Hay una tradición española de discutir con Marruecos como se discute en un bar de pueblo: en voz alta, con razones de sobra y sin escuchar ninguna. Contra esa tradición escribe Tahar Ben Jelloun en El País el 19 de septiembre de 2026, y hay que agradecérselo: su «España-Marruecos, superar la crisis» pide bajar la voz y volver a la mesa. El tono es el de un consejero familiar paciente. El contenido, menos.

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Ben Jelloun sostiene, en esencia, cuatro cosas: que la derecha española ha inventado acusaciones contra Marruecos para desgastar a Pedro Sánchez; que Rabat no tuvo nada que ver con la entrada masiva de migrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio, unos jóvenes, la fiesta del Trono, la vigilancia relajada; que buena parte de las críticas españolas son racismo histórico disfrazado de preocupación fronteriza; y que Ceuta y Melilla están «en territorio marroquí», como Gibraltar en España, y deberían devolverse para cerrar una anomalía colonial.

Todo eso se ordena alrededor de una frase que el artículo eleva a evidencia: «No es normal que la frontera europea esté en territorio africano». El diálogo entre los dos países es necesario; nadie sensato lo discute. Pero la conclusión no lava las premisas. Y las premisas, aquí, no aguantan un examen sereno.

Lo que dice una investigación que aún no ha concluido

Ben Jelloun escribe que «la conclusión de las investigaciones» españolas absuelve a Marruecos. La frase tendría que pesarle. El Parlamento Europeo, en su resolución del 17 de septiembre⁠, habló de una investigación judicial nacional todavía en curso y pidió apoyarla plenamente. Llamar conclusión a lo que sigue abierto no es rigor más bien prisa.

Sánchez dijo que no tenía pruebas concluyentes de una operación dirigida desde Rabat. Eso no equivale a que se hubiera probado la ajenidad completa de las autoridades marroquíes. Según la información de Reuters sobre las pesquisas⁠, un informe policial describía una pasividad inusual y recogía testimonios e indicios de facilitación por agentes marroquíes. Indicios que pueden confirmarse, matizarse o caer. Para eso existe una investigación.

Y luego están las imágenes, que dieron la vuelta al mundo y no necesitan traducción diplomática. En ellas no se ve solo a una policía desbordada. Se ve a agentes uniformados señalando el camino, conduciendo a grupos hacia pasos concretos de la frontera, mientras otras personas ordenan y encauzan la marea humana. El propio El País, al informar sobre el informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras⁠, reconoció que la Policía había identificado en las grabaciones a gendarmes guiando a los migrantes hacia el Tarajal. Una cámara no dice quién ordenó en Rabat. Pero desmiente la imagen de una multitud espontánea que tropezó por casualidad con una frontera sin vigilancia.

Conviene decirlo con todas las letras: Marruecos no es un Estado con una administración porosa

Conviene decirlo con todas las letras: Marruecos no es un Estado con una administración porosa. Tiene un aparato de seguridad centralizado, una implantación territorial extensa y una capacidad preventiva reconocida en medio continente. Una movilización de decenas de miles de personas, cocinada en las redes, encauzada hacia puntos concretos y sostenida durante dos días, difícilmente ocurre a espaldas de ese aparato. Afirmar que hubo una orden política exige pruebas que aún se investigan. Sostener que todo sucedió sin que los servicios marroquíes se enteraran exige, a estas alturas, una fe bastante mayor.

Hay cuatro grados posibles en este asunto: conocimiento, tolerancia, facilitación y dirección. La investigación tiene que determinar hasta dónde se llegó y quién decidió. Ben Jelloun se salta los cuatro escalones y dicta sentencia absolutoria en la antesala.
La fiesta del Trono tampoco es una coartada automática. Que muchos agentes estuvieran destinados a otros actos explica una vigilancia menor; no prueba que nadie tolerara o canalizara nada. Una explicación posible no es una absolución.

