La relación de Cataluña con el resto de España se ha convertido en el segundo problema de los catalanes, solo por detrás del paro, según la encuesta de Percepción de las políticas públicas y valoración del Govern 2016, elaborada por el CEO –el CIS catalán-, que hoy se ha hecho pública. Tras cinco años de “procés” y un año después de que Carles Puigdemont accediera a la presidencia de la Generalitat convencido de que las elecciones del 27 de septiembre de 2015 avalan el proyecto independentista, la preocupación por la relación con el resto de España supera para muchos catalanes cuestiones como la situación económica, la insatisfacción política o la mejora de las políticas sociales.

En respuesta múltiple no inducida –“cite los tres principales problemas de Cataluña”- la relación Cataluña-España aparece en el 25% de las respuestas. Sin embargo, a la hora de señalar las cuestiones que les afectan directamente, los encuestados destacan la sanidad pública y la seguridad ciudadana.

El 20% se siente más catalán que español y el 19% sólo catalán

En cuanto al sentimiento de pertenencia, siguen siendo mayoría quienes se sienten tan catalán como español (38%), frente a un 20% que se siente más catalán que español y un 19% que se siente solo catalán. El 6,3% se declara más español que catalán y el 5% solo español.

El gobierno Puigdemont aprueba

Por otro lado, el sondeo da un aprobado del 5,5 al gobierno de Carles Puigdemont, gracias sobre todo a la nota de 6,5 que le otorgan los votantes de JxS, mientras los votantes del resto de los partidos suspenden al ejecutivo, aunque con notas superiores al 4. Paradójicamente, los mismos encuestados se muestran mayoritariamente convencidos de que el gobierno catalán “no sabe cómo resolver los problemas de los catalanes”, frente a un 39% que cree que sabe cómo hacerlo pero necesita tiempo y solo un 8% convencido de que ya está resolviendo los problemas.

Por materias, el Gobierno catalán aprueba en su gestión del autogobierno y la economía, en sanidad, educación y Seguridad ciudadana y suspende en la lucha contra el paro, administración de justicia, vivienda y lucha contra la desigualdad social.