La sesión del martes en el juicio del caso Gürtel ha supuesto el inicio del rosario de testimonios que, a finales de esta semana, tendrá su momento estelar -al menos eso es lo que se espera- en la declaración del ‘cabecilla’ de la trama, Francisco Correa. El turno de la jornada ha sido para tres de los arrepentidos del proceso, los empresarios Jacobo Gordon y Alfonso García Pozuelo y el ex edil de Hacienda del Ayuntamiento de Pozuelo Roberto Fernández. En sus declaraciones, han salido a relucir como implicados los nombres de los ex alcaldes de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón, Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda.

El empresario Jacobo Gordon, el primer arrepentido en declarar, ha admitido que el ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega le dio 150.000 euros en dinero B para una inversión inmobiliaria, en la que el vendedor de los terrenos le pidió 750.000 euros en dinero negro. Gordon ha afirmado que el supuesto cabecilla de la trama, Francisco Correa, pagó otros 300.000 euros en negro para ese proyecto urbanístico en el que compraron un terreno por 5 millones, de los que el vendedor reclamó 750.000 euros en efectivo.

Una vez se terminó la promoción, Ortega y Correa, así como una tercera persona que aportó otros 300.000 euros, recibieron unos dividendos «en A» y su inversión se les retornó en dinero en efectivo, ha relatado.

García Pozuelo apunta a Sepúlveda

La defensa del empresario Alfonso García Pozuelo, ex propietario de Constructora Hispánica y que ya manifestó su arrepentimiento por sus delitos en Gürtel, se ha sumado a la estrategia de colaboración con la Justicia que este lunes escenificó el líder de la trama Francisco Correa y al igual que él ha declinado plantear cuestiones de nulidad de la causa.

El pasado mayo, García Pozuelo, considerado el primer arrepentido en esta causa, reconoció en su escrito de defensa el pago de comisiones a la trama a cambio de adjudicaciones en Pozuelo de Alarcón (Madrid) y manifestó su arrepentimiento por haber colaborado con Gürtel. Con esta confesión, el empresario pretende conseguir la rebaja de la mitad de la pena que reclama para él la Fiscalía, con lo que sólo sería condenado a dos años de cárcel, si bien para evitar ingresar en prisión, propone que se le sustituya por una multa de 432.000 euros.

La Fiscalía acusa a García Pozuelo de haber abonado comisiones al presunto cabecilla de Gürtel, Francisco Correa, a cambio de que éste intermediara a favor de su empresa para conseguir adjudicaciones públicas en Pozuelo, cuando era alcalde el también acusado Jesús Sepúlveda, ex marido de Ana Mato. Por su intermediación en las adjudicaciones, Sepúlveda, según Anticorrupción, percibió «como mínimo», entre 1999 y 2005, un importe total de 668.391 euros, de los que 449.017 fueron en efectivo, 50.331 en viajes y otros servicios.

En concreto, Constructora Hispánica resultó adjudicataria en marzo de 2008 del proyecto de remodelación y acondicionamiento del camino de las Huertas y también beneficiada de una subcontrata relacionada con el proyecto de obras de operación asfalto de 2004 a una UTE (Unión Temporal de Empresas), todo ello en la localidad de Pozuelo.

Por la primera adjudicación, García Pozuelo pagó a Correa una comisión de 49.591 euros, correspondiente al 3% del contrato, y por la segunda abonó al cabecilla de la red 15.900 euros. Aunque Anticorrupción no acusa a García Pozuelo por estos hechos, el escrito de acusación refleja el «reparto de fondos de Alfonso García Pozuelo» entre Bárcenas, Jesús Merino y Correa.

Roberto Fernández ha explicado que la trama financió la campaña electoral de 2003

Por su parte, el ex edil de Hacienda de Pozuelo de Alarcón Roberto Fernández ha explicado que la trama, a través del ex alcalde Jesús Sepúlveda, financió con al menos 100.000 euros la campaña electoral de 2003 a la que éste se presentaba como candidato a primer edil. En su declaración como testigo, este arrepentido del caso Gürtel ha detallado cómo en el despacho electoral de esa campaña aparecía de vez en cuando un hombre con dinero en metálico, una cantidad que llegó a los 100.000 euros, «lo cual para un Ayuntamiento de 80.000 habitantes era una cantidad bastante desorbitada», ha apostillado.

También ha narrado cómo Sepúlveda, ex marido de Ana Mato, les decía a los concejales las empresas del grupo Correa a las que tenían que adjudicar los contratos: «Hablaba con los concejales y nos decía: ‘Hay que dárselo a tal empresa’. Ha explicado que en el caso de contrataciones menores solían concurrir tres empresas todas de Correa, mientras que cuando eran contratos de más cantidad se le daba mucha importancia al criterio económico de manera que se adjudicaba a una empresa de Correa que se ofrecía «por debajo del precio de coste». Más tarde, se aumentaba el contrato «entre un 200 o un 300%» con ampliaciones sucesivas del presupuesto municipal.

Esta situación se mantuvo en el tiempo hasta que un día Sepúlveda reunió a los tenientes de alcalde y les dijo que, en vista de que le había llegado la información de que estaban investigando a Correa, debían parar de contratar con sus empresas.