El dato político importa tanto como el policial. El Parlamento Europeo calificó la instrumentalización de la migración irregular como presión híbrida y dejó escrito que la soberanía y la integridad territorial de Ceuta y Melilla, ciudades españolas y europeas, están fuera de discusión. Se puede discrepar de la resolución. Lo que no se puede hacer es fingir que solo existe una lectura posible y que las investigaciones ya la consagraron.

El racismo existe; no es un argumento territorial

Ben Jelloun recuerda episodios reales y vergonzosos de racismo contra marroquíes en España. Existieron, existen, y deben denunciarse sin paliativos. Pero de esa denuncia no se desprende nada sobre Ceuta y Melilla.

El racismo de una persona no vuelve falsa cualquier frase que pronuncie, del mismo modo que el antirracismo de otra no vuelve verdaderas todas sus tesis históricas. Identificar los prejuicios del interlocutor puede explicar su discurso; no demuestra ni refuta un título de soberanía. Y hay en el artículo una generalización que huele a trampa: atribuir a España una hostilidad ancestral y casi uniforme hacia «los moros» para desactivar de antemano cualquier crítica a Rabat. Criticar al Gobierno marroquí no es despreciar al pueblo marroquí. Investigar a sus autoridades no es islamofobia. Defender la soberanía española no convierte a nadie en racista. Si se quiere un diálogo adulto, hay que empezar distinguiendo entre una sociedad, sus ciudadanos y el poder que los gobierna.

«Devolver»: la palabra que hace el trabajo sucio

El recurso decisivo del artículo es semántico, y está ejecutado con elegancia. Ben Jelloun escribe que Ceuta y Melilla están «en territorio marroquí»; después pide que sean «devueltas». Pero eso, que sean marroquíes, es exactamente lo que tendría que demostrar. Estar geográficamente en el norte de África no significa estar jurídicamente en Marruecos. África es un continente. Marruecos es un Estado con fronteras determinadas.

La historia, que aquí no admite resúmenes cómodos, es tozuda. Portugal conquistó Ceuta en 1415; su soberanía pasó a España en el siglo XVII y Portugal la reconoció en el Tratado de Lisboa de 1668. Melilla está bajo soberanía española desde 1497. Ambas fechas preceden en varios siglos al Protectorado español, establecido en 1912, y a la independencia marroquí de 1956. Ceuta y Melilla no formaron parte del Protectorado. No eran, por tanto, territorios que España debiera transferir al nuevo Estado cuando aquel régimen terminó.

Eso no significa que antes de los siglos XV y XVI las ciudades no estuvieran nunca bajo poderes magrebíes. Lo estuvieron, como innumerables ciudades europeas, africanas y mediterráneas pasaron por soberanías sucesivas a lo largo de los siglos. La formulación históricamente sólida es otra: España no recibió Ceuta y Melilla del Marruecos independiente, ni las adquirió en el reparto colonial de los siglos XIX y XX. Por eso, «devolución» no describe un hecho; introduce de contrabando la conclusión que está en discusión.

Cinco siglos no resuelven solos toda controversia, pero impiden presentar estas ciudades como restos del Protectorado. Y el presente constitucional tampoco es un detalle menor: Ceuta⁠ y Melilla⁠ son ciudades autónomas, parte integrante de España, con ciudadanos españoles, instituciones electas y representación política. Sus habitantes no son muebles que un Gobierno pueda trasladar de piso para que la relación con el vecino mejore.

Europa no termina donde termina el mapa

La frase «no es normal que la frontera europea esté en territorio africano» confunde dos cosas distintas: el continente y la Unión Europea como comunidad jurídica y política. Una frontera de la Unión puede estar fuera de la Europa continental porque varios Estados miembros tienen territorios ultramarinos. No existe norma alguna que obligue a los Estados a ser compactos, continuos o monocordes con un mapa escolar.
La propia Unión reconoce nueve regiones ultraperiféricas⁠ que forman parte integrante de ella: las Canarias; las Azores y Madeira portuguesas; y las francesas Guadalupe, Guayana Francesa, Martinica, Mayotte, Reunión y San Martín. La Guayana Francesa está en América del Sur: la Unión Europea tiene allí fronteras terrestres con Brasil y Surinam. Mayotte y Reunión están en el océano Índico; Guadalupe, Martinica y San Martín, en el Caribe. Ninguna deja de ser europea por no estar en Europa.

En el Pacífico hay más: Nueva Caledonia, Polinesia Francesa y Wallis y Futuna, territorios franceses vinculados a la Unión como países y territorios de ultramar —bajo soberanía francesa, asociados a la UE, pero no parte de su territorio como las regiones ultraperiféricas. La distinción, recogida en el artículo 355 y el anexo II del Tratado de Funcionamiento de la UE⁠, refuerza el punto: la relación entre soberanía, pertenencia europea y geografía admite varios estatutos. No obedece a la regla rudimentaria que propone Ben Jelloun.

Que Ceuta y Melilla estén en África es un dato geográfico. Llamarlo «anormal» es una preferencia política disfrazada de principio internacional.

Gibraltar no es un espejo; es un espejismo

La comparación con Gibraltar es, para un lector español, casi un reflejo condicionado: mencionar Ceuta y Melilla y esperar que alguien diga «como ustedes con el Peñón». Retóricamente muy cómoda, pero jurídicamente insuficiente. Gibraltar fue cedido por la Corona española a la británica en el Tratado de Utrecht de 1713 y figura en la lista de territorios no autónomos de las Naciones Unidas, cuyo proceso de descolonización sigue examinando la organización. Ceuta y Melilla no figuran en esa lista y tienen el estatuto interno de ciudades autónomas plenamente integradas en España.

La Asamblea General de la ONU⁠ mantiene a Gibraltar en su agenda de descolonización; a Ceuta y Melilla, no. España, que lleva tres siglos reclamando Gibraltar con el Derecho en la mano, no puede permitirse el lujo de que le hagan lo mismo con un argumento falso. Esto no obliga a aceptar cada posición española ni liquida toda reivindicación marroquí. Demuestra que los tres territorios no comparten categoría jurídica internacional. Una analogía no se convierte en identidad por repetirla.

Y hay una ausencia delatora en el razonamiento: la voluntad de los habitantes. No se puede invocar los valores democráticos del siglo XXI para impugnar soberanías antiguas y proponer, en el mismo movimiento, que decenas de miles de ciudadanos pasen de un Estado a otro como una finca que cambia de dueño. Cualquier discusión responsable empieza por reconocer sus derechos, su ciudadanía y su capacidad de decidir su futuro.

Cooperar no es aceptar el relato del vecino

España necesita una relación estable con Marruecos. La cooperación migratoria, económica, policial y antiterrorista protege intereses legítimos de ambos. Y Marruecos necesita a España y a Europa tanto como España necesita a Marruecos. Esa interdependencia debería fundar una relación entre iguales, no una liturgia en la que solo Madrid demuestre su amistad mediante concesiones, un vicio viejo de nuestra diplomacia, que confunde la cortesía con la debilidad y la cesión con la generosidad.

El realismo de verdad es este: cooperar sin renunciar a los hechos, esclarecer cualquier instrumentalización de seres humanos, respetar las fronteras mientras no exista un acuerdo legítimo para modificarlas. El diálogo no obliga a nadie a adoptar el vocabulario del otro. Mucho menos a llamar «devolución» a una cesión territorial, o «anomalía» a una ciudad española por estar al otro lado del Estrecho.

Ben Jelloun acierta al pedir serenidad. Se equivoca al usarla como sinónimo de silencio. Acierta al defender la amistad entre los pueblos. Se equivoca al querer construirla sobre una falsificación histórica y una presunción permanente contra España.

La conclusión cabe en dos frases, y conviene decirlas sin estruendo, que es como se dicen las cosas que duran. Ceuta y Melilla están en África, pero no por ello están en Marruecos. La geografía indica dónde se encuentran; no decide a quién pertenecen. De eso, en este país que lleva siglos mirándose el ombligo desde ambas orillas del Estrecho, deberíamos saber algo.