El Gobierno lleva varios días aferrado a una cifra: el 90 %.
El 28 de agosto, José Manuel Albares explicó en el Congreso que nueve de cada diez personas entradas irregularmente en Ceuta habían regresado a Marruecos durante las cuarenta y ocho horas siguientes. Lo presentó como prueba de la colaboración de Rabat. Sin readmisión, dijo en esencia, no habría sido posible aquel retorno.
Cuatro días después, la misma cifra aparece en el informe que el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras ha enviado a la Audiencia Nacional. La interpretación es muy distinta. Si la inmensa mayoría regresó a Marruecos pocas horas después de cruzar, razona el CENIF, quizá la finalidad migratoria fuera solo la apariencia de una operación concebida para colapsar la frontera española. Cuesta ver un proyecto migratorio en decenas de miles de personas que entran, permanecen unas horas y vuelven por donde han venido.
La cifra que Albares utilizó para absolver a Marruecos sirve ahora para demostrar hasta qué punto Marruecos controlaba el movimiento de ida y vuelta.
La magistrada María Tardón, de guardia cuando se produjo la entrada masiva, pidió informes a la Policía y a la Guardia Civil antes de decidir si existían indicios de un delito contra la independencia del Estado. La respuesta policial llegó el lunes. Es un informe preliminar, no una sentencia. Tampoco contiene una orden firmada en Rabat ni acredita quién tomó la decisión política. Entre los gendarmes de Castillejos y el palacio de Mohamed VI queda un tramo que la investigación deberá recorrer.
Pero lo que describe el documento está muy lejos de una simple pasividad fronteriza. Hay gendarmes que indican por dónde avanzar, grupos enviados hacia puntos concretos de la costa y hombres de paisano que vigilan el desarrollo de la operación y dan instrucciones a los propios agentes uniformados. El informe habla de un proceso organizado, con varias oleadas y perfiles distintos, cuyo propósito habría sido saturar primero el control fronterizo y desbordar después la capacidad española para atender a las familias, mujeres y niños que llegaron a continuación. También vincula lo sucedido con la reivindicación marroquí sobre Ceuta y Melilla.
Hay otros dos datos difíciles de apartar. El 29 de julio, el CENIF había distribuido una alerta que calificaba de «riesgo extremo» la posibilidad de entradas coordinadas por mar y por la valla. Y el intento anunciado para el 15 de agosto fue impedido por las autoridades marroquíes. Esto último lo contó el propio Albares como otro éxito diplomático.
Que Marruecos pudiera cerrar el paso el 15 de agosto no demuestra quién ordenó abrirlo el 30 de julio. Demuestra algo más sencillo: tenía capacidad para impedirlo
Que Marruecos pudiera cerrar el paso el 15 de agosto no demuestra quién ordenó abrirlo el 30 de julio. Demuestra algo más sencillo: tenía capacidad para impedirlo. La imagen de unas autoridades marroquíes sorprendidas y desbordadas resulta cada vez más difícil de sostener.
El 31 de agosto, Pedro Sánchez aseguró en la Cadena SER que no existía ninguna información de las Fuerzas de Seguridad ni del CNI que permitiera dudar de la actuación de Marruecos. Elogió su «cooperación instantánea» y señaló a las mafias, a las redes vinculadas a Rusia e Israel y a la extrema derecha internacional.
Ese mismo lunes, su Policía remitía a una magistrada un informe que decía lo contrario.
En la madrugada del miércoles, Grande-Marlaska escribió al director general de la Policía para preguntarle si el documento existía y desde cuándo disponía el cuerpo de aquella información. El ministro afirma que lo desconocía. Puede ser verdad. Su propia carta reconoce, sin embargo, que unos datos de esta gravedad debieron ponerse inmediatamente a disposición del Consejo de Seguridad Nacional y del Gobierno.
El escrito pretende defender al ministro, pero deja constancia del fallo. Si Marlaska desconocía lo que una unidad de su departamento estaba comunicando a la Audiencia Nacional, el problema ya no es una ocultación. Es una avería en la cadena de mando.
El Gobierno puede discutir las conclusiones del CENIF. Puede sostener que las imágenes no bastan para atribuir la operación al Estado marroquí o que unos agentes sobre el terreno actuaron sin órdenes superiores. Tendrá que demostrarlo. Lo que ya no puede repetir es que no existe ninguna información policial que arroje dudas sobre Rabat. Esa información existe, ocupa decenas de páginas y está en manos de una magistrada.
