Sin llegar al pánico, la preocupación dentro de Seat por el futuro de la compañía es creciente, y ha subido un escalón este jueves tras desvelar El Independiente que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha abierto un expediente sancionador por el fraude de las emisiones. Una inquietud con un ojo puesto en el consorcio Volkswagen con sede en Wolfsburgo (Alemania), al que pertenece la firma española, el cual está en el origen del escándalo del software manipulado destapado justo hace un año por autoridades estadounidenses y que afecta a 11 millones de vehículos del fabricante germano en todo el mundo.

Con las acciones de VW desplomándose, la histórica fábrica barcelonesa de Martorell vive un tiempo de bonanza sin parangón, con un beneficio de 93 millones en el primer semestre de 2016 que empresa y sindicatos califican de “histórico”. La crisis de Volkswagen no ha afectado a corto plazo a Seat. Por el contrario, atraviesa un “proceso de subida de producción” que ha facilitado la contratación de 450 empleados fijos desde diciembre de 2014 hasta ahora, al tiempo que se ha firmado un convenio satisfactorio entre la dirección y los trabajadores. De hecho, los coches más vendidos en lo que va de año son el Seat León y el Seat Ibiza (casi 50.000 unidades entre ambos).

Pero el miedo está en el cuerpo de la plantilla de 14.000 trabajadores (casi todos en Barcelona), que genera otros 97.000 empleos indirectos. “Financieramente, sabemos que vamos a quedar tocados por los litigios que han de resolverse”, lamentan desde el comité de empresa. En el aire planea la multimillonaria multa que impondrán con total seguridad las autoridades de Estados Unidos, las que detectaron el engaño masivo que no fue capaz de ver la Unión Europea.

El comité de empresa teme que el ‘caso Volkswagen’ congele inversiones en España

Seat fabricó 700.000 de los 11 millones de coches con el programa informático manipulado. Y la dirección de VW va a redefinir todas las inversiones financieras a futuro en una trascendental reunión del consorcio que tendrá lugar en noviembre en Alemania. “Y esto afecta a España, claro. En el horizonte teníamos una inversión prevista para mejorar la caja de cambios de seis velocidades, lo cual supondría más empleo. La inversión ahora está en entredicho”, comentan.

Un portavoz de Seat ha confirmado este jueves a este periódico que les “consta el expediente” pero eludió hacer valoraciones invocando que el caso se investiga judicialmente. “Estamos a la completa disposición y colaboramos, como siempre, con las autoridades”, señaló.

Las mismas fuentes indicaron que, hasta la hecha, ya han sido llamados a revisión en torno al 30% de los vehículos Seat en el mundo equipados con el motor EA189, correspondiente a las versiones 1.2 y 2.0. Se está a la espera de que se empiecen a llamar a los propietarios de los vehículos con motor 1.6, si bien las fuentes no pudieron ofrecer una fecha concreta de cuándo está previsto que termine el proceso de revisión.

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha abierto un expediente sancionador al fabricante automovilístico Seat por la manipulación de los motores a través de un programa informático para trucar las emisiones de óxido de nitrógeno (NOx), fraude que afecta en España a cerca de 700.000 vehículos diésel de las marcas Volkswagen, Audi, Skoda y Seat. El Gobierno mueve ficha casi un año después de que estallara el dieselgate.

Atendiendo a la Ley de Industria, la normativa de aplicación, el fabricante automovilístico puede enfrentarse a una sanción que oscila entre los 3.005,06 y los 601.012,10 euros, en función de si el instructor tipifica la posible infracción como leve, grave o muy grave.

El Independiente ha podido confirmar en fuentes conocedoras del procedimiento la apertura del expediente conforme a la Ley de Industria y que la empresa ha presentado ya las alegaciones, en estudio por parte de Industria (las funciones las asumió el Ministerio de Economía y Competitividad tras la dimisión de José Manuel Soria el pasado 15 de abril). La acción se dirige contra Seat porque, de todas las marcas del grupo Volkswagen, es la única con homologaciones en España. Los vehículos Audi y Volkswagen, por ejemplo, los convalida el Gobierno alemán.

