La comisión judicial que investiga el caso del ‘pequeño Nicolás’ ha costado ya más de medio millón de euros al erario desde que el magistrado Arturo Zamarriego ordenó su creación hace ahora casi año y medio y puso al frente al comisario principal Marcelino Martín-Blas, destituido semanas antes como responsable de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional por participar en una reunión ilegal con agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y por ‘falsear’ pruebas presuntamente que comprometían a otro mando policial con el que estaba enfrentado.

No hay precedentes de la existencia de una comisión judicial con tantos medios como la que investiga por orden del Juzgado de Instrucción 2 de Madrid las actuaciones presuntamente delictivas de Francisco Nicolás Gómez Iglesias, detenido el 14 de octubre de 2014 por hacerse pasar por un alto cargo de la Vicepresidencia del Gobierno y que ya ha sido ya procesado por dicho juzgado por la comisión de los delitos de usurpación de funciones, falsificación de documentos, malversación de caudales públicos y cohecho. Casos de mucha mayor complejidad no han contado con un despliegue policial como éste.

Según ha podido confirmar Elindependiente.com, siete personas forman parte de esta delegación –hasta nueve en determinados momentos de la investigación–dirigida por un comisario principal (Marcelino Martín-Blas) y que cuenta con un inspector (Eladio Rubén López), tres subinspectores –un cuarto colaboró durante 10 meses–, un oficial y un agente (más el refuerzo de otro funcionario durante medio año).

En total, el funcionamiento de esta comisión judicial tiene un coste mensual de unos 27.400 euros (329.200 euros al año), cantidad que no incluye ni los vehículos que utilizan para realizar las funciones asignadas ni el alquiler de la vivienda que tienen como base de operaciones. Operan en un piso que la Fundación Policía Española tiene cerca del parque del Retiro, después de que se hubiera rechazado la primera ubicación propuesta –las dependencias que el cuerpo tiene en la calle Rafael Calvo–por estar dentro de un recinto policial.

El juez nombró jefe de la comisión a Martín Blas semanas después de cesar en Asuntos Internos

El Juzgado de Instrucción 2 de Madrid dictó una providencia el 21 de abril de 2015 por la que creó la citada comisión judicial, ordenando a los funcionarios policiales que le informaran a él exclusivamente de los avances de la investigación y prohibiéndoles que comunicaran a sus superiores cualquier dato que consiguieran como consecuencia de sus pesquisas. Atendiendo al coste mensual y el tiempo que lleva funcionando, el comando Marcelino ha supuesto ya un gasto superior al medio millón de euros.

En un escrito fechado el 23 de abril de 2015, el juez Arturo Zamarriego comunicó al director general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó, que había acordado la adscripción de Marcelino Martín-Blas como comisario principal de dicha comisión. La designación de este mando policial se producía menos de un mes después de que Cosidó lo hubiera destituido como responsable de Asuntos Internos.

Martín-Blas fue el mando que, a principios de octubre de 2014, recibió el encargo del entonces Director Adjunto Operativo (DAO), Eugenio Pino, de llevar a cabo la investigación en torno a Francisco Nicolás Gómez Iglesias. El hoy ex número dos de la Policía pensaba confiarle el caso a la Policía Judicial, pero Marín-Blas logró que se le asignara a él como responsable de Asuntos Internos con el argumento de que podría haber algunos policías implicados en los hechos.

El cese del comisario como responsable de esa unidad obedecía a varias razones. Por un lado, por haber participado en una reunión sin autorización en dependencias policiales con agentes del CNI –celebrada el 20 de octubre de 2014– que fue grabada y posteriormente difundida por varios medios de comunicación. En ese encuentro también estuvo presente el inspector Eladio Rubén López, otro de los mandos policiales que participan en la c0misión judicial bajo sospecha por falta de imparcialidad.

El ‘ex número 2’ de la Policía asegura que el comisario «falseó» un informe enviado al juez

En un escrito presentado ante el Juzgado de Instrucción 2 de Madrid el pasado 5 de septiembre, el ex DAO Eugenio Pino aporta otro motivo sobre la salida de Marcelino Martín-Blas de Asuntos Internos. Pino asegura que propuso al director general de la Policía Nacional la destitución porque el comisario envió “un informe falso a sabiendas” al juzgado que investiga el caso del pequeño Nicolás y que implicaba al ex comisario José Manuel Villarejo, con el que mantenía un abierto enfrentamiento.

Se refiere, en concreto, a la remisión de un informe fechado el 12 de diciembre de 2014 que identificaba “falsamente” al comisario Villarejo en el parque del Canal con el pequeño Nicolás. “Cuando el comisario principal Marcelino aparece en mi despacho con un pen drive diciendo que el comisario Villarejo se ha reunido en un parque con el sr. [Francisco] Nicolás Gómez Iglesias y lo visionamos, le dije que ése no era el comisario Villarejo fundando esta aseveración en razones antropométricas porque el comisario Villarejo tiene un problema de espalda y anda ‘encorvado’ y el señor del vídeo tiene un problema de cadera. Esto lo ha reconocido el propio comisario principal Marcelino en su declaración. A él le dio igual y remitió un informe falso a sabiendas a su Autoridad de lo que yo me enteré por la prensa”, explica.

En febrero de 2015, El Mundo ya desveló que la persona que el jefe de la comisión judicial identificó como Villarejo era Ángel N., un antiguo trabajador de una petrolera norteamericana varios años mayor que el comisario.