El coordinador de Izquierda Socialista en Aragón, José Ignacio Martín ha interpuesto una denuncia en el Juzgado de Zaragoza para impugnar el Comité que derrocó al ya ex secretario general Pedro Sánchez el pasado 1 de octubre. Martín amenazaba con ir a los tribunales si la nueva dirección socialista seguía “sin cogerle el teléfono” y no atendía al escrito enviado por la corriente Izquierda Socialista en Aragón en el que solicitaba la nulidad de los acuerdos y donde además, denunciaba que la Gestora despidiera a 21 trabajadores de la sede central del partido.

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«Hemos ido a la justicia para proteger los derechos fundamentales», ha asegurado Martín a El Independiente. Desde Izquierda Socialista se encuentran a la espera de lo que dicte el juez, quien a raíz de esta demanda deberá dictar «la suspensión o anulación» de los acuerdos adoptados el día 1 de octubre. Según ha indicado el coordinador, además de esta medida se está estudiando presentar una querella criminal por considerar ilegal la actuación de la Gestora socialista que, a pesar de no haber sido elegida en un Congreso, «actúa como una Comisión Ejecutiva Federal».

Con esta demanda, el juez deberá dictar «la suspensión o anulación» de los acuerdos adoptados el 1 de octubre

«Estamos viendo un delito de usurpación de funciones», asegura Martín, quien critica que la Gestora esté adoptando decisiones que se salen de sus competencias, como las reuniones mantenidas con el presidente del Gobierno en funciones o marcar las posiciones del Comité Federal dando a elegir entre la abstención y el «no a Rajoy» cuando «en realidad hay tres opciones», siendo la tercera la formación de un gobierno alternativo. Antes de acudir a los tribunales, el coordinador de Izquierda Socialista señala que se informó a la dirección del partido de esta solicitud a nivel interno al considerar que se estaba incumpliendo la Ley de Partidos española.

La impugnación recuerda que el único punto que debía aprobar el Comité Federal era la convocatoria de un Congreso Extraordinario del partido, ya que ése es su deber cuando más de la mitad de la Ejecutiva Federal se encuentra vacante, como ocurrió unos días antes por las 17 dimisiones. Además, considera que el voto secreto era el oportuno en aquella decisión, ya que afectaba directamente al cargo del secretario general, ya que el propio Pedro Sánchez había advertido de que dimitiría si perdía la votación.

Esta medida no anularía el próximo Comité Federal, que tendrá lugar el domingo, pero sí le obligaría a adaptarse a la sentencia del juez. Izquierda Socialista solicita a través de la demanda que se «restablezca provisionalmente la situación existente antes del mencionado Comité», lo que conllevaría, según el escrito, que se puedan cubrir las 17 vacantes habidas días antes del Comité; la convocatoria de un congreso extraordinario, así como elecciones primarias y que la aprobación de acuerdos en el nuevo Comité Federal se haga mediante un sistema de «voto secreto», en lugar de a mano alzada. De no ser así, el recurso presentado perdería validez una vez que se acuerden nuevas medidas el 23 de octubre.