La vuelta al cole del Gobierno no ha sido precisamente feliz. Sin duda, este ha sido el peor inicio de curso para Pedro Sánchez desde que es presidente del Gobierno. ¡Y mira que ha tenido veranos malos!
La crisis por el asalto a la frontera de Ceuta ha añadido un motivo más de desgaste a los derivados de los casos de corrupción. Pero este ha introducido dos elementos nuevos que lo han convertido en políticamente transversal: ha puesto en evidencia la incapacidad del Gobierno para proteger su frontera sur; y ha confirmado que Sánchez tiene las manos atadas para actuar frente a Marruecos.
En Moncloa, no acostumbrados a la autocrítica, detectaron que el empeño tanto del presidente como de algunos ministros, especialmente Albares y Marlaska, en excluir a Marruecos de cualquier responsabilidad había sido contraproducente. El tímido viraje de Sánchez en el Congreso la semana pasada, al admitir que, si hubiese pruebas de su implicación, el Gobierno actuaría en consecuencia, no sirvió de mucho.
El lunes 7, el presidente se desayunó con una encuesta de 40DB en El País, el periódico favorito de los votantes socialistas, con un titular demoledor: "El 90% de la sociedad española culpa a Marruecos de la crisis de Ceuta". El segundo mensaje de los encuestados no era más tranquilizador: "El 63% cree que Sánchez lo ha hecho muy mal (49,9%) o mal (12,8%)".
En toda gestión de crisis por parte de un gobierno hay dos fases: la gestión de la crisis propiamente dicha, y la gestión de la comunicación derivada de esa crisis. Si vamos a la primera de esas fases, la cosa no puede ir peor. Después de 40 días, miles de inmigrantes (el número exacto se desconoce, aunque el Gobierno admite unas 5.000 personas) siguen en las calles y playas de Ceuta, sin que exista un horizonte temporal claro de cuándo se volverá la normalidad en la ciudad. Probablemente harán falta meses. Eso, tras haber prometido el ministro de Exteriores el pasado 11 de agosto que "todos los emigrantes que cruzaron la frontera ilegalmente" serían devueltos a Marruecos de forma inmediata.
Respecto a la comunicación, la encuesta de El País es la respuesta. La inmensa mayoría de los españoles cree que Marruecos está detrás del asalto y, además, cree que Sánchez lo ha hecho fatal.
El presidente no suele recibir de buen grado las críticas. Cree que lo ha hecho todo bien, como dijo la semana pasada en la Cadena Ser. Pero como la realidad se empeña en corregirle, ha puesto a su equipo a trabajar para "darle la vuelta" a las encuestas, que sitúan al PSOE, tras la crisis de Ceuta, con escasos 100 escaños y a la derecha (PP+Vox) por encima del 50% de intención de voto por primera vez. De ahí, la ofensiva mediática que empezará mañana en el programa Mañaneros 360 de Televisión Española (decisión que ha enfurecido al consejo de informativos del medio público por entender que una entrevista con el presidente debería hacerse por los profesionales de la casa y no por los que trabajan para una productora externa). Después de hablar con Cintora y Esther Palomera, lo hará con el Gran Wyoming. Riesgos, los mínimos. Sánchez ha renunciado a convencer a nadie que no le vote; se conforma con mantener la confianza de los que empiezan a dudar de votarle de nuevo.
La ofensiva mediática de Sánchez y la desclasificación de documentos tienen un doble fin: eludir responsabilidades propias y exculpar a Marruecos
Lo va a tener muy difícil. En primer lugar porque el cambio respecto a la responsabilidad de Marruecos en el asalto a Ceuta es más cosmético que real. De hecho, el lunes, Marlaska volvió a insistir en que no hay ningún dato que apunte en esa dirección. Y si lo hubiere ya se encargaría él de difuminarlo. La desclasificación de 40 documentos anunciada este martes por el Gobierno tiene una doble finalidad: por un lado, demostrar que ningún organismo o cuerpo de seguridad le informó de que se avecinaba una avalancha de casi 80.000 personas; por otro, dejar a Marruecos fuera de toda duda de su responsabilidad en el asalto.
Así que habrá matices, pellizcos de monja, como el que propinó este martes Albares al advertir a Marruecos de que aquí no gusta eso de reclamar la soberanía sobre Ceuta y Melilla. Poco más. Es misión imposible fingir que se señala a Marruecos cuando no se quiere –o no se puede– incomodar a Mohamed VI.
La versión de Sánchez sobre los hechos (mafias, hackers israelíes y rusos, ultraderecha...) no se la cree nadie, ni siquiera sus más afines propagandistas. Pero lo peor del caso es que ahora hay una jueza en la Audiencia Nacional que está dispuesta a llegar hasta el fondo del asunto. El auto del 7 de septiembre desmonta con precisión y contundencia la versión conspiranoica del presidente. La invasión se planificó desde Marruecos y contó con ayuda de la gendarmería marroquí. Atacar a María Tardón y a la unidad policial (CENIF) que hizo el informe que más ha dolido al Gobierno no es el mejor camino para descubrir la verdad. Que la ministra portavoz, Elma Sáiz, haya avalado la descalificación a la imparcialidad de Tardón por parte de Óscar Puente demuestra hasta qué punto esa investigación penal preocupa al equipo del presidente.
De nuevo, el Gobierno arremete contra la Justicia cuando los jueces hacen su trabajo. Nada nuevo en el modus operandi del presidente.
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