Francisco Granados, presunto cabecilla de la trama Púnica, permanecerá en prisión después de declarar este miércoles por espacio de tres horas ante el juez Eloy Velasco. El ex vicepresidente de la Comunidad de Madrid en el gobierno de Esperanza Aguirre pidió voluntariamente la declaración para esclarecer el supuesto patrimonio que mantiene oculto y que ha motivado que se le prorrogue la prisión preventiva dos años más. En su intervención ha negado tener dinero oculto y ha acusado a su socio David Marjaliza de mentir y decir cosas que están «muy lejos de la realidad».

En declaraciones a los medios a su llegada a la Audiencia Nacional, el letrado de Granados, Carlos García Ceca, ha explicado que el ex consejero puede hablar y clarificar todo tipo de cuestiones en relación a su persona pero que no va a señalar a nadie. «Tirar de la manta para salir no, porque es destapar a otro y en su manera de ser eso no figura», ha señalado el abogado que se ha limitado a decir: «Algo contará, no me cabe duda».

Esto será así porque fue el propio Granados quien por primera vez solicitó a Velasco declarar para esclarecer las sospechas sobre el «elevadísimo patrimonio» que, según la Audiencia Nacional, puede tener oculto el ex alcalde de Valdemoro (Madrid), razón por la que sigue en prisión. Ahora bien, el letrado ha dicho que si Granados tuviera dinero «no hubiera estado dos años sin abogado y pasándolo tan mal».

«Granados no debería esta en esta situación», ha añadido el abogado que ha subrayado que el ex consejero madrileño considera que «no existe prueba para mantenerle en prisión». La intención del ex consejero madrileño con esta comparecencia es «aclararlo todo porque no entiende que siga preventivo porque el juzgado tenga dudas de su dinero oculto» cuando después de tres años de investigación no se ha podido probar nada, según señaló a Efe su abogado.

Granados está considerado el número 1 de la trama de corrupción conocida como Púnica, que operó presuntamente en decenas de municipios de la Comunidad de Madrid. En prisión desde octubre del 2014, está acusado de blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, malversación, prevaricación y fraude.