Llevamos semanas oyendo apelaciones al diálogo; bien, este es un de los acuerdos más fáciles e inmediatos que se puede alcanzar»: el aumento de la aportación estatal al trasporte público del área metropolitana de Barcelona. Así lo ha consignado hoy la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, flanqueada por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el vicepresidente de Movilidad del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), Antoni Poveda, tras anunciar que Generalitat, Ayuntamiento y AMB aumentarán sus aportaciones al transporte público en 10 millones de euros.

Las tres administraciones catalanas han remitido una carta al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, al que reclaman una aportación para la Autoridad Metropolitana del Transporte (ATM) de 108,6 millones de euros, lo que supone un incremento de 10 millones respecto al ejercicio anterior. Y alcanzar los 147 millones de euros en 2018, como vía para recuperar las inversiones estatales en el transporte público en esta comunidad, que han pasado de 173 millones en 2008 a 98 este año.

Este incremento garantizaría los recursos necesarios para que la ATM congele sus tarifas en 2017, tal y como han anunciado sus responsables, y amplíe las coberturas de los títulos para parados, menores y emergencias ambientales. Unas medidas que tendrán un aumento del coste calculado para 2017 de entre 16 y 20 millones de euros, según han explicado los responsables de la ATM.

Equipararse a Madrid

Tanto Colau como muy especialmente Puigdemont han denunciado que en los últimos ocho años el Estado «se ha ido retirando» de la financiación del transporte público, pasando de financiar el 29% de su coste en el área de Barcelona al 14% actual, mientras las administraciones local y autonómica aumentaban sus aportaciones. La alcaldesa ha recordado, además, que tras ratificar los acuerdos de París de lucha contra el cambio climático, el Gobierno debe aceptar una petición que ha considerado «muy asumible para el Estado».

El argumento final lo ha encontrado el conseller de Territorio, Josep Rull, en la comparación con la Comunidad de Madrid, en la que el Gobierno aporta 126 millones al transporte público, 28 más que en Cataluña. En ambas comunidades la aportación por habitante es igual, 19,6 euros, pero mientras en Madrid se cubre a toda la comunidad, con 6,5 millones de habitantes, en Cataluña solo se cubre el coste del transporte en la AMB, con 5 millones de habitantes.

En su carta, las administraciones catalanas reclaman incluir todo el sistema tarifario integrado, que abarca medio millón más de habitantes, con la misma aportación por habitante, para que ese aumento de las aportaciones estatales se traduzca en un «trato de equidad», como ha reclamado Puigdemont.