La declaración de Ceuta como situación de interés para la Seguridad Nacional hace todavía más difícil la excusa. El real decreto activó una coordinación reforzada entre Presidencia, Interior, Defensa, Exteriores, el CNI y el resto de los organismos implicados. Un Gobierno no puede declarar una crisis de seguridad nacional y alegar, una semana después, que sus departamentos permanecían incomunicados.
Un Gobierno no puede declarar una crisis de seguridad nacional y alegar, una semana después, que sus departamentos permanecían incomunicados
Se entiende la prudencia con Marruecos. España necesita su cooperación para controlar la frontera, luchar contra el terrorismo y el narcotráfico, gestionar las devoluciones y proteger unas relaciones económicas decisivas. Una acusación pública puede provocar que Rabat vuelva a abrir el paso y esta vez se niegue a readmitir a quienes crucen. La razón de Estado obliga muchas veces a negociar en voz baja.
Pero la prudencia no exige proclamar la inocencia del interlocutor. Y menos aún cuando se acusa públicamente a Rusia e Israel mientras se exige para Marruecos una prueba casi imposible: la orden escrita del palacio.
Es aquí donde aparece Pegasus.
En mayo de 2021, durante la anterior crisis con Marruecos, del teléfono de Pedro Sánchez fueron extraídos hasta 2,57 gigabytes de información. El móvil de Grande-Marlaska sufrió dos ataques en junio. No sabemos quién los ordenó ni qué información fue robada. La Audiencia Nacional archivó nuevamente la causa en enero de 2026 porque Israel desatendió las sucesivas peticiones de cooperación judicial.
La Audiencia Nacional nunca ha atribuido esas intrusiones a Marruecos. Afirmar que Mohamed VI chantajea al presidente sería escribir como hecho lo que nadie ha demostrado. No lo sabemos.
Sabemos otra cosa. El teléfono del presidente fue vaciado parcialmente en plena crisis diplomática con Rabat. Diez meses después, Sánchez modificó la posición histórica de España sobre el Sáhara mediante una carta personal dirigida a Mohamed VI. Ahora, cuando una unidad policial atribuye a agentes marroquíes la organización de una entrada destinada a colapsar Ceuta, el Gobierno vuelve a exculpar a Rabat y dirige sus acusaciones hacia otros países.
La sucesión de hechos no prueba por sí sola una relación causal. Sí obliga a formular una pregunta que Moncloa nunca ha respondido: ¿evaluó el Gobierno la posibilidad de que la información robada con Pegasus pudiera utilizarse para condicionar decisiones españolas sobre Marruecos?
No hace falta revelar secretos de Estado para responder. Basta explicar si ese riesgo fue analizado, qué conclusiones se alcanzaron y si el Consejo de Seguridad Nacional puede descartarlo. Quizá Pegasus no influyera en nada. Pero esa conclusión debe sostenerla el Gobierno con algo más que la confianza que pide a los ciudadanos.
También Europa merece una explicación. España solicitó a Bruselas más de treinta y dos millones de euros de ayuda de emergencia y pidió diez agentes adicionales de Frontex, además del apoyo de Europol y de la Agencia de Asilo. Son medidas necesarias para gestionar las consecuencias.
Un mes después, la Policía ha contestado. El Gobierno sostiene que conoció la respuesta por la prensa. Puede ser verdad. Si lo es, resulta casi peor
La Unión dispone, además, de un marco específico para estos casos. El Reglamento 2024/1359 contempla la instrumentalización de migrantes cuando un tercer país facilita su desplazamiento hacia una frontera exterior con intención de desestabilizar a un Estado miembro y pone en peligro funciones esenciales, como el orden público o la seguridad nacional. La definición europea se parece demasiado a las conclusiones del CENIF para fingir que pertenecen a asuntos distintos.
No consta que España haya pedido a la Comisión que valore lo ocurrido desde esa perspectiva. Solicitó dinero y agentes, pero evitó identificar ante sus socios al país al que sus propios policías atribuyen la operación. Si el informe está equivocado, deberá refutarlo. Si contiene indicios sólidos, tendrá que compartirlos con Bruselas.
Pedro Sánchez comparece mañana en el Congreso. No necesita anunciar una ruptura con Marruecos. Necesita decir qué información recibió antes del 30 de julio, cuándo conoció las sospechas sobre los agentes marroquíes, qué trasladó a la Unión Europea y si el riesgo derivado de Pegasus fue evaluado antes del giro sobre el Sáhara y después de esta nueva crisis.
Una magistrada pidió a la Policía que averiguase si detrás de la multitud que entraba en Ceuta había una operación contra la independencia de España. Un mes después, la Policía ha contestado. El Gobierno sostiene que conoció la respuesta por la prensa.
Puede ser verdad. Si lo es, resulta casi peor.
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