La Fiscalía ha pedido 20 años de cárcel y 44 de inhabilitación para el ex consejero de Empleo Antonio Fernández por la comisión de delitos de falsedad en documento oficial, prevaricación y malversación de fondos en las piezas de los ERE por las ayudas concedidas a las empresas Surcolor y Acyco. Ésta petición se suma a otra de ocho años en la pieza política del caso, por la que han sido procesados los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Hace una semana, el juez de apoyo Álvaro Martín concluyó la tercera pieza del caso ERE con 16 procesados, seis de ellos ex altos cargos de la Adminsitración andaluza, por la ayuda de 2,3 millones de euros concedidos entre 2006 y 2010 para extinguir 26 empleos de la empresa Surcolor. Previamente había finalizado la correspondiente a la ayuda de 3,2 millones otorgada a Acyco, con otras 12 personas procesadas.

En su escrito de acusación relativo a Surcolor, la Fiscalía Anticorrupción pide ocho años de prisión y 20 de inhabilitación para Fernández y para el ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá, por los delitos de falsedad documental, prevaricación y malversación, al igual que al exdirector general de Trabajo Javier Guerrero y el exdelegado de la Consejería de Empleo en Sevilla Antonio Rivas. Para el resto de directores generales de Trabajo y Seguridad Social (Daniel Alberto Rivera y Juan Márquez), el fiscal pide seis años de prisión y diez de inhabilitación.

El fiscal pide pena de prisión para los tres intrusos que se colocaron en estos dos ERE

El Ministerio Público también reclama cárcel para los intrusos que se colaron en este ERE. Se trata de José Antonio Márquez Sánchez, concuñado del ex delegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, y Juan Manuel López Espada, militante socialista y esposo de una concejal de este partido en el Ayuntamiento de Camas (Sevilla). En concreto, cuatro años de prisión para cada uno.

En el correspondiente a Acyco, el Ministerio Público reclama para Fernández un total de ocho años de prisión y 20 de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación y malversación, así como cuatro años y medio de cárcel y cuatro años de inhabilitación por un delito de prevaricación y de falsedad en documento oficial.

Asimismo, y dentro de esta pieza, pide 12 años y medio de prisión para el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, ocho años de cárcel para Javier Guerrero y seis años y cuatro años y medio de prisión, respectivamente, para Daniel Alberto Rivera y Juan Márquez.

Amigo de la infancia

Para el ex director general de la Agencia IDEA Miguel Ángel Serrano y la expresidenta de la empresa Encarnación Poto Mongue, la Fiscalía pide ocho años de cárcel y veinte de inhabilitación, la misma pena que solicita para José María Caballero Real, Antonio Albarracín y Gabriel Barrero Raya.

En el caso de Andrés Carrasco Muñoz, amigo de la infancia de Guerrero y beneficiario de rentas de este ERE pese a no haber trabajado nunca en Acyco, la petición del fiscal asciende a seis años de prisión e inhabilitación absoluta por 15 años.

Se da la circunstancia de que el consejero Antonio Fernández, el viceconsejero Agustín Barberá y los directores generales de Trabajo Javier Guerrero, Daniel Rivera y Juan Márquez están también procesados en la denominada pieza política de los ERE, con 26 ex altos cargos procesados, entre ellos los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. En dicha pieza política, el Ministerio Fiscal pide ocho años de prisión para Antonio Fernández.

En el escrito de acusación que ha dirigido al juez instructor relativa a Surcolor, Anticorrupción pide también ocho años de cárcel y 20 de inhabilitación para el abogado Carlos Leal Bonmati -por prevaricación y malversación- y para el ex directivo de Vitalia Antonio José Albarracín Muñoz.

Facturas falsas

La Fiscalía señala que «el conseguidor» Juan Lanzas, para el que pide también ocho años de cárcel y 20 de inhabilitación, hizo que el también encausado Francisco Algarín Lamela, «como empresario individual y sin haber realizado ninguna prestación de servicios o entrega de bienes», facturara 118.752 euros.

El escrito destaca que Lanzas y Algarín, su supuesto testaferro, deberán responder por la cuantía imputada a facturas falsas por importe de 118.752 euros y restituir a la Junta de Andalucía, junto con el resto de procesados por malversación (once en total) la cantidad de 400.000 euros, a juicio de la Fiscalía.

En el caso de Acyco, el proceso para aprobar la ayuda comenzó en julio de 2003, cuando presentó un ERE para extinguir 35 de sus 161 contratos, para lo que se optó por la fórmula de la prejubilación y se articuló mediante una póliza de renta colectiva, en cuya contratación medió Vitalia, dos de cuyos directivos están imputados. Entre los 36 prejubilados se incluyeron dos «intrusos», personas que nunca trabajaron en la empresa, uno de los cuales cobraría 104.885 euros y el otro 120.200 euros, a razón de 1.200 euros y 947 euros al mes.