Probablemente una de las pocas sorpresas con las que Carles Puigdemont obsequió el miércoles a su público fue la renovación del compromiso convergente con una legislatura de 18 meses. Todo el arco político catalán, tanto el independentista como el constitucionalista, daba por sentada la formulación de algún tipo de promesa refrendaria para contentar a la CUP. Pero muchos –especialmente en su partido, la antigua Convergència- confiaban también en que una vez conseguido el apoyo necesario para aprobar las cuentas de la Generalitat, el Govern relajaría los “tiempos” autoimpuestos en el inicio de la legislatura. Esos 18 meses que obligan a concluir el mandato el próximo mes de julio.

Una relajación de esos plazos sería una gran noticia para una ex Convergencia en plena reconstrucción, con nuevo nombre -Partit Demòcrata Europeu Català- y nuevos liderazgos por consolidar. Y pendiente de la renovación de no pocas estructuras de poder, como demuestra la batalla abierta por el liderazgo del partido en Barcelona. Pero Puigdemont no ha atendido a esos requerimientos, al menos aparentemente, y se ha comprometido a cumplir el calendario, siempre que la CUP cumpla con los presupuestos.

Puigdemont ya ha advertido de que los próximos presupuestos no serán muy distintos a los rechazados en junio

Así las cosas, y tras el Debate de Política General que se celebrará estos 5 y 6 de octubre, el vicepresidente económico y líder de ERC, Oriol Junqueras, tendrá que echar toda la carne en el asador para convencer a los antisistema con unas cuentas de las que Puigdemont ya ha advertido que no podrán ser muy distintas a las rechazadas en junio. La fecha del 20 de diciembre, para el que el calendario del Parlament fija el último pleno del año, parece la más probable para el debate y votación definitiva si los “cupaires” llegan a permitir su tramitación.

Seis meses para construir estructuras de Estado

A partir de ese momento, el Gobierno catalán tendrá seis meses para construir esas estructuras de Estado con las que Puigdemont prometió pasar “de la autonomía a la independencia yendo de la ley a la ley”.  La Declaración del 9-N de 2015 ya fijaba como punto de partida del proceso hacia la independencia la redacción y aprobación de las leyes del proceso constituyente, de la seguridad social catalana y de la hacienda catalana. Esa resolución, que marcó el signo de la legislatura al dejar a JxS en manos de la CUP, sigue fijando el camino a seguir al president Puigdemont.

El catálogo de infraestructuras estratégicas anulado por el TC en julio vuelve a estar sobre la mesa

De esos tres textos, el Paramento catalán aprobó en julio la Agencia de Protección Social de Cataluña, el embrión de la futura Seguridad Social catalana. Pero el Tribunal Constitucional anuló el resto de las “estructuras de Estado” previstas el 9-N. El plan director de los sectores de la energía, las telecomunicaciones y los sistemas de información y del transporte ferroviario; la modificación del ya existente Servicio Meteorológico de Cataluña para darle competencias de navegación aérea; y las restricciones a la implantación de grandes establecimientos comerciales en los puertos públicos.

Ahora, el catálogo de infraestructuras estratégicas anulado por el Tribunal Constitucional en julio vuelve a estar sobre la mesa, si Puigdemont quiere realmente cumplir con lo prometido. Y a él se suma la preparación de un referéndum, que Puigdemont deja en manos de Junqueras para repartir convenientemente las responsabilidades –lo lógico sería que esta obligación recayera en la consejera de Gobernación, la convergente Meritxell Borràs-.  La primera semana de julio todo ese corpus legislativo debería estar listo y aprobado para convocar el referéndum el 17 o el 24 de septiembre.  Y llegado ese punto, el calendario estaría de nuevo en manos del Constitucional.