La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha requerido a la Junta de Andalucía la entrega de todos los correos electrónicos enviados por el personal -funcionarios y altos cargos- que participó en la licitación de la mina de Aznalcóllar, adjudicada en febrero de 2015 al consorcio Minorbis-Grupo México e investigada por un juzgado de Sevilla por posible amaño.

Como adelantó ayer Elindependiente.com, los investigadores policiales se personaron este lunes a primera hora de la mañana en las dependencias de la Dirección General de Industria, Energía y Minas -dependiente de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio- con el mandamiento expedido por el Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla para que le hicieran entrega de esta documentación. Fuentes de la investigación indicaron que la Junta ha encomendado a dos funcionarios la recopilación de todos los correos y que esta tarea durará «tres o cuatro días».

La juez Patricia Fernández Franco ha impulsado la práctica de nuevas diligencias de investigación después de que la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, en un auto fechado el 19 de octubre y del que fue ponente la magistrada Mercedes Alaya, estimara los recursos interpuestos por Emerita Resources España -la otra empresa que pujaba por la explotación del yacimiento minero sevillano- y por el colectivo de funcionarios Manos Limpias contra el auto de archivo y ordenara que continuara la instrucción.

El juzgado ha decretado el secreto parcial del caso, por lo que las partes ignoraban esta diligencia

Fuentes consultadas por este diario dijeron que el juzgado ha decretado el secreto parcial de las actuaciones, lo que explica la reserva con que la instructora ha llevado la autorización a la UCO para que acudiera a la Dirección General de Minas a retirar documentación a fin de acreditar la legalidad del procedimiento de concesión. Ello justifica que las partes personadas en el procedimiento desconocieran este requerimiento de documentación.

En el auto por el que revocaba el archivo decretado el 6 de noviembre de 2015 por la juez Patricia Fernández, la Audiencia de Sevilla advertía «indicios de ilegalidades severas y arbitrarias de dicho procedimiento administrativo», por lo que ordenaba a la juez que llevara a cabo «la práctica de todas aquellas diligencias de investigación» necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

De esta forma, el pasado 31 de octubre, la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla acordó relevar a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y encomendar la investigación a la UCO y pedía a las partes que se pronunciaran sobre la citación como investigados de seis integrantes de la comisión técnica y de la mesa de contratación que no habían sido llamados al procedimiento antes de que se decretase su archivo.

La instructora busca aclarar la responsabilidad del personal que intervino en esta licitación

Con los correos electrónicos requeridos a la Junta, los investigadores tratan de acreditar documentalmente la eventual responsabilidad de los funcionarios y altos cargos que participaron en la tramitación del concurso de adjudicación de los derechos mineros sobre Aznalcóllar, cuya reapertura se convirtió en un proyecto ‘clave’ para el Gobierno de Susana Díaz: la mina llevaba sin actividad desde la rotura de la balsa en abril de 1998 y su entrada en servicio era una inyección para una comarca con un elevado índice de paro. La resolución del concurso tuvo lugar en febrero de 2015, cuando Díaz ocupaba ya la Presidencia de la Junta de Andalucía tras haber relevado a José Antonio Griñán y en plena precampaña de las últimas elecciones autonómicas.

Esta línea de investigación por parte de la UCO se enmarca en la indicación general formulada por la Audiencia de Sevilla en el auto de reapertura pero no había trascendido hasta ahora. En un auto fechado el pasado 4 de diciembre, la juez Patricia Fernández Franco ordenaba a la Guardia Civil la elaboración de un «informe completo» sobre el papel desempeñado realmente por Minorbis -filial del grupo andaluz Magtel- a fin de determinar si fue un «mero intermediario» para conseguir que el concurso se le adjudicara a una tercera entidad -Minera Los Frailes- «controlada absolutamente» por Grupo México.

La Guardia Civil investiga un pago de 1,2 millones de euros entre los socios de la oferta ganadora

En concreto, la instructora quiere conocer si Minorbis «disponía o no de medios personales, económicos y materiales para asumir el pago de unos honorarios de 1.200.000 euros» por parte de AMC Mining Iberia SL (Grupo México) o si, por el contrario, fue un peaje por conseguir que el concurso se decantara a favor de esta oferta en detrimento de la de Emerita Resources España SLU. En las próximas semanas deberá entregar un atestado al juzgado con las conclusiones que arroje el análisis de la documentación que retira estos días de la Consejería de Empleo, prueba que será determinante para que la juez decida si llama en calidad de investigados a los responsables de Minorbis: Mario e Isidro López Magdaleno.

En la citada resolución, la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla también acordaba recabar el auxilio judicial de la Intervención General del Estado (IGAE) -peritos también en el caso ERE– para que realice un «dictamen completo sobre la validez de la normativa que reguló el concurso para la adjudicación de las actividades extractivas de explotación de los recursos existente en la reserva minera de Aznalcóllar».

Personal ascendido

Entretanto, Emerita Resources España ha solicitado al juzgado que requiera a la Junta de Andalucía para que informe acerca de los puestos que ocupan actualmente 14 funcionarios o altos cargos que participaron en el procedimiento de licitación y que han sido ascendidos por el Ejecutivo de Susana Díaz. Entre otros casos cita los de María José Asensio, ex directora general de Industria, Energía y Minas y hoy número dos de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, y el de Vicente Fernández Guerrero, hoy interventor general de la Junta.