El terreno estaba abonado desde hacía días y la visita que ayer realizó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, a Euskadi, para asistir al relevo del delegado de Gobierno en el País Vasco, permitió recoger el primer fruto. El Gobierno de Mariano Rajoy no recurrirá ante el Tribunal Constitucional la Ley de Entidades Locales de Euskadi o Ley Municipal vasca, el principal logro legislativo del lehendakari la pasada legislatura, tal y como había anunciado el año pasado. Un cambio de posición que se convierte en el primer resultado de la comisión bilateral de cooperación integrada por ambas administraciones y que analiza la posibilidad de reconducir y evitar los recursos anunciados contra otras tantas leyes del País Vasco.

A falta de la rúbrica de sus respectivos responsables de área, la vicepresidenta y el consejero de Autogobierno y Gobernanza Pública vasco, Josu Erkoreka, la citada norma se salva del recurso tras haber alcanzado un consenso de interpretación sobre una docena de sus artículos que hasta ahora el Gobierno del PP ponía en cuestión por poder ser inconstitucionales.

Sin duda los más cuestionados hacían referencia a la posibilidad de que los 250 ayuntamientos vascos puedan convocar consultas populares vinculantes, bien a instancia de sus alcaldes y alcaldesas, bien de un porcentaje de ciudadanos, para someter a votación cuestiones de su competencia. La Ley Municipal del País Vasco contempla un apartado, con tres artículos en los que se regula este tipo de consultas, que permite sacar a la calle las urnas y someter a sufragio aspectos relacionados con el diseño, la elaboración, la ejecución y la evaluación de las políticas públicas de los municipios.

La norma que ahora se salva del cepillado del Tribunal Constitucional, gracias al acuerdo entre ambos gobiernos, prevé que bastará con la mayoría absoluta del Pleno municipal o de las firmas del 10% de los vecinos –para localidades de más de 5.000 habitantes- para convocar este tipo de consulta vinculantes. En el articulado también se señala que tendrán que contar con la autorización del Gobierno del Estado, que se concedería de cumplirse los requisitos en ella previstos.

La regulación de clubes de cannabis, aún sin acuerdo

El acuerdo supone un nuevo guiño y paso adelante en el entendimiento entre el Gobierno de España y el Gobierno vasco y que el lunes pudo visualizarse en el acto de toma de posesión de Javier De Andrés como nuevo delegado del Gobierno en Euskadi, en sustitución de Carlos Urquijo. Un acto en el que las llamadas al diálogo y a la búsqueda de soluciones hechas por Sáenz de Santamaría fueron contantes, así como los gestos del propio De Andrés, que prometió su cargo en castellano y euskera y con llamadas al entendimiento con la administración vasca.

Queda aún mucha huella, los hechos han sido tozudos y contundentes», afirma Erkoreka

Sin embargo, esta mañana el consejero y portavoz del Ejecutivo de Urkullu, Josu Erkoreka, tras valorar satisfactoriamente el acuerdo ha asegurado que aún queda muchos camino por recorrer para compensar la profunda “huella” de incumplimientos y recentralización llevado a cabo por el Gobierno de Rajoy la pasada legislatura: “los hechos han sido tozudos y contundentes por eso para tapar esa huella hacen falta hechos tan contundentes y claros como los que se jalearon durante los últimos cinco años”.

Erkoreka ha señalado que esta semana se tendría que cerrar un segundo acuerdo sobre la Ley de Adicciones y Drogadicciones que aprobó el Gobierno vasco el mandato anterior y que la Administración Central también contempla recurrir ante el TC. La decisión se fundamenta en la negativa a autorizar que el Gobierno vasco tenga capacidad para regular clubes de cannabis en el País Vasco. Erkoreka ha apuntado que el Gobierno se mantiene en su posición aunque confía en que antes del sábado, cuando concluye el plazo para formalizar el recurso ante el Constitucional se pueda lograr un acuerdo. Euskadi ha remitido un texto alternativo al que el Ejecutivo del PP dará respuesta. Junto a ella, en la comisión bilateral que trabaja esta cuestión también se negocia, aunque a más largo plazo, un acuerdo de interpretación que impida el recurso de la Ley de Iniciativa Legislativa Popular y la Ley sobre víctimas de represión ilícita o de abusos cometidos por las fuerzas policiales entre 1978 y 1999.

«Dudamos seriamente de la imparcialidad del TC»

Erkoreka ha asegurado que de no alcanzarse un consenso en torno a estas normas y su posible recurso ante el TC se daría un paso atrás en el acercamiento producido por los dos Gobiernos. Ha asegurado que e Tribunal Constitucional es un órgano “de cuya imparcialidad dudamos seriamente”. El portavoz del Gobierno vasco ha recordado que mientras por un lado se alcanzan acuerdos el Ejecutivo de Rajoy continúa presentando recursos contra decisiones como la convocatoria de la 26º Promoción de la Ertzaintza, “un paso en la dirección incorrecta”. En este punto ha instado a reforzar la vía bilateral como fórmula de relación después del acuerdo alcanzado en torno a la Ley Municipal, “la judicialización es una mala fórmula para resolver conflictos de naturaleza política”.

Erkoreka llama a evitar nuevos «pasos en la dirección incorrecta» como el recurso a la OPE de la Ertzaintza

Respecto al anuncio hecho por el Ministerio de Fomento de inversión de 170 millones en los puertos de Pasaia y Bilbao, Erkoreka se ha mostrado desconfiado asegurando que habrá que pasar “de las palabras a los hechos”. Ha recordado que además de una política de recentralización en Euskadi se han padecido “incumplimientos» en materias como las inversiones en infraestructuras y el Cupo.

El acuerdo se produce en un clima de recuperada sintonía entre los dos Gobiernos y que incluye el compromiso del Presidente Mariano Rajoy de cerrar una reunión con el lehendakari Urkullu. En la carta en la que respondía a la misiva que el lehendakari le remitió el pasado mes de diciembre para anunciarle que no acudiría a la Conferencia de Presidentes, el propio Rajoy se comprometía a poner fecha a una cita que no se producía desde septiembre de 2014.