El Ministerio de Industria, Energía y Turismo aceleró la apertura del expediente sancionador a Seat por el trucaje de los motores después de que la Comisión Europea amenazara a los Estados miembros con posibles sanciones por la lentitud a la hora de castigar el fraude y salir en defensa de los derechos de los consumidores, vulnerados por el grupo Volkswagen.

El apercibimiento lo lanzó el pasado 12 de septiembre la comisaria europea de Mercado Interior, Industria y Empresa, la polaca Elzbieta Bienkowska, cuando compareció ante la comisión de investigación constituida en el Parlamento europeo para depurar responsabilidades por el escándalo provocado por la manipulación de los motores a través de un programa informático para trucar las emisiones de óxido de nitrógeno (NOx), fraude que afecta en España a cerca de 700.000 vehículos diésel de las marcas Volkswagen, Audi, Skoda y Seat.

La Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa ha informado de la apertura del expediente, desvelado este jueves por El Independiente, en un informe fechado el 19 de septiembre que había solicitado la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) -dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad- después de que Facua-Consumidores en Acción solicitase que se tratara el dieselgate en la reunión plenaria que el Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) celebró el pasado martes.

Esta organización de consumidores, que ejerce la acusación en la causa abierta contra la matriz de Volkswagen que investiga el Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional, no tiene dudas de que el Ministerio de Industria ha movido ficha ante la amenaza de Bruselas. La posible sanción, que podría oscilar entre los 3.005,06 y los 601.012,10 euros en función de si el instructor tipifica la posible infracción como leve, grave o muy grave, se dirige contra Seat porque es la única con homologaciones en España de todas las marcas del grupo Volkswagen.

Los consumidores creen que la medida es «insuficiente» y piden al Gobierno más firmeza

Con todo, Facua entiende que la medida acordada por Industria es «insuficiente» al tener varios recursos a su alcance que no ha utilizado para poder resarcir el daño provocado por el fabricante automovilístico al engañarle en las homologaciones y defraudar a los propietarios de los vehículos afectados. En este sentido, insta al Gobierno a llevar a los tribunales a la multinacional por fraude masivo -como han hecho ya Estados Unidos y Australia- o al menos a personarse en el procedimiento penal que instruye la Audiencia Nacional.

La CNMC sigue sin resolver

Asimismo, la organización critica que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) siga sin aclarar si abrirá expediente sancionador al grupo Volkswagen tras la denuncia que presentó cuando estalló el escándalo hace ahora justo un año, al tiempo que lamenta que la Aecosan no haya instado a las autoridades de Consumo de las 17 comunidades autónomas para que también tomen medidas contra la multinacional alemana. Hasta el momento, sólo los Gobiernos de Andalucía, Galicia y Castilla-La Mancha han abierto expedientes sancionadores.

«¿De verdad España quiere hacer creer que con la apertura del expediente a Seat ya ha cumplido con sus obligaciones? Bruselas debería sancionarla si el único paso que da es éste», declaró a este diario Rubén Sánchez, portavoz de Facua.

También desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) insisten en la necesidad de que las autoridades españolas comiencen a colaborar «de manera real» con la Comisión Europea para que se puedan esclarecer los hechos y que el grupo Volkswagen compense económicamente a los propietarios de vehículos que «han sido engañados con la instalación de un software ilegal».