La Fundación Francisco Franco ha enviado una carta a 355 alcaldes de municipios de toda España en la que les ofrece asesoramiento y asistencia legal para que no tengan que aplicar la Ley de Memoria Histórica que obliga a retirar los símbolos franquistas de las calles y edificios públicos. Los ayuntamientos a los que se ha dirigido la fundación han sido demandados por no acatar lo que dicta la ley que fue aprobada en 2007 durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

En la carta, a la que ha tenido acceso EFE, la Fundación Francisco Franco pone a disposición de estos alcaldes “un equipo de abogados con experiencia, riguroso, externo, independiente y a bajo coste para asesorarle, con la garantía de que triunfará el derecho sobre la barbarie, la historia sobre su borrado, la civilización sobre el odio iconoclasta”. El vicepresidente de la fundación, Jaime Alonso, quien firma el escrito, asegura que los ayuntamientos que se niegan a aplicar la “mal llamada” Ley de Memoria Histórica “hacen lo correcto en tanto en cuanto un tribunal, mediante sentencia firme, no le obligue a ello”.

La Fundación Francisco Franco incluye algunas razones por las cuales los alcaldes no deberían “ceder” ante quienes quieren “legitimar su pasado y deslegitimar todo lo demás: la Transición, la monarquía y la derecha que gobierna más o menos acobardada y sin referente ideológico”. A juicio de esta entidad, la Ley de Memoria Histórica tiene como propósito que “ganen la guerra los que perdieron hace 80 años, sin importar la verdad, la historia o el daño que pueda provocar en la democracia ese falseamiento de la Historia”.

La ley aprobada a finales de 2007, con la oposición de PP y ERC, obliga a retirar de los espacios públicos aquellos escudos, insignias, placas u otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura.