La que iba a ser la medida de presión definitiva para que el PSOE abriera la puerta a permitir la investidura de Mariano Rajoy, acabó convertida en una trampa, que el propio Grupo Popular ha tenido que enmendar. Esta semana presentará su proposición de ley para abordar una reforma puntual de la LOREG con la que impedir que los españoles acudan a votar el 25 de diciembre Navidad, reduciendo de 54 a 47 los días que deben mediar entre la convocatoria electoral y la celebración efectiva de la consulta.

La idea es registrar el texto de la proposición este mismo viernes para que pueda ser debatida y votada en el Congreso de los Diputados la semana del 18 de octubre, para su paso después por el Senado -que no podrá cambiar una coma para evitar ningún retraso- y sea publicada ene el BOE el 28 de octubre, tan solo dos días antes de la disolución automática de las Cámaras si no hay lara entonces nadie investido presidente del gobierno.

Ha sido una reforma coordinada con los ministerios de Presidencia e Interior, según ha podido saber El Independiente, nada sencilla, para soslayar el riesgo de que alguien pueda presentar un recurso contra la misma por entender que se están vulnerando derechos democráticos. El Gobierno, al estar en funciones, no puede presentar proyectos de Ley, por eso se canaliza a través del Grupo Popular.

La reforma se circunscribirá al caso de repetición electoral y no a los plazos ordinarios

La reforma de esta ley orgánica se circunscribirá, y así dejará constancia en el texto de la proposición, al caso de repetición electoral y no a la convocatoria ordinaria de comicios. Se elimina una semana de campaña, que pasa de quince a siete días, pero el resto de los plazos son intocables «salvo que en un futuro se constituyera una comisión legislativa que abordara a fondo su acortamiento», indican fuentes de Presidencia, convencidas de que esta reforma electoral puede ser la primera de una mucho más profunda que, paso, aclara todas las lagunas legislativas y de reglamento que la repetición de elecciones ha puesto de manifiesto.

Por ejemplo, sin necesidad siquiera de reforma constitucional, la Carta Magna permitiría acortar en menos de 47 días el plazo mínimo para la celebración de elecciones. En su artículo 68.4 establece que los comicios «tendrán lugar entre los treinta días y sesenta días desde la terminación del mandato». También indica que el Parlamento «electo deberá ser convocado dentro de los veinticinco días siguientes a la celebración de las elecciones». Nada dice, en cambio
Sobre en qué momento de producirse la consulta del Rey con los partidos con representación parlamentaria o convocarse el pleno de investidura.

No toca el voto por correo ni el CERA, tampoco la presentación de listas o de recursos

No habrá modificaciones en los plazos para el voto por correo, el voto de los residentes ausentes (voto CERA), ni para la presentación de candidaturas o de recursos, que son los aspectos más delicados y más susceptibles de ulteriores recursos si alguien decidiera entrar en esa dinámica, según ha alertado la subsecretaría de Interior al grupos popular; cuyo portavoz, Rafael Hernando; es el que lleva las conversaciones con el resto de los partidos.

En principio, es posible que ningún otro firme la proposición pero sí que la voten a favor. El PSOE delegó en todo momento la responsabilidad en el PP,y Ciudadanos no era partidaria de firmarla si no lo hacían otros grupos. Hernando tiene hasta este viernes para intentar negociar algún apoyo más y para eso mantendrá «contactos discretos», dicen en el Grupo con su homónimo Antonio Hernando, con Juan Carlos Girauta y con Íñigo Errejón.

Nadie quiere citar a los españoles a las urnas el día de Navidad, por eso, con la reforma se adelantaría justo una semana, al 18. La sensación de que el país está abocado a una nueva consulta electoral crece por días. «La cosa está un 85 a 15 a favor de la posibilidad de repetición de elecciones», afirman en Moncloa, aunque, al menos en público, nadie dice quererlas.