El Gobierno vasco no presentará acusación contra sus ex altos cargos de la consejería de Sanidad en tiempos de Juan José Ibarretxe y para los que la Fiscalía solicita penas de hasta 11 años de cárcel y el pago de una indemnización por valor de 6,8 millones de euros por el perjuicio económico provocado a las arcas públicas por el presunto amaño de contratos sanitarios. El Ejecutivo de Iñigo Urkullu da un paso atrás al considerar que tras casi seis años de investigación no ha quedado acreditado que tres de sus altos cargos y una de sus socias hubieran incurrido en los cuatro delitos de los que están acusados. En cambio, pese a no formular acusación se reserva su derecho a reclamar la indemnización, en el caso de que sean condenados a ella, del importe económico que se fije en concepto de responsabilidad civil. De este modo, el Ejecutivo de Urkullu decide ponerse de perfil en el llamado ‘Caso Margüello’, abierto en 2009, en tiempos del Gobierno de Patxi López y en el que la Administración vasca se ha mantenido personada desde entonces a la espera de la conclusión del proceso de instrucción y la presentación de acusaciones. La vista oral aún no tiene fecha.

Así, el PNV deja a la Fiscalía como única acusación en un procedimiento en el que el Ministerio Fiscal considera acreditado que los cuatro acusados incurrieron en hasta tres delitos: malversación, fraude ilegal contra la Administración pública y un delito de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos. El anterior consejero del Gobierno Vasco, Rafael Bengoa, fue uno de los impulsores de este proceso al considerar que existían indicios suficientes de delito en la gestión de determinados contratos sanitarios. Fue él quien remitió el caso a la Fiscalía. El PSE, hoy socio de Gobierno del PNV, fue uno de los principales promotores de la investigación llevada a cabo en el Parlamento Vasco y que concluyó que existieron irregularidades y una trama para beneficiar a empresas vinculadas con uno de los acusados.

El actual consejero fue compañero de parte de los acusados

Se da la circunstancia de que el actual consejero de Salud, Jon Darpón, pertenecía al equipo de altos cargos sanitarios investigados. Darpón llegó a suscribir, junto con otros responsables de la sanidad vasca en la legislatura 2005-2009, un manifiesto en el que tildaba de “nauseabundas” las acusaciones reflejadas tanto en la investigación llevada a cabo por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas como por la comisión de investigación de la Cámara vasca y en las que se constataban, al igual que lo hace ahora la Fiscalía en su escrito de acusación, adjudicaciones irregulares. En los dos casos se concluye que los implicados habrían actuado de manera coordinada para beneficiar a determinadas empresas con contratos como los referidos a la gestión de las listas de espera.

El Gobierno vasco no acusa pero se reserva reclamar la indemnización de 6,8 millones que pide la Fiscalía

Este caso, en el que están implicados un ex viceconsejero de Sanidad, Rafael Cerdán, -para el que la Fiscalía pide 6 años y 6 meses-, un director de Sanidad en Vizcaya, José Ramón Elorriaga (11 años), el ex jefe de Calidad del Hospital de Cruces y empresario, José Carlos Margüello (11 años) y su socia, María Nieves Fernández (11 años), provocó un gran revuelo cuando salió a la luz semanas después de la llegada del PSE a la Lehendakaritza y fracturó las relaciones con el PNV. Durante todo el mandato de López, las acusaciones del conjunto de partidos en la comisión de investigación dejaron solo al PNV en la defensa de sus responsables sanitarios negando los hechos. Especialmente vehemente fue el PSE, hoy su socio de Gobierno, en la exigencia de responsabilidades.

Los hechos ocurrieron en tiempos de Ibarretxe y con el consejero de Sanidad, Gabriel Inclán, amigo personal de Margüello. El acusado que da nombre al caso es, José Carlos Margüello, un facultativo y empresario sobre cuyas empresas la Fiscalía hace recaer la acusación de haberse beneficiado de modo irregular de contratos por un montante total de 6,8 millones de euros. Para ello, siempre según su escrito de acusación, habría requerido de la participación del responsable sanitario en el territorio de Vizcaya, de un viceconsejero en la consejería de Sanidad y con la colaboración de su socia, que supuestamente habría actuado como testaferro para evitar que Margüello, entonces jefe de Calidad del Hospital de Cruces, incurriera en incompatibilidad por su condición de funcionario público. Según relata, los cuatro tendrían “un propósito común” y que nos sería otro que beneficiar con contratos a las empresas del facultativo.

Los acusados habrían amañado procesos para beneficiar a empresas de uno de los implicados. Obtuvieron contratos por 6,8 millones

En un duro escrito la Fiscalía relata cómo a raíz del anuncio de la consejería de Sanidad en 2006 de poner en marcha un plan para aliviar las listas de espera, Margüello y su socia habrían constituido una sociedad, Gestión de Servicios Sanitarios XXI, con el fin de actuar como intermediaria en la gestión de las listas de pacientes y su posterior derivación a centros privados. La citada mercantil no reunía las condiciones exigidas por ley para recibir la autorización sanitaria –imprescindible para optar a contratos públicos sanitarios-, tal y como lo trasladaron en varios informes los técnicos del departamento. Sin embargo, el 9 de junio de 2006 el director territorial firmó la autorización, que no incorporó al registro como establece el procedimiento. Elorriaga se la otorgó el mismo día que la solicitaron por segunda vez “obviando todos los informes técnicos y todo el procedimiento y controles legales”, asegura la Fiscalía, “a sabiendas de que ello no era posible y que se incumplían todos los requisitos”.

Procedimientos ‘excepcionales’ para evitar concurrencia

Posteriormente, se habrían beneficiado de adjudicaciones de contratos en los que no se respetaron los procedimientos de concurrencia y publicidad, beneficiándose de contratos por un importe de 1,98 millones de euros en el periodo 2006 a 2008. El primero de ellos lo obtuvieron, continúa detallando la Fiscalía, sólo dos semanas y media después de ser autorizados como empresa. Lo firmaba otro de los acusados, Rafael Cerdán, que ocupaba la viceconsejería de Sanidad. Se trataba de una adjudicación para la realización de “consultas, procesos quirúrgicos y pruebas complementarias necesarias a pacientes en listas de espera” y abarcaba el periodo julio 2006 a noviembre de 2007 y prorrogado después todo 2008 hasta sumar casi dos millones de euros. Para evitar la concurrencia de otras empresas se llegó a recurrir a procedimientos excepcionales, como el de emergencia, reservado a situaciones de catástrofe.

Recurrieron a la adjudicación por la vía de emergencia para evitar competir con más ofertas

Además de a Gestión de Servicios Sanitarios XXI, la Fiscalía ve irregularidad en la adjudicación de otros contratos a la UTE integrada por esta sociedad junto con otra empresa del facultativo, Rehabilidom y la Clínica Indautxu de Bilbao. De nuevo, el ex director de Sanidad de Vizcaya, Elorriaga habría beneficiado a Margüello para adjudicarle a dedo un servicio para la prestación de servicios sanitarios de consultas de especialidades, pruebas diagnósticas, rehabilitación y cirugía”. Lo hizo anulando “sin justificación alguna” un concurso público ya iniciado e iniciar después por el “procedimiento negociado sin publicidad” y con una única oferta de la UTE. El presupuesto máximo del contrato era de 212.800 euros pero Elorriaga y Fernández elevaron el montante anual a 750.000 euros en 2007. Posteriormente volvieron a incrementar el concierto sanitario a 3,8 millones en 2008. En total, el Gobierno vasco abonó a esta Unión Temporal de empresas 4,8 millones.