La Fiscalía Anticorrupción se resiste a alcanzar un acuerdo con Francisco Correa, jefe del ‘caso Gürtel, por cuestiones políticas, según fuentes judiciales. Estas fuentes han explicado que el responsable de esta trama de corrupción intenta arrancar un pacto al ministerio público para lograr una rebaja de la pena tras ofrecerse a tirar de la manta y restituir el dinero defraudado.

Estas fuentes han revelado que Corrrea quiere acabar de una vez por todas con su calvario judicial e intenta cerrar todos los casos en los que está imputado. El jefe de la red de corrupción se enfrenta a varios juicios, además del que se celebra estos días en la Audiencia Nacional, ya que la investigación de esta trama se ha dividido en varias piezas separadas.

Por ello, las conversaciones con la Fiscalía alcanzan a todos los procesos a cambio de una rebaja sustancial del tiempo que Correa debe pasar en prisión. En la pieza principal que se juzga ahora en la Audiencia Nacional se enfrenta a 125 años de cárcel.

Ingreso en prisión

El jefe de la red corrupta, según estas fuentes, ha asumido que debe ingresar en prisión por sus delitos, pero estaría dispuesto a aceptar una condena de dos años o dos años y medio que se sumarían a los cuatro que ya pasó en la cárcel tras ser detenido en el 2009.

Sin embargo, la Fiscalía está dispuesta a escuchar la confesión de Correa, pero no quiere comprometerse sobre la contraprestación por ese arrepentimiento. Por ello, fuentes de la defensa del jefe de la red corrupta han informado que aún no han tomado una decisión sobre la declaración de su cliente que podría llevarse a cabo la próxima semana

«¿Si no hay acuerdo cómo confesamos todo?», se preguntan. Las negociaciones entre Correa y la Fiscalía se pueden prolongar hasta el momento en que empiece su interrogatorio, según fuentes jurídicas.

Además, estas fuentes han criticado la posición de la Fiscalía que no ha tenido problemas en alcanzar un acuerdo con tres de los 37 acusados a los que ha ofrecido una rebaja de pena por haberse arrepentido.

Portazo político

Por ello, fuentes judiciales sospechan que Anticorrupción no cuenta con el aval de la fiscalía general del Estado por el «coste político» que tendría que asumir por este pacto. La fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, se ha mostrado contraria a alcanzar pactos en casos de corrupción, aunque ha autorizado conversaciones, por ejemplo, con Jaume Matas.

Otro de los problemas a los que se tendría que enfrentar Correa sería con las acusaciones populares. En la primera sesión de este juicio, el letrado que representa a la Comunidad de Madrid rechazó la pretensión de Correa que se ha ofrecido a devolver los 2,2 millones de euros que le reclama la Fiscalía. Sin embargo, la Comunidad de Madrid tasó el perjuicio causado por Correa al Gobierno regional en el doble.

El PP, como el resto de los abogados de las defensas, ha pedido la nulidad de todo el proceso

Francisco Correa ha cambiado de abogado y ahora le asiste el letrado Juan Carlos Navarro. Este abogado reconoció el pasado martes que renunciaba a presentar cuestiones previas como «gesto de buena voluntad» a la Fiscalía. Otros letrados también coquetean con la Fiscalía, aunque Luis Bárcenas ya ha anunciado que su estrategia no pasa por un pacto con la Fiscalía sino por «defenderse sin cargar contra nadie».

El PP delega en los grupos municipales

Por su parte, el abogado que representa al PP como persona jurídica, el ex fiscal de la Audiencia Nacional Jesús Santos, se ha opuesto a que el PP como partido responda de la financiación de las campañas electorales de los ayuntamientos de Pozuelo y Majadahonda (Madrid) por la red corrupta.

Este  abogado ha reconocido que los grupos municipales no tienen personalidad jurídica, pero una sentencia del Tribunal Constitucional permite que respondan procesalmente si se han beneficiado del delito. Además, este letrado ha acusado a la fiscalía de presentar un escrito de acusación «inconcreto» porque no detalla los gastos electorales que pagó Correa por lo que no pueden defenderse aportando facturas o las auditorías de los ayuntamientos para demostrar que los actos fueron sufragados por el partido y no por la red de corrupción.

Además, Santos ha seguido la misma estrategia que el resto de los defensores y ha pedido la nulidad de las actuaciones porque fueron instruidas por Baltasar Garzón que ha sido condenado por prevaricación por autorizar una escuchas en la cárcel de Correa y su número dos, Pablo Crespo, en la cárcel.

La sesión de este juicio se reanudará el próximo lunes después de que este miércoles los defensores hayan terminado de presentar sus cuestiones previas. Las acusaciones pública y popular les replicarán la próxima semana antes de que el tribunal decida si permite a los acusados que lo han pedido ausentarse de la vista y autorizan a que se cambie el orden de los interrogatorios para que declaren en primer lugar los tres acusados que han decidido colaborar con la fiscalía: Alfonso García Pozuelo, Jacobo Gordón y Roberto Fernández.