Moncloa deja atrás la tesis del 'lawfare' y ve "indicios, pero no pruebas" en el auto contra Zapatero: "No es como con Cerdán"

El Gobierno y el PSOE siguen respaldando a José Luis Rodríguez Zapatero. De eso no hay dudas. Y continuarán haciéndolo, porque sienten que se lo deben, mientras no aparezca "material probatorio" contra él. Pero, después de haber examinado el auto de 88 páginas del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, entienden que deben rebajar uno de sus argumentos de contraataque iniciales, el de la denuncia de una persecución judicial. Dicho de otra manera, ya no hablan de la posibilidad de lawfare, de una cacería de la Justicia contra los socialistas. En la Moncloa son conscientes de que la resolución del magistrado "es sólida", que ha hecho un "esfuerzo" por sustentar la citación del expresidente como investigado el próximo 2 de junio, pero añaden que no hay "pruebas concluyentes" que le incriminen de manera inequívoca y directa.

Si se rebobina un año, Pedro Sánchez, su Ejecutivo y su partido se encontraron con un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil demoledor. Con transcripciones de grabaciones y mensajes en los que el protagonista era Santos Cerdán, entonces secretario de Organización de los socialistas. Con el secreto de ese rotundo dosier sobre la mesa, el presidente actuó. Pese a que él (y todos en su equipo) le había defendido con vehemencia, le echó de su cargo y le pidió su acta. Todo se precipitó en cuestión de muy pocas horas aquel 12 de junio. Cerdán acabó en prisión provisional unos días más tarde —el 30 de junio— y allí permaneció hasta finales de noviembre, casi cinco meses.

En el Ejecutivo sostienen que la situación hoy con Zapatero "no es la misma que con Cerdán", y por eso la respuesta política no puede ser la misma ni ha sido la misma. De hecho, Sánchez este miércoles, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, replicó tanto a Alberto Núñez Feijóo como a Gabriel Rufián que el expresidente cuenta con "todo" su apoyo y pidió "respeto a la presunción de inocencia". "Pero leído el auto, nos tranquilizamos. Es un auto embrionario, que no aporta pruebas concretas", "concluyentes contra Zapatero", señalan en la Moncloa.

Si esas actuaciones estuvieran sustentadas estarían en el auto", arguyen en la Moncloa, donde insisten en que nada prueba aún que hubiera tráfico de influencias o que tuviera una red societaria

Lo que sí hay son "indicios", admiten. Pero hasta ahí. Conversaciones "de terceros" que citan al exmandatario socialista, pero no grabaciones en las que él sea el protagonista, ni mensajes o correos electrónicos escritos por él o por orden suya, ni capturas comprometedoras. "Entendemos que si esas acusaciones estuvieran sustentadas estarían en el auto", apuntan en la Moncloa. La resolución, siguen, "no incluye nada que incrimine a Zapatero y que constate ese presunto tráfico de influencias. No participaba de ningún entramado societario".

Aunque falten esas pruebas —no tiene por qué haberlas, todavía la causa se está instruyendo—, en el corazón del Ejecutivo sí reconocen que Calama "no es el juez [Juan Carlos] Peinado". Es decir, que el escrito del magistrado de la Audiencia no es ninguna "aberración jurídica", como sí entienden que lo es toda la instrucción del juez que conduce la causa contra Begoña Gómez, la mujer del presidente, y al que el Gobierno y el partido han combatido con dureza. Calama, en cambio, sí hace un "esfuerzo" para apoyar las razones por las que llama a declarar como imputado a Zapatero el 2 de junio. El auto es "serio", "sólido, plantea indicios, pero sin pruebas directas contra él, así que vamos a esperar a ver qué declara él el día 2, pero no existe esa parte que sí teníamos en el informe de la UCO de Cerdán y por la que le echamos. Con estos indicios, no podrían condenar a Zapatero", razonan dos fuentes de primer nivel del Gobierno.

En el Ejecutivo piden esperar a que Zapatero declare como investigado el próximo 2 de junio y se defienda, pero sostienen que con lo que figura en el auto la Justicia "no podría condenarle"

¿Y qué sucede si esas pruebas acaban aflorando, si la investigación va cercando al expresidente? Todos en el PSOE asumen que ese sería el peor escenario, que sería un "golpe terrorífico", por la relevancia que tiene en el conjunto del partido o, como decía el propio Rufián en el pleno, en toda la izquierda. Zapatero no es uno más. Es la referencia indiscutible de los progresistas, el "faro moral", que decía Feijóo. Por eso, y por el respaldo incondicional que el exmandatario ha prestado a Sánchez incluso en sus momentos más difíciles, el Ejecutivo y el PSOE se sienten compelidos a defenderle. Al menos, en esta fase procesal.

Si todo cambia, también evolucionaría ese respaldo de los socialistas, señalan desde el círculo del presidente. Pero ahora toca prudencia, ir "paso a paso", esperar si hay o no algo más. "Nosotros somos prudentes. Máximo respeto a la Justicia pero ahora mismo, con lo que hay, defensa cerrada. Esto es lo que tenemos sobre la mesa y nos mantenemos firmes en la creencia de la inocencia de Zapatero", alegan fuentes de la Moncloa, advirtiendo de que este proceso será muy largo judicialmente.

Ayer, cuando saltó la noticia, Ferraz lanzó un duro comunicado en el que recogía aquello de "el que pueda hacer, que haga" de José María Aznar, cuando espoleaba a la derecha, cada uno en su ámbito, a hacer todo lo posible para derribar a Sánchez por haber pactado la ley de amnistía. "El que pueda hacer, que haga', llevado a su máxima expresión", escribió la número tres de los socialistas, Rebeca Torró.

Esgrimen desde el Gobierno que lo que hay son conversaciones de terceros, referencias que hablan del expresidente, no grabaciones ni capturas. Con las horas, vieron que no podía hablarse de 'lawfare'

Ahora, en la Moncloa muestran mucha más cautela. No solo porque se entiende que la actuación del juez ha sido concienzuda, sino porque en frío, leído el auto, creen que el cerco sobre Zapatero no es tan claro. "No es tan evidente como cuando saltó la noticia a primera hora, como cuando a las 12.30 se publicó un resumen del auto", arguyen. Y añaden que el error tal vez estuvo en la necesidad de reaccionar rápido a la noticia, como pedían los medios, sin tener el auto en las manos, que se conoció ya por la tarde.

También el Gobierno ha rectificado en una evidencia: la portavoz, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, insistía en el "origen" de la causa, una denuncia presentada "por una organización ultra", Manos Limpias, para desacreditarla. Pero no era verdad, porque esa causa original se sobreseyó por un defecto de forma en enero de 2023, y en 2024 fue la Fiscalía Anticorrupción la que pidió reabrirla por la petición de colaboración de Francia y Suiza, que habían detectado un flujo de dinero procedente de la corrupción chavista que podía estar blanqueándose en Europa, en este caso a través del rescate de Plus Ultra.