La presunta adjudicación irregular de la mina de Aznalcóllar persigue a Susana Díaz desde febrero de 2015, cuando la Dirección General de Minas de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía propuso como adjudicataria de la explotación al consorcio de empresas Minorbis-Grupo México.

Y no es menor la importancia de la fecha, apenas un mes antes de las elecciones autonómicas andaluzas, a las que la actual presidenta de la Junta se presentó con la reapertura de Aznalcóllar como baza central de la campaña. Por eso Díaz calificó la apertura del caso, justo entonces, como una estrategia para "generar ruido" antes de la votación. La mina había permanecido cerrada desde el 25 de abril de 1998, cuando la rotura de la presa de una balsa de decantación provocó el vertido de residuos tóxicos y la contaminación del Parque Nacional y Natural de Doñana.

El juzgado de Instrucción 3 de Sevilla abrió el caso en mayo de 2015 y lo cerró, tras cambiar de criterio, seis meses después

La adjudicación estuvo envuelta en polémica desde el primer momento, hasta el punto de que tardó menos de tres meses en llegar a los tribunales. El 7 de mayo de 2015, la juez de Instrucción del juzgado número 3 de Sevilla, Patricia Fernández, puso de manifiesto que el consorcio entre Minorbis y Grupo México no cumplía los requisitos establecidos en el proceso y que la adjudicación se efectuó "sin observar el más mínimo rigor".

Más allá, la magistrada entendió en ese primer auto, redactado tras las pesquisas iniciales efectuadas por la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía Nacional, que la adjudicataria no debía siquiera haber superado la primera fase del concurso por las "evidentes" carencias técnicas de la oferta presentada, pese a que el equipo responsable de la adjudicación las puntuase con la máxima nota posible.

Cese y regreso

La investigación llevó hasta la imputación de la directora general de Industria, Energía y Minas, María José Asensio Coto, como responsable de las presuntas irregularidades. Posteriormente, Asensio fue apartada de la dirección general a petición de Ciudadanos, que incluyó esa condición entre las indispensables para propiciar la investidura de Susana Díaz. Sin embargo, ya entonces la Junta efectuó una llamativa reserva de plaza en el caso de que la imputación se levantase posteriormente, como finalmente sucedió el 9 de noviembre de aquel año, cuando la juez Fernández archivó la causa, descartando el delito de prevaricación pero concediendo la posibilidad de que las irregularidades administrativas observadas durante el proceso pudieran llevar incluso a su nulidad.

La directora general que fue cesada por la imputación se reincorporó y fue ascendida a Viceconsejera

Asensio no sólo fue reincorporada, sino que tras aludir a la "paliza mediática" sufrida durante los meses en los que permaneció apartada, fue ascendida primero a Secretaria General de Innovación, Industria y Energía y después a Viceconsejera del área de Empleo, Empresa y Comercio, en cuya sede se ha personado este lunes la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para recabar documentos clave para la investigación de la adjudicación.

La UCO se hace cargo del caso desde su reapertura en octubre de 2016, ordenada al juzgado de Instrucción de Patricia Fernández por parte de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, que dejó sin efecto el archivo y estimó el recurso de Emerita Resources, la empresa que compitió con Minorbis-Grupo México por la adjudicación y que ha impulsado la denuncia del caso desde su origen.

Ilegalidades severas y arbitrarias

En el auto de reapertura, en cuya redacción participó la magistrada Mercedes Alaya, la Audiencia aprecia "ilegalidades severas y arbitrarias" por parte de la Junta en el proceso de adjudicación, y vuelve a abrir la puerta al posible delito de prevaricación. "El elevado número de omisiones e incumplimientos relevantes del procedimiento por parte de la Administración Autonómica, indiciariamente arbitrarios, nos obliga a concluir por tanto que en el actual estado de la causa no se puede descartar en absoluto que los hechos pudieran ser constitutivos entre otros de un delito de prevaricación", detalla el escrito.

Pero las pesquisas judiciales en torno al caso Aznalcóllar no atañen sólo a la adjudicación del contrato, que la Audiencia entiende que se realizó en contra del "sentido común", sino también a su ejecución posterior, que quedó finalmente en manos de la compañía Minera Los Frailes, recién adquirida por Grupo México en el momento de la adjudicación, pero que no participó por sí misma en el concurso y por tanto obtuvo, según el auto, un beneficio "injusto" fruto de un "torcimiento del Derecho" derivado de las actuaciones "indiciariamente injustificables" por parte de la Administración.