La ex consellera catalana Irene Rigau, ahora juzgada junto a Joana Ortega y el ex president Artur Mas por las consultas del 9N de 2014, ha definido el proceso judicial abierto por desobediencia grave y prevaricación en la organización de las consultas como fruto de «una mentalidad muy cerrada y reaccionaria» que, a su juicio, impera en el Estado español, y a la que «hará falta la fuerza de la población para hacerle frente». En este sentido se ha pronunciado también el president Carles Puigdoment, que ha avisado de que el juicio provocará la «indignación de la ciudadanía».

Rigau también ha dicho sentirse aliviada después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) haya descartado imputarles un delito de malversación, que acarreaba penas de cárcel, pero ha puntualizado que «ahora no hay petición de prisión, efectivamente, pero sí que se nos quiere juzgar por poner las urnas»; «hemos salvado la libertad personal, continúa estando encima de la mesa la libertad colectiva», ha señalado, toda vez que ha achacado el juicio a «una acción política».

El actual president de la Generalitat, Carles Puigdemont, también ha asegurado que «habrá respuesta» tras el juicio por el 9N, al que ha calificado como una «decisión previsible pero errónea», que supone en su opinión una «rareza democrática». Además, el dirigente ha acusado al Estado de querer «hacer política a través de los juzgados»: «Es la dimisión de la política», ha denunciado en una entrevista en TVE. Además, ha avisado de que «si hay un juicio es evidente que habrá una lógica preocupación e indignación de la ciudadanía».

Aunque el president no ha querido avanzar la respuesta que adoptará el Govern, ha sugerido que podría ser más contundente que las movilizaciones de protesta a las puertas del TSJC que se dieron cuando Mas acudió a declarar: «No nos limitaremos a hacer un comunicado de prensa de condena», ha apuntado.