La «operación diálogo» empieza a dar sus frutos: la gran patronal catalana, siempre tan reacia a hacer posicionamientos públicos sobre política, comienza a presionar al presidente de la Generalitat para que aplace, por lo menos, sus planes secesionistas y dé una oportunidad al diálogo con el Gobierno. Así se han expresado hoy dos voces muy cualificadas de la clase económica catalana: el presidente de la patronal Foment del Treball, Joaquim Gay de Montellà, y el nuevo presidente del Círculo de Economía y presidente de la inmobiliaria Colonial, Juan José Bruguera.

El primero ha reclamado “voluntad de negociación y buscar el camino dentro de una reforma constitucional»,  frente al compromiso del ejecutivo catalán para convocar la consulta, con o sin acuerdo, el próximo septiembre. En opinión de Gay de Montellà, el referéndum debe formar parte de una reforma de la Constitución para dar cabida a los territorios, ya que «el café para todos sirvió en los 80, pero ya no».

El dirigente patronal ha afirmado que a medio plazo se tendrá que celebrar un referéndum y será bueno para la ciudadanía, pero es necesario esperar a que la economía mejore, se atraigan más inversiones y a negociar con el Estado. «En 2017 creo que no toca», ha concluido.

En términos similares se ha expresado Bruguera, quien hoy ha asumido la presidencia del Círculo de Economía en sustitución de Antón Costas. El también residente de Colonial ha señalado que el referéndum sólo puede hacerse como fruto de un acuerdo con el Estado y ha rechazado la convocatoria unilateral con la que amenaza Puigdemont.

Hasta ahora las quejas de la patronal catalana -en las rarísimas ocasiones en las que se oficializan de forma pública- se habían repartido entre Gobierno y Generalitat por la nula voluntad de diálogo entre ambas administraciones. El giro del Ejecutivo que preside Mariano Rajoy parece haber hecho mella en estas organizaciones, que ven con preocupación la negativa de Puigdemont a asistir a la Conferencia de Presidentes Autonómicos. La coartada de la falta de capacidad de diálogo del Gobierno que exhibía hasta ahora la Generalitat cuando los empresarios le pedían calma podría empezar a flaquear.