Lo anunció en la toma de posesión de Enric Millo como delegado del Gobierno en Cataluña, y esta semana ha empezado a cumplir su promesa. Soraya Sáenz de Santamaría multiplica sus visitas a Cataluña para poner en marcha la nueva estrategia gubernamental en Cataluña: oferta de diálogo y presencia constante para rebatir el discurso de los independentistas basado en la desatención permanente del Gobierno, que hasta ahora no había tenido respuesta.

Una estrategia en la que tendrán un papel fundamental los componentes del equipo en el que Santamaría se apoya para llevar a cabo su «operación diálogo»: el secretario de Estado de Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro; el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón y el delegado en Cataluña, Enric Millo.

El primero es la experiencia en la administración autonómica -fue vicepresidente y portavoz del último ejecutivo de Luisa Fernanda Rudi en Aragón- a lo que suma una estrecha relación personal con la vicepresidenta del Gobierno.

En cuanto a Ayllón, su papel responde mucho más a su trayectoria personal que a su cargo, centrado en las Cortes. Aunque lleva 16 años de carrera política en Madrid, desde que en 2001 entró en el equipo de José María Aznar como asesor, se formó en las nuevas generaciones del PP catalán, que llegó a presidir. Sigue teniendo buenos contactos en el PP catalán y goza, igual que Bermúdez, de la máxima confianza de Sáenz de Santamaría.

Catalá abre su propia agenda en Cataluña

Más allá del equipo de la vicepresidenta, en el lado «madrileño» de la ecuación tendrán un papel fundamental dos ministerios, el de Justicia y el de Fomento. Rafael Catalá, hombre de confianza de la vicepresidenta, debe afrontar en las próximas semanas la respuesta gubernamental a las «provocaciones» independentistas. El tono lo ha dado esta semana, al responder con un «no pasa nada» a la apertura de ayuntamientos durante la festividad de la Constitución, nada que ver con las denuncias tras los sucesos del 12 de octubre.

Pero la auténtica piedra en el zapato de Catalá serán los procesos ya iniciados contra Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs por la celebración de la consulta del 9-N, que la Generalitat atribuye a iniciativa del Gobierno. Y, sobre todo, la causa contra Carme Forcadell, un personaje central dentro del imaginario independentista, que el próximo viernes declarará ante la magistrada María Eugenia Alegret en un procesamiento inusitadamente rápido. Consciente de que el «frente judicial» es el más complicado de los que debe manejar el Gobierno, Catalá ya ha iniciado su particular campaña catalana con encuentros organizados con los principales medios de ámbito catalán.

Sin olvidar las causas abiertas por la abogacía del Estado contra ayuntamientos y electos locales catalanes por secundar mociones sobre el 9-N, declararse «territorio libre» o no respetar la Ley de banderas.

El papel de Fomento

Igualmente sensible es la carta de las infraestructuras. La vicepresidenta ha dado instrucciones ya al Ministerio de Fomento para analizar cómo responder a las reivindicaciones catalanas, centradas en una mejora de la red de Cercanías que ya prometió -infructuosamente- el Gobierno Zapatero. Íñigo de la Serna se comprometió en este sentido en el Congreso, ante una iniciativa del PDCat.

En el documento de 46 puntos que Carles Puigdemont entregó a Mariano Rajoy en su único encuentro destacan cuatro puntos de exclusiva competencia de Fomento: la red de Cercanías, el Corredor Mediterráneo, el Cuarto Cinturón de Barcelona y el desdoblamiento de la N-340 a su paso por Tarragona. Si Ana Pastor acabó por convertirse para muchos en la «ministra catalana» en la pasada legislatura, no parece que Íñigo de la Serna vaya a ser menos en la presente.

El nuevo despacho de la “vice”

En cuanto al lado barcelonés de la ecuación, la consecuencia más evidente del mandato aceptado por la vicepresidenta se ha traducido de momento en el trasvase de efectivos de la sede del PP en la calle Urgell de Barcelona a la Delegación del Gobierno. Más allá de ser nombrado públicamente como los «ojos, oídos, mano derecha y mano izquierda» del Gobierno en Cataluña, Millo se ha llevado a la Delegación a parte del equipo de comunicación del partido, encabezado por la ex jefa de prensa y actual jefa de gabinete, Marta Blasco. Y el asesor José Manuel Martínez, con línea directa con la todopoderosa jefa de gabinete de la vicepresidenta, María González Pico.

La nueva estrategia del Gobierno tiene también efectos estéticos, como la adecuación de la conocida como «sala pequeña» del Palau Montaner, sede de la Delegación, como nuevo despacho de la vicepresidenta. Se trata de una estancia en la planta noble del edificio modernista, separada del despacho del Delegado del Gobierno por la señorial sala de reuniones a la que ambos despachos tendrán acceso directo, y suficientemente alejada de la entrada principal para salvaguardar la actividad de la vicepresidenta de ojos indiscretos.