El Gobierno catalán ha puesto las bases este jueves de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña, un organismo dependiente del Departamento de Presidencia de la Generalitat cuyo objetivo debe ser controlar la seguridad en las comunicaciones. El Parlament ha aprobado la admisión a trámite de la ley de la nueva agencia, que ya ha sido presentado en ámbitos nacionalistas como el futuro CNI catalán.

La nueva agencia nace como heredera del CESICAT, un organismo que durante el último lustro ha sido acusado de hackear el correo electrónico de miles de funcionarios de la Generalitat -entre ellos el entonces consejero de Interior, Ramon Espadaler-, activar sin permiso sistemas de escucha en los teléfonos móviles de altos funcionarios catalanes o encargar a los Mossos d’Esquadra seguimientos de activistas del 15-M sin que mediara ninguna orden judicial.

Tanto Ciudadanos como el PP han presentado enmiendas a la totalidad del texto, rechazadas con los votos de JxS, PSC, Podemos y CUP

Con estos antecedentes, tanto C’s como el PP catalán han presentado enmiendas a la totalidad del texto, que han sido rechazadas con los votos de JxS, PSC, CSQP y la CUP. El portavoz de Ciudadanos, Jean Castel, ha señalado que la ambigüedad del texto presentado por el Gobierno catalán hace temer que la futura agencia pueda actuar «con una discrecionalidad y opacidad» que remiten a su antecesora y ha afeado al ejecutivo catalán que no esperara a recibir competencias en la materia de la Junta de Seguridad de Cataluña, integrada por representantes del Ministerio del Interior, la Conselleria, Policía Nacional y Mossos d’Esquadra.

La encargada de defender el proyecto ha sido la vicepresidenta y portavoz del Govern, Neus Munté, quien ha argumentado la necesidad de este organismo en los ciberataques recibidos por las web de la Generalitat durante la celebración de la consulta del 9-N de 2014. Munté ha explicado que la futura Agencia deberá garantizar la ciberseguridad en Cataluña mediante la prevención, la detección y la respuesta a incidentes o ciberamenazas a las redes de comunicación electrónicas y a los sistemas de información públicos, además de investigar estos ataques.

Todo ello, amparándose en la legalidad catalana y europea, sin mentar ni la legislación española ni la colaboración con ningún cuerpo policial, ya sean mossos o CNP. La futura agencia nacerá, si se cumplen los planes del Govern, con un presupuesto de 20 millones de euros.

Desconexión a marchas forzadas

No fue la única «estructura de Estado» aprobada por el Parlament. En el primer pleno ordinario tras la moción de confianza al presidente Carles Puigdemont, el Grupo de JxS que da apoyo al Govern ha pisado el acelerador de la desconexión, quizá para convencer a la CUP de que su compromiso es firme y conseguir así el aval de los anticapitalistas a los presupuestos. Unas cuentas que, según advierten, siguen encalladas en la subida a la fiscalidad de las rentas altas.

JxS ha conseguido el apoyo de las CUP a un Código Tributario influido por grandes consultoras internacionales

De momento, JxS ha conseguido el apoyo de la CUP a su Código Tributario que, bajo el argumento de crear una legislación propia al margen del marco constitucional o estatutario -el texto no remite ni a una ni a otro- recoge todas las fórmulas propuestas para la hacienda catalana por las grandes consultoras Deloitte, PWC o KPMG en un informe solicitado en su día por Artur Mas. Una contradicción que no han dejado de señalar tanto el PSC como CSQP.

Más allá de la orientación más o menos liberal, tanto la ponente de JxS Maria Senserrich, como el secretario de Hacienda del Govern, Lluís Salvadó, han destacado que se trata de «una ley fundamental» para crear estructuras de estado, aunque el segundo ha señalado también que el texto es «absolutamente compatible» con el marco legal vigente.