Fue en febrero de 2013 cuando PSOE y PSC separaron sus caminos en el Congreso por primera vez, igual que amenazan con hacer ahora los socialistas catalanes, junto con vascos y baleares, si el Comité Federal del partido aprueba este fin de semana la abstención en la investidura de Mariano Rajoy. Tres años y medio después, el grupo liderado por el reelegido Miquel Iceta argumenta su posible actitud díscola en el hecho de que la votación no apela a un «asunto de conciencia», sino a una «posición política» que su federación ya ha decidido: votar ‘No’ al candidato del Partido Popular.

Será, de producirse, una situación traumática en el seno del PSOE, que impone la disciplina de voto dentro de su Grupo Parlamentario, pero no menos tensa que la que originó la ruptura original. Entonces, 13 de los 14 diputados del PSC se sumaron a CiU, Izquierda Plural, PNV, ERC, Amaiur, BNG, Coalición Canaria, Compromís y Geroa Bai en una propuesta a favor del derecho a decidir, que contó con el voto en contra del PSOE, el PP y el resto de fuerzas parlamentarias y la ausencia de Carme Chacón, que decidió no sumarse a la posición de su federación regional.

En 2013, el PSC rompió dos veces la disciplina de voto en mociones referentes al derecho a decidir

Los 13 diputados que rompieron la disciplina de voto fueron sancionados entonces con la cantidad máxima que permiten los reglamentos del PSOE, 600 euros a descontar de la siguiente nómina, aunque eso no les amedrentó para insistir en su posición ocho meses más tarde. En octubre de ese mismo año, los miembros del PSC se abstuvieron en la moción presentada por UPyD, y apoyada por PP y PSOE, que planteaba que el derecho a decidir sobre la organización territorial correspondía a todos los españoles y no a una región concreta.

Sin embargo, Cataluña no es el único asunto que provocó sonadas divisiones internas en el PSOE durante la pasada legislatura. También las generó la ley que hizo efectiva la abdicación de Juan Carlos I a favor de Felipe VI y en la que tres diputados socialistas quebraron el apoyo unánime del grupo. Fueron el balear Guillem García y la gallega Paloma Rodríguez, que se ausentaron en la votación, y el donostiarra Odón Elorza, que gritó su «Abstención» a viva voz.

Elorza, partidario hoy de mantener el ‘No’ a Rajoy hasta las últimas consecuencias, enraizó entonces su decisión en sus «convicciones republicanas» y aceptó la correspondiente sanción económica por parte del grupo. Igualmente asumieron su castigo los diputados aragoneses Susana Sumelzo, Ignacio Urquizu, Óscar Galeano y Gonzalo Palacín, que en abril de este año se posicionaron junto al PP y Ciudadanos para rechazar nuevos avances en el trasvase del Ebro frente a la posición mayoritaria del partido, que cedió ante el PSC y terminó apostando por la abstención.

El PP también sanciona a sus díscolos

Pero el trasvase no sólo genera discrepancias en el PSOE. Cuatro años antes, en abril de 2012, hasta ocho senadores del Grupo Popular en el Senado rompieron la disciplina de voto del partido en esta materia: cinco populares se abstuvieron y otros tres, adscritos al PAR, votaron a favor junto a los grupos catalanes. Como el PSOE, el PP también contempla sanciones económicas para los parlamentarios díscolos, aunque reduce su sanción máxima de 600 euros a 500.

En otras ocasiones, la ruptura de la disciplina tiene consecuencias más allá del bolsillo, como sucedió en el caso del ex alcalde de León y senador popular Juan Morano, que votó en 2012, junto al PSOE, en contra de los presupuestos generales que preveían una reducción de las subvenciones al carbón. La decisión no sólo le afectó económicamente, sino que terminó desembocando en su baja del partido y su adscripción al Grupo Mixto después de denunciar que en el PP «no había democracia». Nunca se arrepintió, y aseguró pocos días después de formalizar su salida del partido que volvería a votar a favor del carbón «un millón de veces».

Celia Villalobos recibió dos sanciones la pasada legislatura por oponerse a modificar la Ley de Plazos

No obstante, han sido los temas sociales los que más han dividido históricamente al Partido Popular, con especial acento sobre el aborto. La ex vicepresidenta del Congreso Celia Villalobos, de hecho, fue sancionada dos veces durante la pasada legislatura por su posición contraria a modificar la Ley de Plazos, como ya lo había sido en el pasado por sus posiciones, generalmente más progresistas que las de su grupo, respecto a asuntos como el matrimonio homosexual.

No recibieron castigo, sin embargo, los nueve diputados y senadores que en julio de 2015 se opusieron a la reforma sobre la ley de interrupción del embarazo por considerarla poco ambiciosa y excesivamente blanda. Los exponentes del ala más conservadora del PP no sufrieron las consecuencias de su indisciplina, al igual que sus compañeros del resto de grupos parlamentarios, que no contemplan sanciones para los versos sueltos de sus bancadas y facilitan la libertad individual, «personal e indelegable», que el artículo 79.3 de la Constitución reconoce a los miembros de ambas cámaras.