El sargento Orellana no tendrá finalmente que sentarse en el banquillo de los acusados. Tanto la defensa del sargento como la Fiscalía y la acusación popular, representada por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), han llegado a un acuerdo por el que el agente pasará los próximos 19 años entre rejas. En sus escritos iniciales, tanto el fiscal como la AUGC solicitaban más de 50 años de cárcel. Logrado el acuerdo ya no será necesaria la celebración de un nuevo juicio para el único procesado que quedaba aún por juzgar. La ristra de delitos que ha asumido el agente son innumerables: narcotráfico, blanqueo de capitales, revelación de secretos oficiales, encubrimiento, tráfico ilícito de armas y cohecho, entre otros.

El juicio del denominado caso EDOA comenzó el 14 de octubre de 2015. En el banquillo de los acusados se sentaron 35 personas, entre ellos el jefe del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de Málaga, el teniente Valentín Fernández. La sentencia se dio a conocer a finales de septiembre de 2016. El teniente fue condenado a una pena de 10 años de cárcel por dos delitos contra la salud pública y otro de falsedad. En el mismo resultaron condenadas otras 26 personas, aunque el fallo no es firme por hallarse recurrido ante el Tribunal Supremo. Otros cuatro guardias civiles fueron absueltos.

El sargento Orellana, que se hallaba en libertad provisional, no compareció ante el tribunal que enjuició los hechos, por lo que fue declarado en rebeldía decretándose una orden internacional de busca y captura contra él.

Una fuga anunciada

Según ha podido saber este periódico, la posibilidad de que el sargento Orellana estuviera planificando su huida, dado el elevado número de años de cárcel que se pedían para él, no fue un hecho desconocido para la policía ni para los jueces.

El 11 de agosto de 2015, los miembros de la UDEV/Delitos económicos de la Policía Nacional remitieron un informe a la Sala Segunda de la Audiencia de Málaga en el que dan cuenta de todas las actuaciones llevadas a cabo desde el mes de mayo de ese año en relación al intento de fuga del sargento Francisco Orellana.

En el citado informe advierten de que un tal «Óscar», nombre supuesto utilizado por Orellana, está buscando insistentemente un pasaporte falso para él y otro para su compañera, también imputada en el caso EDOA, para abandonar el país. Por los mismos estaría dispuesto a pagar 20.000 euros. Los agentes constatan que el sargento de la Benemérita tiene en vigor una orden de prohibición de salida del territorio nacional emitida por la propia Audiencia.

El informante de la policía es una persona vinculada a la seguridad privada que inmediatamente adquiere la condición de testigo protegido. Este testigo no sólo da cuenta de los intentos de conseguir el falso pasaporte por parte de Orellana, también especifica la numerosa munición, armas y objetos de uso oficial de la Guardia Civil que el agente almacena en una de sus casas e informa de las tentativas del agente por enmascarar todas sus propiedades.

En este punto, la Policía judicializa la investigación cayendo por reparto en el Juzgado de Instrucción 2 de Málaga, que autoriza la entrada y registro en la citada casa de Orellana el 29 de junio de 2015. En el mencionado registro la Policía no halla rastro del pasaporte falso, pero sí encuentra numerosas cajas de munición, distintos efectos oficiales de la Guardia Civil, pistolas, grilletes, pasamontañas, chalecos del Cuerpo, luminosos de tráfico, placas…

Segundo testigo protegido

Después de este registro, el caso da una nueva vuelta de tuerca. Aparece en escena un segundo testigo protegido: la persona con la que se había puesto en contacto Orellana para la consecución de un pasaporte falso. Este testigo confirma a la Policía que él no ha proporcionado ningún documento al guardia civil  pero que aquél ya tiene en su poder uno que lo ha conseguido por sus propios medios “en una mañana» y que su intención es abandonar España antes del 10 de julio de 2015. También le habla de la posibilidad de trasladarse a Venezuela, Argentina o China.

Ante tales revelaciones, la Policía vuelve a solicitar al juzgado un nuevo mandamiento de entrada y registro en la vivienda habitual de Francisco Orellana, con fecha 3 de julio de 2015. Pero nuevamente no halla ningún pasaporte. En su declaración, Orellana niega que esté intentando conseguir ningún documento o que lo haya conseguido. Sorprende que ninguna medida adicional se decrete contra él.

Días más tarde, la Policía, gracias a sus informadores, vuelve a tener conocimiento de que el agente se encuentra en Baleares para despedirse de su hija, fruto de una antigua relación, y que cuando acabe su estancia en las islas ya no regresará a España. La Policía procede a dar «difusión interna» de los hechos para que se extremen las medidas en puertos, aeropuertos o fronteras por si el agente intentara abandonar el territorio nacional.

