La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha calificado este lunes como “muy remota” la posibilidad de reclamar los 4,25 millones de euros que tuvo que adelantar el Estado a los familiares de las víctimas del Yak-42 tras descubrirse que el transportista alemán al que contrató la agencia de la OTAN para el traslado de los militares españoles no había suscrito el seguro de responsabilidad al que estaba obligado.

Así lo ha reconocido De Cospedal al responder a las preguntas de los diputados en la comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, en la que ha comparecido para explicar el dictamen del Consejo de Estado, que reconoce la responsabilidad patrimonial del Estado y en la que ha pedido “perdón” a las víctimas de la tragedia en nombre del Estado y del Gobierno.

En su reunión del 29 de agosto de 2003, tres meses después del siniestro que costó la vida a 62 militares españoles que regresaban tras participar en una misión internacional en Afganistán, el Consejo de Ministros autorizó a Defensa a anticipar las cantidades que en concepto de indemnizaciones correspondían a las familias de los fallecidos hasta el límite de 4.650.000 dólares (4.255.000 euros al cambio de aquella fecha), a razón de 75.00 dólares (68.637 euros) por víctima.

El avión sólo contaba con un seguro de responsabilidad civil frente a terceros de hasta 20.000 dólares por pasajero

Ello se producía tras constatarse que los militares viajaban sin seguro, a pesar de que era una obligación que se recogía en el acuerdo de ventas formalizado en febrero de 2002 entre el Ministerio de Defensa y la Agencia de Mantenimiento Abastecimiento de la OTAN (NAMSA, en sus siglas en inglés) por el que este organismo se comprometía a contratar el servicio de transporte aéreo para las Fuerzas Armadas españolas desplegadas en Afganistán a cambio de 149.000 euros. Esa estipulación de aseguramiento por importe de 75.000 dólares estadounidense por persona se trasladó posteriormente al contrato que la NAMSA firmó con el transportista alemán Chapman Freeborn Airmarketing GmbH, al que le adjudicó el contrato y que posteriormente buscó a la aerolínea (Ukranian Mediterranean Airlines) que operó el fatídico vuelo a través de una cadena de subcontrataciones en la que se fue depreciando el coste del servicio.

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Elaboración propia Luis Sevillano

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Elaboración propia Luis Sevillano

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Como detalla el Consejo de Estado en su dictamen, el avión siniestrado tan solo contaba con un seguro de responsabilidad civil frente a terceros de hasta 20.000 dólares por pasajero y un límite de 75.000 dólares por siniestro, según certificó la aseguradora ucraniana Busin Joint Stock Insurance Company.

En su comparecencia, María Dolores de Cospedal ha recordado que la agencia de la OTAN instó un laudo ante un tribunal arbitral con sede en París con el que pretendía que Chapman fuera condenada a pagar los 4,65 millones de dólares que había adelantado el Estado español, pero no fue admitido a finales de enero de 2008 por “falta de legitimación”: el perjuicio por el que la NAMSA pedía reparación no era propio sino de los pasajeros que viajaban a bordo del Yak-42.

Tras ese pronunciamiento, ha detallado la ministra, la asesoría jurídica planteó tres posibles escenarios. De un lado, que el Ministerio de Defensa se personara en el procedimiento de responsabilidad civil que se dilucidaba en el Juzgado de Primera Instancia 2 de Zaragoza, posibilidad que se descartó por no considerarse operativa. Dos: que la NAMSA hubiera recurrido ante los tribunales por el perjuicio que había sufrido por el incumplimiento de contrato de Chapman, si bien en ese caso no podía repercutir el dinero adelantado por el Estado. Y tres: reclamar a nivel político ante la OTAN para que resarciera a España.

“No existe ninguna constancia en el Ministerio de que se haya hecho nada. Así de claro. No se ha iniciado ni se inició ninguna actuación para reclamar el dinero que había pagado el Estado español. En estos momentos, yo no lo he estudiado con más detenimiento, pero la prescripción opera. La posibilidad de reclamar lo que pagó en su día el Estado español parece muy remota”, ha reconocido De Cospedal.

14.900 euros por tasas de aterrizaje y handling, 38.700 euros en combustible y 95.000 en remuneración de la tripulación y mantenimiento del seguro

De otro lado, la ministra de Defensa ha asegurado que el Estado no llegó nunca a pagar los 149.000 euros en que pactó con la agencia de la OTAN el traslado de los 62 militares que regresaban de Afganistán en el Yak-42 puesto que el servicio no se completó al estrellarse la aeronave en Trebisonda (Turquía). De Cospedal ha asegurado que, después de llevar a cabo una “consulta concienzuda”, ni en el Centro de Gestión de Pagos en el Extranjero ni en la NAMSA “hay constancia alguna” de que se hubieran pagado los 149.000 euros en que se pactó el servicio.

De Cospedal ha tratado de arrojar luz en su comparecencia acerca de la depreciación que sufrió el coste del servicio por la cadena de subcontrataciones que se produjo. Según ha detallado, los 149.000 euros tenían el siguiente desglose: 14.900 euros por tasas de aterrizaje y handling, 38.700 euros en combustible y 95.000 en remuneración de la tripulación y mantenimiento del seguro.

Con posterioridad, Namsa adjudicó la contratación al broker Chapman Freeborn por 95.360 euros; Chapman a Volga Dnpr Airlines Ltd por 71.317 euros; Volga a Adriyatik Ltd (Defensa desconoce el importe); Adriyatik a JTR Company SAL por 45.000 euros y JTR Company a Ukranian Mediterranean Airlines –la que operó finalmente el vuelo– por 38.442 dólares estadounidenses.

“A lo largo de esta cadena de subcontrataciones tuvo lugar una progresiva reducción del precio, pasándose de un precio inicial de 149.000 euros al de 38.442 dólares estadounidenses. Es razonable pensar que esa progresiva disminución del precio afectó también a las condiciones exigidas al Contratista”, concluye el Consejo de Estado en su dictamen.

Respecto a las condiciones del vuelo, la titular de Defensa ha defendido que la aeronave contaba con las certificaciones necesarias para volar y que este mismo requisito también lo cumplía la tripulación. María Dolores de Cospedal ha insistido en que el Ministerio tenía el “derecho” de inspección, pero no tenía la “obligación” tras el acuerdo de ventas firmado con la agencia de la OTAN.