Los militantes que lo deseen podrán votar, pero la última palabra la tendrán los compromisarios en el congreso del partido. La ponencia de estatutos que va a a llevar Génova al cónclave de febrero se sostendrá en un sistema de doble vuelta, por la cual los militantes, mediante voto directo, podrán votar a los candidatos a presidente, cuando haya más de uno, y, en caso de pasar varios la criba, serán finalmente los compromisarios los que decidan.
Para llegar a esa segunda vuelta, los aspirantes deben superar el 10 por ciento del voto de la militancia, pero también se establecerá un sistema de "mayoría reforzada" que beneficiará a aquel que cumpla estos tres requisitos: conseguir más del 50 por ciento de los votos, que ese porcentaje lo haya superado en 30 circunscripciones de las 60 que tiene el PP y que haya quince o más puntos de diferencia entre los candidatos.
Un sistema ciertamente complejo que comenzará a aplicarse ya para los congresos regionales y provinciales que se celebrarán, todos, antes del verano. No afectará a este XVIII cónclave que reelegirá a un incontestable Mariano Rajoy. El vicesecretario de Organización popular, Fernando Martínez-Maillo ha presentado las líneas maestras de la ponencia política y de estatutos, con llamativas novedades además de esas pseudoprimarias, definición de la que huye el PP.
Baja participación
Para poder votar en primera vuelta los afiliados deberán inscribirse, explicitar su voluntad de participar, lo que permite soslayar un tema que tiene Génova pendiente desde hace años: purgar los censos. Con tan solo 100 avales se podrá presentar candidatura y participar en una campaña de 21 días. En todo caso, el grado de participación y movilización de la militancia popular no es para echar cohetes. En la elección de compromisarios tan solo ha participado un ínfimo porcentaje.
Para empezar, de las 1.200 asambleas populares solo han tenido que ir a votar en 208, donde había más aspirantes que delegados posibles. En esos 208 "colegios electorales" solo han votado 14.348. Por ejemplo, en el madrileño distrito de Salamanca, que preside la mano derecha de Esperanza Aguirre, Íñigo Henriquez de Luna, han votado 147 afiliados de los 5.000 que tiene, esto es, un 2,9%.
No es la única novedad de los futuros estatutos aunque, finalmente, han desechado tocar el actual sistema de incompatibilidades, la limitación de mandatos, que podrían ser modificados vía enmienda. Ahora queda por saber si Madrid y Valencia aceptan este sistema de "preselección" por parte de los militantes.
Además se creerá la Oficina del Cargo Popular, que se encargará de la supervisión y vigilancia de cargos orgánicos del partido para prevenir comportamientos corruptos. Según Maillo, se trata de una especie de "alerta temprana". Incluido en la Ley de Partidos, este órgano será "autónomo", formado por entre tres y cinco personas que no pueden tener otras responsabilidades en el partido. Además, aunque tampoco se mueve el PP respecto a que no se actuará contra los imputados hasta que no haya apertura de juicio oral, sí se tendrán en cuenta los casos que causen alarma social o que se haya producido la detención en delito flagrante.
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