«En todos los hombres está presente la corrupción: solo es cuestión de cantidades», decía el escritor y diplomático italiano Carlo Dossi. A partir del próximo lunes comenzará en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares el juicio contra los 66 imputados por las tarjetas black de Caja Madrid y Bankia. Nueve días más tarde, el 4 de octubre, será el turno de los 40 acusados en la vista del caso Gürtel, la trama de corrupción vinculada con el PP. Estas 100 personas pasarán de ser ciudadanos de los barrios más exclusivos de la capital a simples poligoneros. Durante meses y meses pasarán horas y horas sentados en los bancos del polígono Las Fronteras de San Fernando de Henares.

La Audiencia Nacional cuenta con dos sedes. Una ubicada en la céntrica calle de Génova, a unos pasos del edificio del Partido Popular, y otra en San Fernando de Henares. La primera ha sido rehabilitada durante tres años y su reforma ha costado 27 millones de euros. Sin embargo, a pesar de haber pasado de los 9.924 metros a los 14.600 metros cuadrados actuales no cuenta con salas que alberguen a un más de una veintena de acusados y a sus abogados.

Ir hasta la sala de vistas precisa de una organización previa para llegar y comer

Por ello, se mantiene abierta la sede en San Fernando de Henares (a 14 kilómetros de Madrid) que fue inaugurada en el 2009 para celebrar los llamados macrojuicios. Este edificio, ubicado en el polígono de las Fronteras, perteneció en su día a Galerías Preciados y fue adquirido por la Dirección General de Patrimonio a petición del Ministerio de Justicia que pagó por su reforma 11 millones de euros. Esta sede cuenta con dos salas gemelas con una capacidad para 150 personas cada una.

Las dos salas de lo penal que van a enjuiciar ambos casos han decidido que las vistas se celebren en San Fernando de Henares. Llegar a este edificio requiere una organización previa porque solo es accesible en vehículo particular o en el tren de cercanías y también un plan para reponer fuerzas, ya que no cuenta con cafetería sino con máquinas expendedoras de alimentos.

Para sentarse a mesa puesta hay que acercarse hasta un bar en San Fernando de Henares, Torrejón de Ardoz o comprar comida preparada en un supermercado al que se tarda en llegar unos cinco minutos andando.

El edificio está completamente aislado y cuenta con una sala de prensa y un pequeño patio para echar un cigarro que será sin duda uno de los puntos de encuentro de estas 100 personas que coincidirán desde el 4 de octubre cuando estén en marcha ambos procesos

Las tarjetas black

El juicio por las tarjetas black será el primero en levantar el telón. Los abogados de los 66 imputados apuran las horas previas a esta vista para mentalizar a sus clientes de la que se les viene encima. Los letrados coinciden en defender la inocencia de sus defendidos al asegurar que este sistema de pago es absolutamente legal y alegan que ha funcionado desde 1988 sin ningún tipo de problemas. No obstante, son conscientes de que la sociedad ya ha dictado sentencia. Por ello, confían en que los acusados aguanten el tipo cuando se les pregunte por sus gastos, algunos de ellos tan poco defendibles, como los realizados en tiendas de lujo, vinatecas, tiendas de muebles, salas de fiesta, o lencerías.

Los acusados queman sus últimos cartuchos antes del inminente inicio del juicio

El fiscal Alejandro Luzón solicita penas que oscilan entre el año y los seis años de prisión (Miguel Blesa) y ha aplicado la atenuante de restitución del daño por haber devuelto el dinero gastado con las black a 11 de los acusados. Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, ha realizado en los últimos días un guiño a la fiscalía al devolver, con dinero que ya estaba consignado en el juzgado, los 436.000 que se gastó entre el 2003 y el 2010.

Por su parte, otros imputados están presentando informes periciales para justificar cada euro cargado a la visa y algunos esperan que el fiscal Alejandro Luzón se apiade de ellos y les retire aunque sea en el último minuto, en su informe final, la acusación de apropiación indebida y les pase a la categoría de responsables civiles a título participativo, es decir, no han cometido el delito, pero se han beneficiado del mismo.

Los letrados aseguran que sus clientes están preparados para este largo juicio que tiene previsto terminar en Navidades, aunque algunos parece que empiezan a verse superados por su nueva vida de imputado en varios procesos y en distintos juzgados, como es el caso de Rodrigo Rato, según fuentes de su entorno.

Y es algunos de estos abogados sostienen que para la sociedad «este juicio es el epítome de la corrupción», no por la cantidad gastada, apenas 12 millones de euros desde el 2003 hasta el 2012, sino por el descontrol en gastarlos.

El PP en el banquillo

Los acusados comenzarán a declarar el 30 de septiembre y el 4 de octubre tendrán que madrugar para ahorrarse la cola que se va a organizar porque tendrán que pasar el habitual control policial junto a los 40 imputados en la pieza principal del ‘caso Gürtel que se enfrentan a una ristra de delitos y 25 personas y sociedades que ocuparán también banquillo como responsables a título participativo.

Es el caso  de Ana Mato (exesposa del exdiputado Jesús Sepulveda) o Gema Matamoros (exmujer del exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega) o el PP por el dinero que se ahorró en la campaña de las elecciones municipales del 2003 en los ayuntamientos de Pozuelo de Alarcón y Majadahonda en Madrid.

En el ‘caso Gürtel’ no se examinarán los papeles de Bárcenas que se verán en otra vista

Esta es la primera pieza de este complejo caso en el que ocupará banquillo, entre otros Luis Bárcenas, pero no para responder por sus papeles sino por sus relaciones con el grupo Correa. Los tentáculos de esta red alcanzan a casi todas las comunidades autonómas en las que gobernaba el PP como Madrid, Castilla-León, Estepona (Málaga) y Valencia. Correa, según la fiscalía anticorrupción, pagaba presuntamente suculentas comisiones a los políticos populares (senadores, extesoreros, exalcaldes, exconcejales) a cambio de adjudicaciones públicas.

Los acusados de ambos juicios estarán presentes en todas las sesiones por lo que en los próximos meses estarán en dos fronteras: en la del polígono y en la de la condena o la absolución.