Industria mueve ficha casi un año después para evitar que prescriban las infracciones

Las fuentes explicaron que previsiblemente el procedimiento que puede acabar en sanción tendrá que suspenderse a la espera de que haya un pronunciamiento firme en las actuaciones penales que ya instruye la Audiencia Nacional contra la matriz en Alemania del grupo Volkswagen -Volkswagen AG- por la presunta comisión de delitos de estafa, publicidad engañosa, fraude en subvenciones y contra el medio ambiente. Con la apertura del expediente, Industria busca parar el reloj y evitar así que puedan prescribir las posibles infracciones administrativas.

Hace justo un año, tras la investigación que puso en marcha la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) a raíz de la denuncia de una ONG, la multinacional alemana admitió que falseó 11 millones de vehículos que circulan en todo el mundo -equipados con el motor EA189- mediante la utilización de un software que reducía las emisiones de óxido de nitrógeno en las pruebas de homologación.

España concentra el 6% de los coches

En el caso de España, según cifró un portavoz el pasado mes de octubre, el grupo automovilístico ha identificado 683.626 vehículos -un 6% del total a nivel mundial- que montan el motor bajo sospecha. Desglosados por marcas, la distribución era la siguiente: 277.666 coches Volkswagen (incluidos los comerciales), 221.783 de los modelos Seat, 147.095 de Audi y 37.082 de Skoda. Lo que había que dilucidar es si todo el parque de la multinacional en el país tenía activado el programa informático que falseaba el nivel de emisiones contaminantes para proceder a su reparación.

En concreto, la treintena de modelos diésel afectados por el fraude de las emisiones son: Amarok, Beetle, CC, Jetta, Multivan, Passat, Scirocco, Sharan, Tiguan y Touran, de Volkswagen; A1, A3, A4, A5, A6, TT, Q3 y Q5, de Audi; Alhambra, Altea, Altea XL, Exeo, Ibiza, León y Toledo, de Seat; y Fabia, Octavia, Rapid, Spaceback, Scout, Superb y Yeti, en cuanto a Skoda.

Sólo en EEUU, el escándalo del trucaje de los motores tendrá un coste económico de más de 13.100 millones de euros para el grupo germano. En concreto, el fabricante tendrá que desembolsar entre 5.100 dólares (4.575 euros) y 10.000 dólares (8.975 euros) por vehículo -atendiendo al valor residual del coche- para recomprar unas 482.000 unidades afectadas. De extrapolarse el acuerdo a Europa, Volkswagen tendría que hacer frente en España a un gasto extraordinario superior a los 3.000 millones de euros.

Con la decisión del Ministerio de Industria de abrirle expediente sancionador, el fabricante alemán tiene ya abiertos varios frentes en España. De un lado, el titular del Juzgado Central de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, acordó el pasado 30 de junio abrir causa en calidad de investigado contra Volkswagen AG por su presunta participación en un delito de defraudación con perjuicio a una generalidad de personas, fraude de subvenciones y contra el medio ambiente.

Investigación penal en la Audiencia

En este procedimiento penal ejerce la acusación particular la organización Facua-Consumidores en Acción en nombre de casi 6.000 propietarios de vehículos afectados que reclaman una indemnización económica. A través de una plataforma que reúne a más de 43.000 afectados, Facua representa al mayor colectivo de víctimas del fraude de Volkswagen de la Unión Europea.

De otro lado, esta organización ha presentado ante las autoridades de Consumo de las 17 comunidades autónomas denuncias contra la multinacional por fraude masivo al vulnerar la normativa. Hasta el momento, sólo tres gobiernos regionales han abierto expediente sancionador a Volkswagen: Andalucía, que fue la pionera el pasado mes de junio; Castilla-La Mancha y Galicia.

El portavoz de Facua, Rubén Sánchez, denunció el pasado lunes la “absoluta pasividad” del Gobierno español y la “inacción” de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y de la mayoría de autoridades autonómicas de Consumo. “Parece que los derechos de los consumidores víctimas de un fraude masivo no les importan nada a nuestros gobernantes, que ni siquiera han levantado la voz para instar a Volkswagen a pagar indemnizaciones a los consumidores”, criticó Sánchez. Éste lamenta que la UE no haya obligado ya a la multinacional alemana a resarcir a los propietarios de vehículos afectados, a semejanza del acuerdo alcanzado al otro lado del Atlántico.