La sombra de la posible nulidad de actuaciones en la instrucción del caso pequeño Nicolás es cada vez más alargada. No sólo está en cuestión que los policías que lideran la investigación de la grabación y posterior difusión de una reunión sin autorización con agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en octubre de 2014 participaran en la cita. En su último escrito enviado al juzgado, el fiscal asignado a la causa también sospecha que se ha podido producir una intromisión en el derecho a la intimidad de los investigados y se podría haber vulnerado el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, hechos que sin duda esgrimirán las defensas cuando en un futuro se enjuicien los hechos. Éstas son las principales sombras de la instrucción que lleva a cabo el magistrado Arturo Zamarriego, titular del Juzgado de Instrucción 2 de Madrid.

  1. ¿Vulneración del secreto de las comunicaciones? El fiscal ha vuelto a alimentar la posibilidad de que en un futuro pueda decretarse la nulidad de las actuaciones en su último escrito presentado ante el juzgado que instruye la causa. Alfonso San Román sospecha que ha existido una vulneración del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones «muy intensa» y ha pedido conocer si esas actuaciones «estuvieron justificadas y fueron proporcionadas al fin de la investigación», en el convencimiento de que este hecho saldrá a relucir cuando se enjuicien los hechos en un futuro. El representante del Ministerio Público sostiene que, por lo instruido hasta ahora, «parece deducirse» que el teléfono del pequeño Nicolás estaba intervenido «antes de su detención» en octubre de 2014 y de que el juez abriera las diligencias previas. «Esa intervención telefónica parece estar en el origen de toda la investigación que desemboca en la detención de este investigado, el registro de su domicilio y la intervención de sus dispositivos electrónicos», subraya San Román, que no pasa por alto el hecho de los atestados se apoyen en los mensajes enviados y recibidos en los teléfonos intervenidos y sin embargo «nada se informa» por la Policía. Sin duda, ello constituye un arma para las defensas.
  2. ‘Comando Marcelino’: ¿juez y parte? Desde hace meses, el fiscal viene pidiendo al titular del Juzgado de Instrucción 2 de Madrid, Arturo Zamarriego, que aparte a la comisión judicial que designó para investigar la reunión mantenida el 14 de octubre de 2014 entre tres funcionarios policiales y dos agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y su posterior difusión por medios de comunicación. El motivo de la petición del Ministerio Público es que esa delegación está liderada por dos de los policías -el comisario Marcelino Martín-Blas y el inspector Eladio Rubén López- que participaron en aquel encuentro sin autorización, con lo que considera que tiene comprometida su imparcialidad. «[Los perjudicados] no pueden ser los investigadores del mismo delito porque existe la posibilidad de que actúen en su propio interés», ha razonado Alfonso San Román en uno de sus escritos. También el anterior Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional, Eugenio Pino, ha pedido al magistrado que disuelva la comisión policial que lidera Martín-Blas, al considerar que tienen “un interés directo en la causa” y estarían tratando de “desviar la atención de la celebración de una reunión ilegal. El instructor sigue sin pronunciarse.
  3. ¿Destrucción de pruebas? En su escrito-denuncia presentado el pasado 5 de septiembre, Eugenio Pino no sólo defendía que el juez tenía ya elementos suficientes para apartar a los investigadores policiales. El ex alto mando policial también advertía de que «se han destruido pruebas vitales» para la resolución del caso y consideraba que el instructor no puede permanecer impasible al hecho de que se le entregara un cedé con la grabación de la reunión cuando el soporte original era un pen drive y, además, diez días después de que lo obtuviera el mando policial. “Que no dispongamos de este pen drive es un hecho grave al que usted no puede ser ajeno y le debe llevar a tomar la decisión de, atendiendo a la petición del Ministerio Fiscal, apartar a los investigadores del caso por una clara actuación delictiva con la destrucción de una prueba esencial”, razonaba Pino. De forma sorprendente, el juez Zamarriego se ha opuesto a incorporar ese escrito a las actuaciones “al no guardar relación los hechos denunciados con las presentes actuaciones” y lo ha enviado al decanato de los juzgados para que proceda a su reparto. El fiscal ha recurrido en reforma esa decisión.
  4. ¿Presiones a un imputado? El cabo de la Policía Municipal de Madrid Jorge González Hormigos declaró ante el juez el pasado miércoles cuando declaró en calidad de investigado cómo el inspector Eladio Rubén López -uno de los integrantes del comando Marcelino– presionó a Francisco Nicolás Gómez Iglesias en los pasillos de los juzgados madrileños de Plaza de Castilla antes de una de sus comparecencias ante el magistrado Zamarriego para que le confesara al instructor quién había filtrado la cinta de la reunión con los agentes del CNI y que él «ya se encargaría de hablar con el fiscal”. Según este testimonio, el inspector aconsejó al pequeño Nicolás que le dijera al juez “que quería hablar en privado” y añadió que, «si no quería hacerlo ahora, que tenía su teléfono y le podía llamar y le recogía una comparecencia en comisaría y se lo pasaba al fiscal. Que no tuviera miedo a nada”. Esta circunstancia será utilizada por la defensa de Gómez Iglesias.
  5. El escrito de acusación debe esperar. Las diferencias que mantienen el fiscal San Román y el titular del Juzgado de Instrucción 2 de Madrid, Arturo Zamarriego, van en aumento. La última muestra ha sido el escrito en el que el representante del Ministerio Público defendía la imposibilidad de presentar escrito de acusación en la pieza separada en la que se investiga la farsa del viaje a Ribadeo de Francisco Nicolás Gómez Iglesias haciéndose pasar por un representante de la Casa del Rey en agosto de 2014 «al no estar unidas a las actuaciones los elementos probatorios en los que se apoyan las imputaciones». En un escrito de seis páginas, Alfonso San Román cuestiona seriamente la actuación procesal de Zamarriego: no entiende por qué se desgajó de la causa matriz la rama en la que se investiga el viaje a la citada localidad lucense, desconoce por qué no se han testimoniado en esta pieza todas las actuaciones habida cuenta la «estrecha relación» existente y advierte de que no obran en la causa elementos probatorios que se utilizan para elaborar los informes policiales. La respuesta del magistrado ha sido tratar de impulsar la instrucción de la causa matriz fijando un calendario de 16 declaraciones entre el 26 de octubre y el 16 de diciembre -entre otras la del propio Francisco Nicolás Gómez Iglesias- e imputando a nuevas personas, caso del directivo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Juan Julián Munguira.