El Gobierno, abocado a permitir que Plus Ultra retrase la devolución de las ayudas públicas

El rescate público de la aerolínea Plus Ultra vuelve a estar bajo los focos tras la imputación del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por tráfico de influencias y blanqueo de capitales. El Gobierno de Pedro Sánchez otorgó en 2021 a la compañía un préstamo ordinario 19 millones y otro participativo de 34 millones tras el golpe sufrido por la pandemia de coronavirus.

La firma fue considerada como "estratégica" pese a no tener casi aviones. Consiguió pasar los filtros de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para beneficiarse de la ayuda pública de 53 millones otorgada por el Fondo de Ayuda a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE). Un fondo que también dio 475 millones a Air Europa, otros 200 a Volotea y 111 para Air Nostrum.

Los plazos de devolución se trazaron hasta 2026-2028, aunque la empresa aún solo ha devuelto 12 millones de euros en concepto de intereses. Fuentes conocedoras aseguran que ha habido conversaciones con el organismo público dependiente del Ministerio de Hacienda para flexibilizar el calendario de reintegro. Sobre todo, en una coyuntura marcada por la guerra de Irán y el correspondiente impacto en el precio de los combustibles que usan las aerolíneas.

La propia presidenta de la SEPI, Belén Gualda, reconoció hace unos días en una comparecencia en el Senado la posibilidad de ampliar el plazo de devolución del rescate. Algo con lo que buscaría mantener con oxígeno a la compañía y evitar su asfixia financiera y, por ende, que el Estado pierda definitivamente la posibilidad de cobrar los millones concedidos.

La investigación del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que instruye el caso Plus Ultra, pone en cuestión el procedimiento seguido para la adjudicación del polémico rescate, cuya investigación judicial fue archivada en los tribunales en 2023 por un fallo procesal.

Pero el magistrado tiene muy en cuenta las pesquisas que se llevaron a cabo antes de aquel sobreseimiento. "Aunque la ayuda se justificó alegando que la empresa era estratégica y que no estaba en crisis antes de la pandemia, el análisis pericial determinó que ya llevaba un año en causa de disolución, con insolvencia y sin liquidez suficiente para operar", subraya Calama en su auto.

Maquillaje contable

La SEPI contrató a varios asesores legales y financieros para respaldar la concesión de la ayuda pública que, según apunta el juez, pudo haberse conseguido tras la intermediación del expresidente socialista Zapatero, que ha negado cualquier acción ilegal. "Los informes presentados por los asesores de SEPI fueron redactados para justificar la concesión del rescate, pese a que Deloitte señalaba dudas sobre la capacidad de la aerolínea para seguir funcionando y advertían de problemas graves de caja", insiste Calama.

Además, acusa a la compañía de "haber recurrido a diversas herramientas contables" para "para evitar que las cuentas reflejaran pérdidas que obligaran a la disolución". Entre ellas, hace referencia a "un supuesto préstamo participativo del grupo panameño Panacorp que en realidad obligaba a inmovilizar fondos en un banco de Dominica-, provisiones ajustadas y un canje de bañistas mediante el embargo de un
avión". "Todo ello permitía maquillar la situación patrimonial y evitar que los fondos propios aparecieran en negativo", concluye el magistrado.

Precisamente, Pedro Martín Molina, el único perito independiente que evaluó las cuentas de Plus Ultra en 2021 por encargo de la juez, cuestionó hace unos días en una entrevista en El Mundo que la compañía pueda devolver las cuantías en el período inicialmente establecido. "Es imposible que devuelva todo el rescate a corto plazo. Desde luego no para cumplir el plazo de 2028", sentenció. Así, considera que "Plus Ultra se convertirá en una empresa cuasi pública" pues no ve otra opción que convierta la ayuda concedida en capital social.

Cambios en el accionariado

Hace solo unos meses, el presidente ejecutivo de la compañía, Julio Martínez Sola, elevó su participación desde poco más del 1% hasta el 65% con la toma de los paquetes de Snip Aviation y Fly Spain. Estas eran sociedades instrumentales de inversores con doble nacionalidad (española y venezolana). Precisamente, los vínculos del accionariado con el régimen venezolano de Nicolás Maduro sirvieron en bandeja la bronca política por la concesión de las ayudas.

"No hubo procedimiento excepcional al margen de la norma; no hubo trato de favor ni injerencias indebidas; no hubo ayudas ilícitas. Hubo un proceso reglado, con controles, con informes y con condiciones muy estrictas que se han ido cumpliendo", aseguró Martínez Sola en una reciente comparecencia en el Senado. A finales de marzo, la compañía aseguró haber registrado en 2025 unos ingresos de 215 millones de euros y un beneficio neto de 2,5 millones.

En este sentido, desde la empresa defienden que se encuentran "al día en sus obligaciones con el organismo público y mantiene sus compromisos de devolución de los préstamos concedidos". De momento, la firma ha comenzado a revistar el plan de negocio trazado en 2021 a cambio de los préstamos para "adaptar las previsiones iniciales a un entorno que ha experimentado cambios significativos en los últimos años".