El Tribunal Supremo ha avalado la reforma de la jurisdicción universal aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy y ha dado carpetazo definitivo a la investigación por la muerte del cámara de Telecinco José Couso en Bagdad (Irak) en el 2003 por militares estadounidenses. Los magistrados aseguran que los límites de esta reforma sirven para que España deje de ser «un polo de atracción» para presentar demandas contra criminales de guerra que se encuentren en cualquier lugar del planeta.

No obstante, los magistrados realizan un homenaje al periodista fallecido en su resolución al afirmar que la muerte de un informador «constituye un ataque no justificado por parte de la fuerza armada a población civil».  Y también lamentan «la escasa cooperación judicial prestada por las autoridades de Estados Unidos» para esclarecer este caso.

La reforma no ataca la Convención de Ginebra

A pesar de ello, establecen que la justicia española no puede hacer más por la reforma de la justicia universal que, en su opinión, no atenta contra la Convención de Ginebra ni contra los tratados internacionales. El alto tribunal explica que la justicia española solo tiene la obligación de buscar a los criminales de guerra «si se han refugiado u ocultado en nuestro país y de hacerlos comparecer en los tribunales sea cual sea su nacionalidad o el lugar donde se cometió la infracción».

Esta exigencia, según los jueces, no se puede extender a buscar a estos delincuentes «fuera de nuestro territorio» porque se entraría en un régimen que no sería de «cooperación» entre países sino de «competencia».  Por ello, indica que los tribunales españoles carecen de jurisdicción «para investigar y enjuiciar delitos contra personas en caso de conflicto armado cometidos en el extranjero salvo que el procedimiento se dirija contra español o ciudadano extranjero que resida habitualmente en España o que se encuentre en España y cuya extradición hubiera sido denegada».

Por estos motivos, el Tribunal Supremo se ha negado a llevar la reforma de la justicia universal ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o ante el Tribunal Constitucional aunque este último aún tiene que resolver el recurso del PSOE contra esta ley. Y ratifica la decisión de la Audiencia Nacional de archivar este caso «por falta de jurisdicción» y condena a los familiares del cámara fallecido al pago de las costas de esta demanda.