de inacción. La experiencia de la movilización social del pueblo español desde el 28 de febrero en oposición a la guerra demostró que existe una capacidad significativa para influir en la dirección de la paz. Se plantea seriamente la cuestión de si, de haberse utilizado siquiera una parte de esta capacidad en los últimos años, especialmente en relación con los acontecimientos de enero de 2026 en Irán, en apoyo a los derechos del pueblo iraní y en la exigencia de rendición de cuentas, ¿no habría sido posible prevenir la intensificación de crisis y un sufrimiento humano mayor?

Lo que hoy ocurre en Irán, más que un conflicto externo, es la manifestación del derecho de autodeterminación de un pueblo que se enfrenta a una estructura de poder. En tales circunstancias, la aparente neutralidad o la reducción del problema a la mera negación de la guerra no puede responder a la complejidad jurídica y humana del asunto.

En conclusión, se espera del Gobierno de España que, apoyándose en sus compromisos internacionales y en su posición dentro del sistema europeo de derechos humanos, adopte un enfoque activo, transparente y responsable; un enfoque que se materialice no solo a nivel discursivo, sino en acciones diplomáticas y jurídicas concretas en apoyo al pueblo iraní. El silencio ante violaciones graves de los derechos humanos, aunque se justifique con la intención de evitar tensiones, en la práctica conduce al debilitamiento del principio de rendición de cuentas y a la perpetuación de la injusticia.

Por consiguiente, se espera del Gobierno de España que, mediante la adopción de posiciones claras, el apoyo a mecanismos internacionales de rendición de cuentas y la evitación de cualquier normalización precipitada de las relaciones con violadores graves de los derechos humanos, desempeñe un papel constructivo en apoyo al pueblo iraní. Esta responsabilidad no es meramente una opción política, sino una obligación derivada de los principios fundamentales del derecho internacional y de la conciencia colectiva de la comunidad internacional.