Artur Mas “articuló una estrategia de desafío completo y efectivo a la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional” de la consulta sobre la independencia de Cataluña organizada por su gobierno para el 9 de noviembre de 2014. Así lo asegura el juez Francisco Valls, que hoy ha ordenado la apertura de juicio oral para el ex presidente de la Generalitat y las ex conselleras Irene Rigau y Joana Ortega. En su auto, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña estima los delitos de desobediencia grave y prevaricación al mantener la organización de la consulta del 9-N de 2014 pese su suspensión por el Tribunal Constitucional, convencido de que la votación “acaeció en todo momento bajo el control directo de la administración autonómica presidida” por Mas.

Valls añade en su exposición que Mas “convirtió irrazonablemene su voluntad en aparente fuente de normatividad, actuando con plena conciencia y voluntad” al no suspender la convocatoria del 9-N en connivencia con el resto de los acusados. Afirma que “los acusados eran plenamente conscientes de que con ello quebrantaban el obligado acatamiento del TC” y “enmascararon” sus actuaciones a partir de entonces y les acusa de “generar apariencia de que las actuaciones administrativas públicas se paralizaban y el proceso quedaba exclusivamente en manos de los voluntarios, cuando en realidad no era así”.

En este contexto, el magistrado afea a Mas y sus colaboradores que encomendaran a contratistas privados las tareas de organización y apoyo de la consulta “en un clima de opacidad” que hacía difícil constatar “la intensa utilización de medios públicos”. Unas argucias en las que Valls ve la prueba de que “los acusados eran conscientes desde el principio de la posible impugnación” del 9-N por parte del Gobierno, “y actuaron dispuestos a eludir el control jurisdiccional”.

El auto desestima por contra la comisión de un delito de malversación de caudales públicos planteada por la acusación popular, que hubiera podido comportar penas de prisión. Aunque considera probado el gasto de 4,7 millones de euros de las arcas públicas para la organización del 9-N, señala que todos los servicios contratados por al Generalitat a empresas privadas para la organización de la consulta se encargaron con anterioridad a la suspensión de la consulta decratada por el TC, por lo que no se puede hablar de “una apropiación sin ánimo de reintegro, con ánimo de lucro y destinado a un fin no autorizado” como establece el Código Penal.

La Fiscalía pide diez años de inhabilitación para Artur Mas en “cargo público electivo” o “funciones de gobierno” a nivel local, autonómico o nacional. De igual modo, el Ministerio Público solicita nueve años de inhabilitación para Irene Rigau y Joana Ortega, a las que señala como “cooperadoras necesarias”. Queda fuera de la vista el delito de malversación, por el que las acusaciones populares solicitaban para el ex presidente de la Generalitat una pena de seis años de prisión.

Ante estos hechos, la consellera de la Presidencia, Neus Munté, ha advertido de que, pese a la “persecución” judicial a los organizadores de la consulta soberanista del 9-N, Cataluña “no renunciará” a votar si quiere o no marcharse de un Estado que tiene, ha dicho, “fobia a la democracia”. Según Munté, “hay un Estado que persigue y envía a juicio a los demócratas que ponen urnas y hay una Cataluña que no renunciará de ninguna de las maneras ni a la democracia ni a las urnas”, por lo que no le sorprende que cada vez más catalanes quieran “marcharse civilizadamente” de España.