El 4 de septiembre de 2015, la Audiencia emite un auto instando a Orellana a que justifique su no presencia en el juzgado desde el 15 de julio de 2015, dado que estaba obligado a comparecer en el mismo los días 1 y 15 de cada mes. Cuando se emite ese auto, el agente ya había volado y se encontraba fuera del país. Y si anunciada, misteriosa y rocambolesca fue su desaparición, no menos lo fue su regreso. Apareció en el aeropuerto de Madrid en un vuelo procedente de México un año después, a finales de agosto de 2016, aparentemente por propia voluntad. A su llegada fue detenido por sus compañeros.

El eslabón necesario

En su escrito de acusación, la Fiscalía mantiene que Orellana, sargento del EDOA, era el encargado de dar cobertura y realizar funciones de seguridad a redes de narcotraficantes que operaban desde Marruecos. Gracias a su intervención, los narcos pudieron desembarcar grandes cantidades de hachís en las playas de Málaga, como recoge el sumario.

Orellana intentó captar a otros agentes de la Guardia Civil para sus actividades ilícitas, ofreciéndoles 150.000 euros por cada mil kilos de hachís que se lograran desembarcar. También les propone, dado que alguno de ellos había sido detenido en anteriores operaciones contra el narcotráfico, incluirles en el listado de ‘confidentes policiales’ para evitar así problemas con otras investigaciones que se pudieran cruzar con la policía. En un momento determinado llega a sugerir al guardia civil que intenta captar que, «depende de cómo te lo montes, puedes sacar de los dos lados», en referencia al dinero de fondos reservados y al de los propios narcos.

Orellana está acusado de utilizar los sistemas de vigilancia radiotelefónica del propio Cuerpo para tener conocimiento de las propias patrullas de la Guardia Civil y alertar de su presencia a los narcos, bien para comunicarles que tenían el camino libre, bien para que abortaran el desembarco. Sorprende, tal y como recoge el sumario, la facilidad de acceso que tenía a estos equipos de la Comandancia, a pesar de encontrarse en alguna ocasión de baja médica. De hecho, cuando fue detenido por Asuntos Internos de la Guardia Civil, se le pilló in fraganti con un equipo radiotransmisor. En su casa, en su taquilla y en su vehículo fueron hallados más de 40 teléfonos móviles. En el sumario también se le acusa de haber sustraído cerca de 40.000 euros en el registro de la casa de un guardia civil detenido por narcotráfico.

La marca alemana

Pero hay un detalle que no ha pasado inadvertido a los investigadores que combaten esta red de corrupción policial en la provincia de Málaga. La pistola encontrada en uno de los registros de la casa de Orellana es de la marca alemana ‘Walther’ P99 calibre 9 mm. Sea una pistola réplica de la original, o inutilizada y vuelta a poner en funcionamiento – algo que tendrá que aclarar la investigación-, sorprende que este tipo de arma haya aparecido con alguna frecuencia relacionado con hechos delictivos en la provincia de Málaga.

Sin duda, el más llamativo es la aparición de una pistola del mismo modelo en el trágico suceso que costó la vida a dos jóvenes colombianos en el interior de la finca ‘Los Naranjos’ en 2009. La pistola apareció en manos de uno de los colombianos muertos por los disparos del dueño de la finca, Manuel Alonso, que esgrimió legítima defensa ante el intento de robo que sufrió, según su versión. Sin embargo, la pistola no contenía restos de ADN de ninguno de los jóvenes colombianos y sí de una tercera persona sin identificar.

En la misma finca, un año antes, murió asesinada de forma brutal la compañera de Manuel Alonso, Lucía Garrido, hecho por el que a día de hoy están encausadas tres personas, dos de ellas guardias civiles. Curiosamente Manuel Alonso fue condenado a tres años de cárcel en el caso EDOA por delitos relacionados con el narcotráfico, caso  en el que también están condenados el teniente Valentín Fernández y el sargento Francisco Orellana.

Dada la extraña relación de todos estos casos, habiendo sido promotores de la investigación de los mismos (Lucía Garrido y EDOA) y tener acreditada su lucha contra la corrupción policial, la AUGC no alcanza a comprender por qué se le ponen tantos obstáculos para personarse en la causa abierta por la muerte de los dos jóvenes colombianos. La asociación de guardias civiles  sigue considerando necesario esclarecer estos hechos, dado que, según consideran sus miembros, hay demasiadas zonas oscuras en la investigación que merecen ser revisadas. Sin embargo, ya sea por dilaciones, por pérdidas de sus escritos en el juzgado o por imponerles una elevada fianza, todo parece estar destinado a dificultar su personación como acusación popular.